A pesar de la campaña orquestada por los EE UU y algunos partidos de la oposición que intentan deslegitimar este proceso electoral, este domingo se celebran las elecciones en Nicaragua, Daniel Ortega viene de haber ganado las elecciones de 2017 por el 70% de los votos. Un total de 3,7 millones de nicaragüenses fueron entonces a las urnas. Pero a los pocos meses la oposición -financiada por los EE UU a través de distintas ONG- comenzó una campaña de agitación en las calles con decenas de actos de vandalismo y terrorismo. El saldo fue de varios muertos y heridos. El mismo procedimiento utilizado en Venezuela. En su mayoría de los casos las victimas era del bando sandinista.

El gobierno tendió la mano para un acuerdo político pacifico con la oposición, hasta que se acercaban estas elecciones y nuevamente se desató todo tipo de injerencias para intervenir en los asuntos internos de este país. Durante este mandato de Ortega, la legislación electoral nicaragüense se adaptó a las sugerencias de la OEA del 2016. Este tipo de leyes rigen en varios países de Latinoamérica, Europa y especialmente en Estados Unidos (artículos 2381 a 2390 del Código Jurídico), por lo cual los delitos que se plantean son procesados a nivel federal. 

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Desde hacia tiempo la justicia nicaragüense venía investigando un conjunto de delitos cometidos por sectores de la oposición. Hace unos meses se efectuó la detención de un grupo de ciudadanos por delitos vinculados al lavado de activos a través de fundaciones y que fueron rastreados hasta cuentas bancarias vinculadas a los mismos y a una serie de medios de comunicación (canales de televisión, radio y plataformas digitales). Tal es el caso de Cristian Chamorro y Juan Sebastián Chamorro, quienes fueran procesados por lavado de dinero proveniente del financiamiento de organismos extranjeros a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y Democracia (FVBCH). 

Los ciudadanos Félix Maradiaga y Arturo Cruz fueron detenidos por aplicación de la Ley 1055, acusados de promover, fomentar e instigar a la aplicación de sanciones de gobiernos extranjeros al pueblo de Nicaragua. 

La oposición intenta vincular las detenciones con la ley electoral y las elecciones generales de este domingo. El discurso que quiere imponer la oligarquía nicaragüense es: en Nicaragua no hay libertad política y se están inhibiendo candidatos presidenciales, en alusión a los cuatro ciudadanos detenidos por la investigación de los delitos mencionados. 

Este domingo se verán la cara electoralmente el partido del gobierno y las listas de una parte de la oposición democrática. Ya sabemos lo que dirá el imperio y sus socios europeos. También escucharemos los gritos de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL). La realidad es que la candidatura del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que preside Daniel Ortega según las encuestas volverá a tener un contundente triunfo electoral.