Miles de personas que en la primera década del siglo eran niños y hoy son hombres destruidos, si no están muertos, fueron entregados por dos jueces de causas comunes del Estado norteamericano de Pensilvania a cárceles privadas que, engrosando el número de reclusos a su “cuidado”, agigantaron los subsidios recibidos del Estado. Según una investigación judicial que acaba de concluir, el caso conocido como “Kids for Cash” (niños por dinero) les reportó a los jueces unos sobornos de por “al menos 2,8 millones de dólares” y a los dueños de las prisiones una “cifra exorbitante por pagos del Estado en hotelería, catering, servicios de salud mental y otros ocho ítems”. Trazos, apenas, de una democracia decadente.
Se ignora aún si algún día rendirá cuentas ante la Justicia el gobernador fascista de Tennessee, Bill Lee, responsable de la Junta Escolar que prohibió la lectura en las escuelas de más de 250 obras literarias, entre ellas Maus, una novela gráfica Premio Pulitzer sobre los horrores del Holocausto.
Christopher Conner, el magistrado federal que investigó a Mark Ciavarella y Michael Conahan, los jueces corruptos de Pensilvania, se refirió a los niños del Kids for Cash como “las víctimas trágicas de un escándalo de proporciones épicas”. Más allá de su grandilocuencia, condenó a los promotores de la Tolerancia Cero, porque con ella se garantizó que una legión de niños se convirtiera como por arte de magia en temibles delincuentes que llenaron las celdas de las “casas de cuidado infantil” PA Child Care y Western PA Child Care.
Para facilitar las cosas, los jueces lograron primero cerrar un centro municipal infanto-juvenil, con lo que no quedaba otra opción de que los niños, desde los ocho años, fueran recluidos en las mismas condiciones que los adultos.
Los jueces mandaron a la cárcel a niños por “delitos” tales como hacerle morisquetas a un celador del colegio o entrar a una oficina sin pedir permiso. Todo pasaba porque en esos juicios express los chicos no podían ni ver a un familiar, si lo tenían, o ser asistidos por un abogado. Conner fue fulminante en los considerandos de su fallo: “Olvidaron su juramento –señaló–, sus acciones crueles y despreciables victimizaron a una población vulnerable, en la que muchos de sus integrantes sufrían problemas emocionales y de salud mental”.
La Suprema Corte entendió, y las anuló, que había no menos de 4500 causas inválidas. Los jueces corruptos fueron condenados a 7 o 28 años de prisión. Un fallo para la tribuna, dijeron los defensores de los Derechos Humanos.
Se espera aún que el gobernador de Texas, Greg Abbott, haga el mea culpa por la matanza de 19 alumnos y dos maestros de una escuela de Evalde, para la que el asesino compró con franquicia estadual un fusil automático AR-15 fabricado por la Colt’s bajo el lema “Colt sigue haciendo historia”.
Los réditos de las conexiones políticas de los carceleros son evidentes. Así como en Pensilvania se llenaron las prisiones con niños, a nivel nacional la cosa no es diferente. Entre los años 2000 y 2020 –últimos datos divulgados– la población carcelaria privada creció cinco veces más rápido que la población carcelaria general. Entre los migrantes, la situación es aún peor. El 73% de quienes pretendieron cruzar la frontera sin papeles en regla fue devuelto a sus países de origen o puesto en manos de los agentes privados del sistema, conocidos por recortar los servicios básicos para maximizar sus ganancias.
En materia de números eso no es todo. En Estados Unidos hay 2,8 millones de niños abandonados cuyos padres están encerrados en la vasta red de prisiones. En los últimos 40 años el número de presos se cuadruplicó. Hoy es la mayor población penal global. El peso de este crecimiento recae en los pobres y las minorías, sobre todo los negros, que son recluidos a una tasa seis veces mayor que la de los blancos. Desde fines del siglo pasado creció exponencialmente la población carcelaria femenina. A fines de 2021 el 81% de las encarceladas eran madres, casi el 67% de ellas negras o latinoamericanas. Sumando las minorías, las mujeres no blancas se acercan al 70%. Y un dato final: el 33% de las mujeres presas del mundo vive en la meca universal de la democracia donde, sin embargo, sólo está el 4% de la población femenina global.
El gobernador Michael DeWine y los 8 policías blancos de Ohio que el 27/6 asesinaron al negro Jayland Walker porque “creyeron” que era peligroso, siguen negándose a testimoniar ante un juez que sólo quiere saber por qué lo acribillaron cuando ya estaba esposado y le metieron 60 balas en el cuerpo.
“Más allá de la perversidad de ambos jueces y de la inoperancia de un aparato judicial que les permitió destruir la vida de miles de niños, Kids for Cash muestra que, contra la proclamada excepcionalidad estadounidense y la propaganda made in USA para presentarse al mundo como un ejemplo, allí está instalada una corrupción tan dañina como en otros países”, señaló el diario La Jornada (26/8/2022), uno de los escasos medios del exterior que se ocupó del tema. El diario mexicano advirtió que este caso es un mensaje de alerta sobre los verdaderos horrores a los que conduce el populismo penal (el uso de la inseguridad, real o percibida, para confundir al electorado), tan común en Argentina, y las políticas que lo acompañan, como la Tolerancia Cero.
El establishment buscó apagar el incendio reduciendo el tema al rol repugnante de los jueces, pero el Kids for Cash mostró además la corrupción que lleva el uso naturalizado de los sobornos en los altos estratos. Antes del caso, los más fieles defensores de la democracia habían denunciado a GEO Group y Corecivic –las mayores inversoras del negocio carcelario y, casualmente o no, las beneficiarias de la corrupción pensilvana–, como dos de los mayores donantes a las campañas electorales. Entre los receptores de sumas multimillonarias nombraron a dirigentes de ultraderecha. Entre ellos, y en primer lugar, a Donald Trump y, luego, los legisladores Marco Rubio, Ileana Ros-Lethinen y Bob Menéndez, republicanos y demócratas, los tres hijos de la comunidad cubana de Miami.
Se ignora aún qué cargos pesan, cuándo será juzgado (si es que lo será) y qué pena puede caberle a Donald Trump por los destrozos provocados por sus huestes, el 6 de enero de 2020, cuando les ordenó marchar contra el Capitolio y, sobre todo, contra la democracia más mentada del mundo.«
