Un grito potente se hizo sentir el jueves desde Córdoba. Más de 10 mil personas al unísono festejaron las condenas a perpetua a Luciano Benjamín Menéndez, Héctor Pedro Vergez y Ernesto «Nabo» Barreiro (la primera para él) y a otros 25 represores en la megacausa La Perla.

En un contexto complejo para las causas por delitos de lesa humanidad, con el cambio de política del gobierno de Mauricio Macri y un sinceramiento de sectores del Poder Judicial que envalentona a los represores, la sentencia y el apoyo popular en las calles se recibieron como una gran noticia en todo el país.

«La movilización nos da la pauta claramente de que la sociedad cordobesa acompaña y sigue exigiendo los procesos por crímenes de lesa humanidad. Nos dice que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no pueden detenerse, que esto forma parte del entramado social y que está tan aceptado dentro del pueblo argentino y del cordobés, que no va a cesar el reclamo de justicia para que se someta a juicio justo y todas las garantías del proceso a los responsables», describió a Tiempo el fiscal federal Facundo Trotta, conforme con el fallo.

Todavía movilizada por la gran manifestación que incluyó a numerosos sindicatos, Ana Mohamed, sobreviviente de La Perla, señaló que guardará la imagen de la marcha “como un instante que condensa muchísimo tiempo de trabajo”. «Al escuchar las condenas, en un punto sentí la culminación de un proceso, pero no un cierre. Siempre fue una tensión acá la lucha de construcción de Justicia y el jueves veía muchos jóvenes que crecieron en estos años. Estamos fundando el ‘Nunca más’ para que a estos chicos no los toquen”, señaló.

La dimensión

La megacausa abarcó todos los centros clandestinos de detención de la provincia. Puso en el banquillo a 43 represores acusados por crímenes contra más de 700 personas: 38 terminaron con condenas y cinco absueltos.

Pero más allá de las penas, el juicio oral permitió ver toda la dimensión del terrorismo de Estado en Córdoba y permitió reconstruir sus ejes centrales a más de 40 años de los hechos. “Para comprender lo que fue el terror en Córdoba hay que leer la megacausa La Perla», dice tajante el fiscal Trotta, quien llevó el voluminoso expediente durante los casi cuatro años que duró el debate. «Se pudieron ver las principales herramientas del aparato represivo del Estado para la violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos», completó. 

El juicio abarcó desde los hechos cometidos en marzo de 1975 por el grupo parapolicial y paramilitar Comando Libertadores de América y la creación del centro clandestino de detención Campo La Ribera, que dejó de funcionar con el golpe del 24 de marzo, cuando se inauguró La Perla. 

Esta fue una de las claves de la sentencia: el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba condenó los hechos cometidos durante 1975 como delitos de lesa humanidad. No es el primer caso, pero tiene una gran importancia luego de la decisión de Casación que consideró que la Masacre de Capilla del Rosario de 1974 no fue un crimen contra la humanidad.

«La defensa pretendía usar el fallo de Casación pero acá fue diferente, tenemos una serie concatenada, sistemática y metódica de crímenes cometidos a partir de marzo del ’75. No se puede negar que fue sistemático cuando Menéndez dejó establecido que iba a constituir un campo de contracción», destacó Trotta.

Trabajadores y complicidad civil

La brutal represión a los trabajadores y dirigentes sindicales en la provincia fue otro de los ejes del juicio: de las 300 personas desaparecidas incluidas en el expediente, casi 200 eran trabajadores. Uno de los más reconocidos fue el caso del sindicalista Tomás Di Toffino, mano derecha de Agustín Tosco, asesinado tras su paso por La Perla.

«El terrorismo de Estado golpeó duro a Córdoba en parte porque el sector de los trabajadores fue uno de los más combativos del país, con el Cordobazo y el Viborazo.Esto claramente fue visto por las Fuerzas Armadas como la gran resistencia», indicó el fiscal. La investigación de estos hechos también visibilizó la complicidad empresarial, a partir de relatos de sobrevivientes que vieron en La Perla las carpetas de personal de las empresas.

Apropiación

Por primera vez en la provincia, un Tribunal condenó la apropiación de niños y abusos sexuales en la última dictadura. Menéndez fue encontrado culpable por la desaparición forzada del nieto de Sonia Torres, titular de la sede de Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. «Es la primera condena y el primer caso elevado a juicio en la provincia porque, si bien hay muchos casos investigados, la Justicia de Córdoba durante muchos años no avanzó (a pesar de que esos delitos no fueron incluidos en las leyes de Obediencia Debida y Punto final)», explicó Marité Sanchez, quien representó a Abuelas en el juicio.

La abogada precisó que se logró elevar la sustracción, retención y ocultación del nieto de Sonia. Los delitos de supresión de identidad y estado civil se desdoblaron y todavía se encuentran en etapa de instrucción.
Durante el debate se logró probar la persecución a la pareja, su secuestro y el paso por La Perla. La tarea no fue fácil: los abogados debieron lidiar con la fragmentación de las causas y de las pruebas. Sin embargo, lograron reconstruir el trayecto de Silvina, el nacimiento del niño y su apropiación. «