Pese al planteo de la CIDH, el gobierno cede a Morales el manejo del caso Sala

Esta semana hubo una sesión ordinaria del organismo en Montevideo. El regreso de la dirigente social al penal de Alto Comedero fue rechazaro por la Comisión y el propio secretario de DD HH.
28 de Octubre de 2017

En el marco de las 165 Sesiones Ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizaron en Uruguay, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, aseguró que el traslado a la cárcel de la diputada del Parlasur, Milagro Sala, “Es un tema de preocupación”, y afirmó que el gobierno nacional ue entiende que “tiene que cumplir la prisión domiciliaria”. 

En diálogo con el canal La García, el funcionario opinó sobre la líder de la Tupac Amaru en Montevideo, donde participó de las sesiones ordinarias de la CIDH que concluyeron el viernes. En ese contexto, el Comité por la Libertad de Milagro Sala realizó una conferencia de prensa en la que reclamó la libertad para la diputada del Parlasur y “los siete presos políticos” de la Tupac Amaru y que el Estado argentino cumpla con las resolución del organismo internacional que ordenó que la referente esté en prisión domiciliaria.

La CIDH se pronunció una vez más advirtiéndole al Estado argentino sobre su “responsabilidad” sobre “la vida e integridad” de la dirigente detenida en Jujuy y lo instó a garantizar “que no se realicen actos que puedan ponerla en riesgo”. Además, ratificó que la medida cautelar que recomienda que no continúe en el Penal de Alto Comedero “es obligatoria”.

En Montevideo, el organismo vinculado a la OEA hizo un seguimiento sobre la situación de la dirigente social a la luz del "incumplimiento" de la medida cautelar que había dispuesto a fines de julio pasado en resguardo de su vida y su integridad. Fueron de la partida, además de Avruj, los organismos peticionantes, Amnistía Internacional, CELS y Andhes.

Diego Morales, peticionante en nombre del CELS, advirtió que, pese a los deichos del Secretario de DD.HH, "El gobierno federal no dio cuenta de ninguna respuesta. Solo dijeron que están pidiendo informes sobre la situación de salud pero no piden informes del avance de la medida cautelar. No hacen presentaciones, ni critican decisiones de Jujuy, no se presentan en el expediente planteando esas críticas.

 “Tenemos la esperanza de que se cumpla” nuevamente con la recomendación sobre la prisión domiciliaria para Sala. Esa medida “afortunadamente fue acatada”, dijo, en relación al traslado a la casa del barrio La Ciénaga en agosto pasado, “pero se encuentra incumplida” en la actualidad, sostuvo a La García Francisco Eguiguren “Si bien cuenta con autonomía, la Argentina es parte del sistema interamericano de derechos humanos y está sometida a las decisiones de la comisión. Y lo que la comisión dispone es de cumplimiento obligatorio”, agregó.

No obstante, nada en el gobierno de Gerardo Morales parece indicar que vaya a producirse o alentarse un acatamiento de la medida.. De hecho, fue nula la repercusión en la provincia, un indicio de que, con el resultado electoral del domingo, el mandatario provincial y la justicia que maneja no parecen ansiosos por la posible sanción que podría aplicársele al Estado argentino por incumplir las disposiciones del organismo. 

Algo anticipó durante la audiencia el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro “Coco” Garfagnini cuando apuntó que el resultado electoral del domingo no debía habilitar al gobierno nacional a desconocer las resoluciones de organismos internacionales. “Han violado el tratado de Naciones Unidas y ahora están violando manera vergonzante una cautelar que dictó la CIDH y que el Estado argentino no está cumpliendo”, se quejó.

La abogada Paula Álvarez Carreras, integrante del equipo de defensores de Sala, exigió una revisión del fallo del juez Pablo Pullen Llermanos que regresó a la dirigente social al penal de Alto Comedero. “Presentamos un informe ante la Corte Suprema de la Nación, que tiene pendiente la resolución de dos recursos extraordinarios. Uno por su detención, teniendo en cuenta que es parlamentaria del Mercosur, y otro por la revocación de su prisión domiciliaria”, dijo.

“La justicia jujeña es un aliado servil que mantiene la decisión política de que los compañeros de la Tupac Amaru sigan presos sin una condena firme”, dijo la abogada. «

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