El juez federal Platense Carlos Rozanski renunció a su cargo para acceder a la jubilación. La decisión se produjo el día después de que el Consejo de la Magistratura decidiera avanzar con un juicio político iniciado en su contra por presunto maltrato laboral de sus funciones, impulsada hace años por Julio Piumato y revivida recientemente por el representante del gobierno. Con su salida ese sumario administrativo que quedaría abstracto, explicó su abogado Eduardo Barcesat, quien dijo que el magistrado atravesaba momentos de fatiga moral.
La salida del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, que condenó al genocida Miguel Etchecolatz, al cura Christian Von Wernich y al funcionario civil de la dictadura Jaime Smart, entre otros represores, había sido preanunciada meses atrás por Jorge Lanata y Romina Manguel en el programa Periodismo Para Todos, en el que anunciaron que que el gobierno lo destituiría junto a los jueces Eduardo Freiler y Daniel Rafecas. Sobre esos magistrados el Consejo también decidió avanzar en el enjuiciamiento.
Renunció porque le salió su jubilación, dijo a Tiempo el abogado Barcesat, encargado de comunicar las razones de la renuncia. Y completó: Ya había comenzado el trámite de jubilación y finalmente le salió. Y ya cumplido con exceso su labor y por la fatiga moral por las circunstancias que se conocen, se acogió al beneficio jubilatorio. La renuncia a partir del 1 de noviembre fue presentada en el Ministerio de Justicia y deberá ser aceptada o rechazada por el Poder Ejecutivo. Se presume que como ya ocurrió con otros magistrados la renuncia será aceptada por el presidente Mauricio Macri.
Barcesat precisó que la dimisión tornará abstracto el sumario administrativo disciplinario, pero aclaró que la denuncia que el juez realizó con su patrocinio contra los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura va a seguir en pie porque es un delito de acción pública. Y apuntaló: Proseguimos la querella contra el elenco de infames.
Esa denuncia contra los integrantes del cuerpo que preside la abogada Adriana Donato, una aliada del macrismo que accedió en 2014 a la presidencia del Colegio Público de Abogados porteños gracias al PRO, fue presentada en el juzgado de Sergio Torre con intervención del fiscal Jorge Di Lello.
Rozanski estaba siendo investigado por la Comisión por el supuesto destrato a sus empleados, acoso moral, entre otras acusaciones, a partir de una denuncia de Julio Piumato, jefe de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Tras el anuncio por Canal 13, el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Juan Bautista Mahiques, pidió nuevas medidas de prueba con lo que se reabrió un expediente que estaba cerrado.
En una entrevista realizada por Tiempo, el juez platense dijo que el impulso a esa acusación luego del cambio de gobierno busca frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad para que no avancen sobre sectores que son de la sociedad civil y empresarial.
En ese sentido, el juez remarcó en esa entrevista: Atando cabos y por los juicios que hubo en este país, el único vínculo que puede haber entre Freiler, Rafecas y yo, -los tres acusados en el Consejo de la Magistratura luego del anuncio de Lanata- es que los tres hemos tenido intervención en causas vinculadas a Papel Prensa.
El Tribunal presidido por Rozanski fue el encargado de realizar en La Plata los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar. En 2006 condenó a Etchecolatz, luego a Von Wernich, juzgó a los represores de la Unidad 9, a los del Circuito Camps -entre los que estaba Smart, por quien sufrió presiones del diario La Nación- a los de La Cacha, entre otros. El último debate que presidió fue el que condenó a los marinos y prefectos de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada, que arremetió contra los trabajadores del cordón industrial de la capital bonaerense.
Rozanski fue nombrado juez federal por concurso por el Consejo de la Magistratura y fue el presidente del tribunal que inició el primer juicio por crímenes de la dictadura tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Antes fue titular de la Cámara del Crimen de Bariloche y se especializó en legislación sobre maltrato y abuso infantil, publicó el libro Abuso sexual infantil: Denunciar o silenciar, y es el redactor de la ley 25852 del CPPN que regula el testimonio de chicos abusados ante la justicia.
