Reclaman que no envíen a Etchecolatz a la casa

El represor presiona con una huelga de hambre y el tribunal analiza otorgarle la prisión domiciliaria. Víctimas y sus familiares piden que siga preso.

Organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura y familiares de querellantes en causas por delitos de lesa humanidad se concentrarán mañana frente al edificio de la Cámara Federal de La Plata para reclamar que no se le conceda la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, de 87 años. El Tribunal Oral Federal N°1 debe resolver pedidos realizados por el represor en todas las causas en las que está procesado o ha sido condenado. Uno de esos expedientes es el juicio de 2006 en el que fue condenado y en el que desapareció el testigo Jorge Julio López, de cuya ausencia se cumple el 18 de septiembre una década.

El reclamo se realizará a las 9.30 en las escalinatas de los Tribunales Federales de La Plata, ubicados en 8 y 50, en pleno centro platense. A esa hora la justicia decidirá si permite que el ex director de Inteligencia de la Policía Bonaerense de la dictadura continúe su condena en su casa del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata y ya no en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Los abogados defensores del represor argumentan el “deterioro de la salud” del prisionero, quien se niega a ingerir alimentos en prisión para forzar la decisión.

Para los organismos y los querellantes, lo que los jueces van a decidir es si aceptan o no la estrategia de los militares procesados por crímenes de la dictadura cívico militar: que las prisiones se cumplan en domiciliaria y que las condenas no queden firmes. Esa tendencia comenzó a hacerse efectiva en los tribunales del país que otorgaron unas 50 domiciliarias, entre ellas, para Etchecolatz en dos causas en las que fue condenado: Circuito Camps y La Cacha.

“Los querellantes nunca discutimos las prisiones domiciliarias que se otorgan a represores en los casos en que es imposible su permanencia en la cárcel, pero en el caso de Etchecolatz el cuerpo médico forense dijo que está en condiciones de seguir en una cárcel”, explicó la abogada querellante Guadalupe Godoy.

La convocatoria y el reclamo que realizarán este miércoles lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, APDH La Plata, la asociación de Ex detenidoa Desaparecidos (AEDD), la Fundación Anahí – Chicha Mariani, la Liga Argentina por los DH, la Unión por los DDHH, H.I.J.O.S, de la CTA, ATE, Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, estudiantes universitarios y víctimas como Cristina Gioglio, Marta Ungaro, Claudia Favero y Luis Favero, Clara Bacchini, entre otros.

A las 9.30 los jueces Germán Castelli y Roberto Agustín Lemos Arias (más un tercer juez) resolverán los pedidos en las varias causas, entre ellas el juicio de 2006, el primero desde la reapertura de los juicios en el que fue condenado por primera vez a prisión perpetua por címenes “cometidos en el marco de un genocidio”. De ese debate y de la desaparición de López se cumplen diez años el mes próximo.

Los magistrados subrogan el Tribunal Oral Federal N°1 cuyo presidente, Carlos Rozanski, denunció a Etchecolatz por amenazas, por lo que está excusado de participar en expedientes que tengan al genocida como imputado.

“Lo que los represores logran con las prisiones domiciliarias es burlar a la justicia”, se quejó la abogada Verónica Bogliano, quien representó a López en el juicio de 2006. Y recordó que “Etchecolatz nunca mostró arrepentimiento y su participación en los juicios siempre tuvo una actitud de provocación y revictimización de los testigos”.

“Por más que Etchecolatz cumpla con los requisitos de edad para la domiciliaria, sus críemenes no pueden ser comparables con un crimen común. Además, no tiene problemas de salud, pero si los tuviera el Servicio Penitenciario Federal le garantiza el cuidado correspondiente”. Por eso, Bogliano reclamó que los jueces no se guien por “tendencias de época o por las tapas de los diarios”, para tomar sus decisiones.

Etchecolatz fue la mando derecha de Ramón Camps en la dictadura y, literalmente, decidía sobre la vida y la muerte de sus detenidos. En 1986 fue condenado a 23 años pero fue indultado, en 2004 fue condenado por apropiació de bebés, pero cumplió prisión domiciliaria hasta 2006, cuando fue condenado a perpetua y se le revocó el beneficio. En los 10 años siguientes fue condenado por las causas Circuito Camps (2010); La Cacha (por el homicidio de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, 2014) y la causa Favero (2015).

Tiempo Audiovisual

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