El dirigente wichí formoseño fue liberado el martes luego de estar preso por seis meses en la cárcel provincial de Las Lomitas. En los últimos años, el juez provincial Marcelo López Picabea le instruyó 28 causas judiciales. Ninguna de ellas fue probada ni derivó en condena. Junto a Facundo Jones Hualas era otro de los considerados presos políticos aborígenes, es decir, detenidos por pelear por los derechos de su comunidad.

La Cámara de Apelaciones de Formosa desestimó el último procesamiento que tenía el dirigente. Según dio a conocer su abogado defensor Daniel Cabrera la decisión se tomó “por falta de pruebas”. Entre las diferentes causas penales que le “armaron” a Santillán se cuenta intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, amenazas, lesiones, agresión y usurpación.

A lo largo de los 190 días que duró su encarcelamiento, Amnistía Internacional le dirigió una carta al gobernador Gildo Insfrán en la que señalaba que “el uso de causas” por delitos simples “como estrategia de intimidación y silenciamiento». Otras organizaciones como el CELS, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) vienen reclamando insistentemente por su libertad y por la persecución contra el dirigente y maestro wichí.

Hace un mes Diego Morales, director del CELS, expresó que el encarcelamiento de Santillán “tiene que ver con su rol como dirigente indígena, con los reclamos que él hace a las autoridades provinciales y municipales en la provincia de Formosa. Tiene que ver también con su rol de defensor de los derechos humanos de la comunidad indígena.”

Su detención se produjo el 14 de abril, día en que fue brutalmente golpeado y encerrado en la cárcel de Las Lomitas de donde en dos oportunidades fue trasladado a la capital provincial, dende sufrió amenazas y sumó maltrato. Esta última causa había sido caratulada como robo agravado con uso de arma de fuego por la denuncia del policía Luis Miguel Chamorro. Sin embargo, él y su esposa niegan haber participado de esa protesta y de hecho su presencia no fue probada por el magistrado. El suceso aconteció después de que la comunidad que representa Santillán realizara una protesta en Ingeniero Juárez por el bloqueo de la ayuda a su comunidad tras reiteradas inundaciones.

El abogado defensor Cabrera aseguró que no sólo “no hubo pruebas” sino que “las órdenes de allanamiento para encontrar los objetos robados nunca se realizaron, las fotos en las que decían que se veía a Agustín eran solo de un hombre en moto. Lo acusaron de tener una arma tumbera, pero no se secuestró ni un cascote”, detalló.

Además Cabrera relacionó directamente la situación judicial de Santillán con el Poder Ejecutivo provincial: “El régimen de Gildo Insfrán, que maneja la Justicia, maneja lo que quiere”. En la misma línea, el dirigente Félix Díaz aseguró que “la libertad se produce dos días después de las elecciones, porque Agustín constituye un peligro electoral para Insfrán por la convocatoria y capacidad que tiene nuestro hermano”.

En estos meses, Agustín Santillán mantuvo varias semanas de huelga de hambre. En una carta pública que escribió el 25 de septiembre, el dirigente sostuvo: “Si me pasa algo, lo hago responsable al gobernador y sus ministros. Soy wichí, por defender y denunciar las injusticias que pasan en mi comunidad me arman causas usando a los policías de Ingeniero Juárez”.