Después de una semana cargada de turbulencias en la que tuvo que dar de baja a su jefa de Gabinete y al embajador en Venezuela, enredados en un escándalo de escuchas ilegales y chantaje, Gustavo Petro echó mano al viejo axioma de que “no hay mejor defensa que un buen ataque”. Y sacó a relucir la principal arma con la que parece enfrentar la resistencia del establishment a sus propuestas de cambio: la presión de la movilización popular. Arropado de un gentío que marchó en su apoyo, el presidente colombiano anunció incluso nuevas reformas, denunció el intento de “un golpe blando” y advirtió: “Que no se atrevan a romper la democracia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia en las calles”.

Esta vez Petro no habló desde el balcón presidencial sino que decidió acompañar a pie, por la icónica Carrera 7ª de Bogotá, la jornada de este miércoles convocada por las centrales sindicales que se replicó en varias ciudades. Una vez en la Plaza de Bolívar, y siempre flanqueado por la vicepresidenta Francia Márquez, Petro arrancó su efusivo discurso interpelando a las y los congresistas: “Hemos presentado las reformas que el pueblo demandó y le solicitamos con todo el respeto, desde nuestras ganas de Justicia, que aprueben las reformas que garantizan los derechos al pueblo colombiano”.

Las reformas en cuestión son la laboral, la previsional y la de salud, que se tramitan en el Parlamento y que la oposición y algunos (ahora ex) aliados vienen boicoteando. Reformas que quedaron en la cuerda floja y que podrían ser archivadas si no superan el primer debate antes del 20 de junio, día que cierra el actual período legislativo.

La reforma a la salud busca desandar la mercantilización de los servicios sanitarios y, según Petro, “crear un fuerte sistema de atención primaria y preventiva ampliado a todo el país”; la de pensiones procura universalizar la cobertura (hoy solo la obtienen uno de cada cuatro habitantes); y la laboral establece, entre otras cosas, una jornada de ocho horas, el pago de horas nocturnas y la equiparación salarial entre hombres y mujeres.

El mismo miércoles, Petro redobló la apuesta y anunció otras dos reformas para el próximo semestre: una para regular los servicios públicos “en defensa del usuario y la usuaria” y otra sobre la ley educación superior “para que la juventud pueda acceder al derecho de educarse”. También anunció su viaje a Cuba, donde finalmente el viernes firmó el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN, en un hito trascendental para su proyecto de “Paz Total”.

Fuego amigo y enemigo

El tensiómetro político tuvo un pico esta semana con la derecha político-empresarial-mediática pasando a la ofensiva tras el escándalo que envolvió a Laura Sarabia y Armando Benedetti. La ahora eyectada de la jefatura de Gabinete está señalada de escuchas ilegales contra su exniñera —en un país donde las “chuzadas” tienen una fuerte carga simbólica por su aplicación sistemática durante el gobierno de Uribe— y Benedetti, su mentor político y ahora exembajador en Venezuela, quedó en el ojo del huracán tras filtrarse unos audios donde habría amenazado a Sarabia con revelar presuntos financiamientos ilícitos durante la campaña.

A pesar de la destitución inmediata de ambos, la maquinaria mediática se hizo un festín magnificando el hecho y personeros del uribismo hasta llegaron a pedir la renuncia de Petro, quien aclaró: “En ninguna entrevista o audios se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”.

El gobierno apunta por el intento desestabilizador a sectores del Poder Judicial, como la Fiscalía General a la que acusa de una persecución jurídica contra legisladores oficialistas, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que el miércoles allanó las oficinas de la Presidencia sin encontrar ninguna irregularidad. “Están sobándose las manos a ver en qué momento aparece la noticia con la cual podrían destruir al gobierno popular. Aquí les digo: este gobierno no interviene teléfonos a nadie. Y con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró ni un peso sucio”, se defendió Petro. Y señaló el rol activo de algunos medios, como la (uribista) revista Semana, de donde salieron las filtraciones: “Semana ordena y el CTI obedece”.

“No nos dejen solos”

Desde la pequeña tarima en la Plaza de Bolívar, el presidente alertó de una eventual conspiración para derrocarlo por la fuerza, como ya sucedió en este siglo con Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Dilma Rousseff, Evo Morales y Pedro Castillo. Y comparó la situación con lo sucedido con el mandatario peruano: “Una vez que tumben las reformas piensan hacer exactamente lo que se hizo en Perú: llevar al presidente a la cárcel y cambiarlo por uno no elegido por el pueblo. Eso se llama un golpe blando. Es un golpe de Estado contra la voluntad popular”. Y advirtió que “Pedro Castillo estaba solo, pero Petro no está solo: si se atreven a romper la democracia, el pueblo saldrá de cada rincón, en cada calle, en cada municipio, debajo de cada piedra, a defender con sus manos el mandato popular”.

Para hacer frente a esta contraofensiva conservadora, Petro convocó a que se conformen asambleas populares en todo el país, invitando a defender el proceso de cambio con la participación protagónica del pueblo: “No nos dejen solos, acompañen, luchen. Este gobierno está al servicio de ustedes, hasta la muerte, llegaremos hasta donde ustedes quieran”.  «

Alerta internacional

La preocupación por el escenario que empiezan a montar los sectores que se oponen al primer gobierno progresista en la historia colombiana trascendió fronteras y llevó a que más de 400 líderes y personalidades de todo el mundo firmaran una declaración titulada “Un golpe blando está en marcha en Colombia”. El texto, firmado entre otros por Adolfo Pérez Esquivel, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Baltasar Garzón, Noam Chomsky y Jean Luc Mélenchon, advierte que “los poderes tradicionales de Colombia están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional”.

Mencionan la ofensiva judicial desde la Procuraduría y la Fiscalía General y las amenazas golpistas de generales y coroneles en retiro. “El objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían «paz total» al país”, asegura la solicitada difundida a través de la plataforma Internacional Progresista.