Confirman el procesamiento de Martínez Rojas y la patota que atacó Tiempo

Lo resolvió la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. A la vez, revocaron el procesamiento del comisario de la Policía Federal, Jorge Guillermo Azzolina y dictaron la falta de mérito.

(Foto: Tiempo Argentino)
19 de julio de 2019

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó este jueves el procesamiento del defraudador Mariano Martínez Rojas, junto a los integrantes de la patota que irrumpió en la redacción del diario Tiempo Argentino el 4 de julio de 2016. El fallo lleva la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y confirma en parte las medidas que había resuelto a fines de abril el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, porque a diferencia de la decisión de primera instancia, los camaristas revocaron el procesamiento del comisario de la Policía Federal, Jorge Guillermo Azzolina y dictaron la falta de mérito. Con esta decisión sigue en pie el procesamiento contra toda la patota, salvo para el uniformado, por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de un medio de comunicación y robo” con embargos de hasta ocho millones de pesos. Salvo Martínez Rojas, que está detenido por la causa que investiga la “mafia de los contenedores” de la aduana, y también procesado por el ataque que protagonizó contra la planta transmisora de Radio América, los otros imputados siguen en la calle, sin que pese sobre ellos una orden de prisión preventiva.

Si bien la falta de mérito sobre el comisario imputado no implica su sobreseimiento, esta decisión de la Cámara implica que el expediente ahora volverá a manos de Martínez de Giorgi, para realizar nuevas medidas de prueba que propuso el defensor del uniformado y sobre las cuales se desconoce su contenido.

La querella que logró los procesamientos de la patota es impulsada por la abogada penalista María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). “Siempre es evidente cómo, en igualdad de circunstancias, a los policías se los beneficia de manera extraordinaria frente a quienes no llevan uniforme”, analizó la letrada en referencia a la diferenciación que hizo la Cámara sobre los uniformados procesados en primera instancia. “En el caso del comisario, la Cámara no explica las razones por las que considera que no debe seguir procesado, apenas habla de que "hay que producir nueva prueba", como si no estuviera acreditado el rol que jugó la policía (entonces federal) en el ataque”.  

La letrada aclaró que el papel de la policía no sólo pasa por la relación del comisario con la patota. “También es muy fuerte la declaración del cerrajero, que fue convocado de buena fe y explicó que, como siempre hace antes de hacer una apertura nocturna, necesitaba garantías de que no estuviera ayudando a cometer un delito, y sólo hizo lo que le pedían porque el policía le dijo "abrí nomás, este señor es el dueño".

Para Verdú lo único que le impidió a los camaristas sobreseer a Azzolina es la carga de la prueba. “Es tal el cúmulo de evidencia que no pudieron consagrar un escándalo sobreseyéndolo, por eso recurrieron a esta situación intermedia de revocar el procesamiento sin desvincularlo de la causa. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en la responsabilidad policial, que no sólo alcanza a Azzolina, sino al subcomisario Aparicio, al que pedimos desde la querella que se cite a indagatoria, lo que aún el juzgado no resolvió”, destacó la abogada.

El papel de Azzolina es clave, porque los miembros de la patota detallaron que fueron contratados por Martínez Rojas a través del uniformado, un conocido de la empresa All Access, contratada para realizar la custodia privada del Hipódromo de Palermo, bajo la supervisión de la entonces Comisaría 31° de la Policía Federal Argentina, con jurisdicción en la zona bajo órdenes del comisario que ahora goza de falta de mérito.

Según el fallo, los argumentos que presentaron los abogados de los integrantes de la patota “carecen de suficiente entidad como para derribar la sospecha inicial que pesa sobre los imputados, en cuanto se han incorporado al legajo suficientes elementos probatorios para sostener un juicio de reproche a su respecto”. Por esa razón el Tribunal consideró “poco convincentes las explicaciones que brindaron algunos de los implicados en sede judicial con la intención de demostrar su inocencia y con el objetivo que se los desvinculara del proceso penal”.

Los camaristas recuerdan que hay pruebas de mucho peso para sostener las imputaciones. “Se constató que fueron cortadas las conexiones de red interna que asisten las computadoras –lo cual a su vez encuentra respaldo en el informe brindado por la empresa Cablevisión-Fibertel del que se desprende que el día del hecho se registró una interrupción del servicio de Internet que no era imputable a la empresa-, como así también la sustracción de un disco rígido que implicó la reconstrucción total de la instalación del sistema informático que demoró aproximadamente diez horas e imposibilitó la emisión del diario”, detalló el Tribunal para considerar probados los delitos que pesan sobre los procesados.

Respecto a Martínez Rojas, los jueces confirmaron las imputaciones en su contra porque “dadas las circunstancias del hecho, queda claro que el imputado no estaba ejerciendo su alegado derecho en el momento en que decidió lesionar bienes jurídicos ajenos, sino que, por el contrario, premeditó un plan plagado de conductas típicas obviando las vías legales para canalizar su reclamo”. Lo curioso es que en ese plan Azzolina fue clave.

Martínez Rojas es parte de una maniobra fraudulenta impulsada por el vaciador y autodenominado empresario Sergio Szpolski, que simuló la venta del diario Tiempo Argentino para eludir su responsabilidad en el cierre del medio a partir de la cesación de pagos de los salarios. Apenas Martínez Rojas dijo haber adquirido el medio, sin aportar ninguna prueba, intentó suspender la salida del diario frente a los trabajadores del medio que llevaban dos meses sin cobrar. Esa decisión derivó en la toma del edificio por parte de los empleados en defensa de los puestos de trabajo, para evitar que avanzara el vaciamiento.

Durante la ocupación del edificio los trabajadores resolvieron continuar con la edición del medio como cooperativa, y cuatro meses después de su regreso a los kioskos, Martínez Rojas articuló un plan para impedir la salida del medio junto a una patota que comandó personalmente. Además de Martínez Rojas, los camaristas confirmaron el procesamiento de “Juan Carlos Blander, Gabriel Martín Moraut, Henry Omar Castro Vargas, Carlos Alberto Ruiz Díaz, Carlos Roberto Antivero, Marcelo Mauricio Caña, Pablo Javier Batista, Diego Javier Chaves, Esteban Oscar Díaz, Rodrigo Ezequiel Roldán, Juan Carlos Moreno, Ovidio Leonardo Ramírez, Omar Osvaldo Ontivero y Alejandro Agustín Marostica Spahn”, por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de un medio de comunicación y robo”. 

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