El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este martes a más de 200 alcaldes de localidades golpeadas por serios disturbios desatados hace una semana por el asesinato de un adolescente de origen árabe que fue baleado por un Policía, en medio de señales de remisión de la violencia.

«¿El regreso a la calma será duradero? Seré prudente, pero el pico que hemos visto en los últimos días ya ha pasado», dijo Macron al inicio de la reunión con los intendentes, a quienes expresó su «apoyo» y «reconocimiento» por su «acción».

El encuentro llegó en momentos en que los niveles generales de violencia parecen estar disminuyendo de manera sostenida.

Anoche, las fuerzas de seguridad detuvieron a 72 personas, hubo 24 edificios dañados y 159 autos incendiados, pero ningún agente herido, informó hoy el Ministerio del Interior.

En contraste la noche previa hubo 157 detenidos y tres policías heridos, y la anterior, 719 arrestos y 45 policías heridos.

Los disturbios estallaron en la noche del martes pasado tras la muerte de Nahel, un joven francés de 17 años de ascendencia argelina y marroquí a quien un policía disparó a quemarropa durante un control de tránsito en Nanterre, cerca de París. Un video captó el momento del homicidio.

Desde entonces, durante siete noches seguidas se incendiaron comisarías, escuelas y alcaldías, se saquearon comercios y se lanzaron cohetes a las fuerzas de seguridad.

La crisis relanzó un recurrente debate en Francia sobre la falta de oportunidades y la estigmatización que sufren millones de franceses descendientes de inmigrantes procedentes de ex colonias francesas, que habitan zonas pobres, y sobre la violencia y el racismo policial.

La conmoción por la ola de violencia creció luego de que un auto en llamas fuera lanzado el fin de semana contra el domicilio del alcalde de Hay-les-Roses, una localidad de la periferia sur de París.

Además, frente a las protestas por la muerte de Nahel, grupos fascistas comenzaron a patrullar las calles de Francia con bates de béisbol y al grito de «Francia para los franceses».

Asimismo, agrupaciones de derecha crearon colectas para ayudar económicamente y brindar su apoyo a la familia del policía de 38 años que asesinó al joven y que se encuentra detenido desde el martes pasado bajo el cargo de homicidio involuntario.

Las autoridades francesas han identificado al joven muerto solo como Nahel M., porque era menor de edad. Sin embargo, medios franceses han publicado que su apellido era Merzouk.

El análisis de los hechos y la respuesta se anuncia complicados. La derecha y la ultraderecha piden mano dura contra los disturbios, mientras que la oposición de izquierda apunta también al polémico papel de la Policía en los suburbios.

Las primeras propuestas apuntan a la primera opción. Durante una visita la pasada noche a policías, Macron abogó por «sancionar económicamente» a las familias de los jóvenes que participen en los disturbios.

La semana pasada, llamó a sus padres a mantenerlos en casa.

Su ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, recordó a la Fiscalía la «responsabilidad penal» de quienes no ejerzan la autoridad parental, que puede conllevar penas de hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa.

«Si se recortan las prestaciones y las ayudas sociales, se agrega miseria a la miseria», advirtió en la cadena France 2 el líder comunista, Fabien Roussel, máxime cuando los barrios donde se produjeron los disturbios se encuentran entre los más pobres de Francia.

Al llegar al Palacio del Elíseo, la sede de la Presidencia francesa, el alcalde de Grigny, Philippe Rio, describió la reunión entre Macron y más de 200 alcaldes como un momento «de terapia colectiva (…) extremadamente doloroso», informó la agencia de noticias AFP.

Para el regidor comunista de este municipio de la región parisina, el vínculo «se rompió» con las protestas sociales de los chalecos amarillos y la contestación a la reforma de las pensiones. Estos eventos sacudieron los dos mandatos sucesivos de Macron desde 2017.

La derecha y extrema derecha subrayan en cambio el «laxismo» de la justicia, según el alcalde de ultraderecha de Beaucaire, en el sureste de Francia, Julien Sanchez.

«Lo que acaba de ocurrir es un acto criminal que exige una respuesta penal», dijo su par derechista de Charleville-Mézieres, en el noreste de Francia, Boris Ravignon.

Desde el martes, se detuvo a 3.486 personas, se incendiaron 12.202 vehículos, se dañaron 1.105 edificios y 209 puestos de policía o gendarmería, según el último balance del Ministerio del Interior.

La violencia y la ira de los jóvenes de los suburbios populares recuerdan los disturbios que sacudieron el país en 2005, después de la muerte electrocutados de dos adolescentes cuando huían de la Policía en un suburbio de París.

La violencia en Francia, que será sede este año desde septiembre del Mundial de Rugby y en 2024 de los Juegos Olímpicos, preocupó también en el extranjero. La ONU llamó además a París a ocuparse del «profundo» problema de «racismo» en la Policía.