El dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral de Inteligencia incluye un capítulo muy poco conocido que investigó el entonces titular del juzgado federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, con el expediente 8580/2020 conocido como «Proyecto AMBA». La investigación se refiere a la creación de seis bases en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se dedicaron a perseguir sistemáticamente a organizaciones políticas y a sus dirigentes. Desde la Convención bonaerense de la UCR hasta la actividad de organizaciones que reclamaban por la aparición con vida de Santiago Maldonado. La atención estuvo concentrada en sindicatos y partidos, pero se sofisticó en 2017, con una ambiciosa georreferenciación de datos que fue utilizada para profundizar el espionaje político antes de las elecciones legislativas de ese año.
Las bases fueron instaladas desde «mediados de 2016» en «las zonas de Ezeiza, San Martin, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes, a las que se sumaron también las históricas de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, durante el 2017, que pasaron a depender concretamente de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires», sostiene el documento. El armado fue dispuesto por el director de la AFI, Gustavo Arribas, y se puede comprobar en «el propio contenido de los informes de inteligencia elaborados por estas delegaciones».
El juzgado «corroboró que estas bases de inteligencia se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias, que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno», detalla el dictamen.
Agrega que «en algunos casos, se fotografiaron y filmaron a las personas que participaban de distintas movilizaciones, se investigaron y consignaron datos personales de incontables referentes políticos, números de teléfono, domicilios, reseñas políticas y datos familiares, entre otra información sensible».
Todo quedó en manos del Director de Reunión Provincia de Buenos Aires Pablo Pinamonti, que está imputado por violar la Ley de Inteligencia junto a Arribas y otros diez espías. La estructura «contó con aproximadamente 70 personas, que fueron reclutadas para participar formalmente en las bases, incorporándose luego 20 agentes más, que pertenecían a las delegaciones de las ciudades de La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata», explica el dictamen y agrega que, según pudo comprobar la Bicameral, «el personal de estas bases se conformó mayoritariamente con agentes efectivos, retirados y exonerados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y ex agentes de la AFI».
De hecho «el imputado Pinamonti, en su declaración indagatoria ante el Juzgado Federal de Dolores, confirmó que la incorporación de los agentes se decidió sobre la base del conocimiento que tuvieran del “territorio”, y con alrededor de 15 personas que ya prestaban servicios en la Agencia».
La base de Ezeiza estaba a cargo del espía Ricardo Bogoliuk, cuya identidad se conoció cuando el empresario Pedro Etchebest denunció al falso abogado Marcelo D’Alessio como la cara visible de una banda de espionaje ilegal. Los demás encargados, dice el dictamen, fueron: «Pedro Oscar García (Quilmes), Alicia Susana Nocquet (Haedo–Morón), Andrés Máximo Maisano (Pilar), Gustavo Emilio Carreiras (La Matanza) y José Luis Fiorentino (San Martín)». Pero «el despliegue sobre la provincia de Buenos Aires se completó con las bases históricas de la Agencia Federal de Inteligencia ubicadas en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, a cargo de Roberto Hugo Bianchi, Nicolás Iuspa Benítez y Jorge Sebastián Novais». Todos reportaban a Pinamonti que según declaró en el juzgado «efectuaba reportes diarios de la información de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales directamente a la Subdirección de la AFI, a cargo de Silvia Majdalani».
La investigación de Ramos Padilla pudo «acreditar el despliegue de inteligencia ilegal en todo el territorio bonaerense, a partir de numerosos documentos de inteligencia elaborados por cada una de las nueve bases aludidas, los que dan cuenta que, en la mayoría de los 135 partidos de la provincia, en mayor o menor medida, se realizaron labores de inteligencia prohibidas».
De acuerdo a dos discos rígidos enviados a Ramos Padilla por la actual interventora de la AFI, Cristina Camaño, el dictamen revela que se halló una enorme cantidad de informes en los que «se pudo observar que la mayor parte presentan patrones prácticamente idénticos que permiten identificar una matriz sistemática dispuesta por la superioridad: abordan un tema prestablecido, con un objetivo particular, efectúan un desarrollo de las tareas de inteligencia realizadas y, por último, agregan una serie de archivos adjuntos».
Los temas de interés giran en torno a «la recopilación en forma sistemática de datos personales de diferentes ciudadanos que se transformaron en objetivos de la inteligencia estatal como consecuencia de sus actividades políticas, ya sean partidarias, comunitarias o gremiales». También descubrieron que había una segunda instancia de análisis de información para generar proyecciones y anticipos de sus decisiones políticas.
Para lograrlo «se realizaron diferentes informes en los que se efectuó una caracterización de cada organización, la ubicación geográfica de sus locales operativos (unidades básicas, comités, etc.) y los datos personales de sus referentes», indica el dictamen. Quedó acreditado que además hubo seguimientos de «sus actividades políticas, tales como movilizaciones, asambleas, reuniones, protestas». Eso fue sofisticado en 2017, «con las elecciones de medio término», pero «debe decirse que las tareas de georreferenciación no terminaron con ella, sino que por el contrario, el juzgado tuvo por acreditada la continuidad del relevo de datos por lo menos en la Base Haedo».
En algunas organizaciones, los informes indicaban «cuantitativamente su representación en los poderes Ejecutivo y Legislativo», mientras que en otros casos «se incluyen fotografías de sus referentes, la bandera identificatoria, la ubicación de sus locales operativos, agrupaciones que los integran, las áreas en que se organizan y sus responsables internos, sus vínculos con otras agrupaciones y, en algunos casos, incluso, sus abonados telefónicos».
La georreferenciación de 2017 fue muy ambiciosa y estuvo al servicio de las elecciones de Cambiemos en territorio bonaerense. Las seis bases se dedicaron al «monitoreo de las actividades de campaña electoral de los partidos políticos opositores en los diferentes distritos». El juzgado considera demostrado que «las actividades de inteligencia prohibidas desarrolladas por las bases instaladas en la provincia de Buenos Aires se hicieron respondiendo a las máximas autoridades de la AFI». Estuvieron enfocadas en «obtener información sobre los acontecimientos de posible relevancia electoral al interior de los partidos políticos opositores, recopilar información personal de los ciudadanos que convocaban a actividades proselitistas, identificar a las personas que asistían a dichos eventos, los vehículos en los que se trasladaban y los perfiles de redes sociales desde los que se convocaban a estas actividades o actos políticos».
Una de las prioridades electorales de la AFI para 2017 «era la situación interna que atravesaban los partidos políticos opositores en cada distrito electoral de la provincia, en el proceso de conformación de las alianzas y acuerdos en miras al evento electoral de ese año, en especial Unidad Ciudadana». Para demostrar el nivel de intromisión, el dictamen recurre a la base de La Plata para aportar un ejemplo sobre las «incontables persecuciones a partidos políticos y a personas relevantes: uno de los documentos hallados informa sobre la Convención Nacional de la UCR en el Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata con motivo de la elección de nuevas autoridades partidarias. Resalta el posicionamiento de los dirigentes Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casella respecto de su rechazo a la participación del partido en la Alianza Cambiemos».
Además de la frente que fundó la vicepresidenta en 2017, también siguieron al Frente Justicialista CUMPLIR, liderado por el exministro Florencio Randazzo, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y el partido GEN. Sin embargo «los sindicatos docentes y sus organizaciones de base representaron uno de los objetivos centrales de la agenda de producción de inteligencia ilegal de la AFI durante 2017». Sus espías se concentraron en «la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA)». En el último caso «se pudo advertir numerosos informes de inteligencia vinculados al seguimiento de las actividades desarrolladas por esta organización, tales como sus elecciones internas, información que le fue remitida a la superioridad». También hallaron «más de treinta documentos que refieren a la Regional La Plata de la UOCRA», en medio de la detención de su secretario general Juan Pablo «Pata» Medina.
Junto a los partidos y los sindicatos también «realizaron tareas sistemáticas de inteligencia ilegal sobre numerosas organizaciones sociales, comedores comunitarios y sus referentes». La prueba es la «incontable información vinculada al despliegue territorial de las distintas organizaciones sociales, la ubicación de sus comedores comunitarios, los datos personales de sus referentes y las movilizaciones en las que participaban», sostiene el dictamen.
Lo hicieron todas las bases pero se concentraron en «una de las organizaciones políticas que mayor impulso generó reclamando la Ley de Emergencia Económica: Barrios de Pie». Sobre este espacio el juzgado «halló innumerables documentos acerca del espionaje ilegal realizado a sus actividades políticas, sus encuentros y referentes», al punto de concluir que esa organización constituyó un objetivo de inteligencia específico para las delegaciones, por lo menos entre la segunda mitad del año 2016 y todo el 2017″, durante el reclamo de una ley de Emergencia Social y Alimentaria.
El documento sostiene que la multiplicación de bases en el AMBA fue para proveer de información a los intendentes de Cambiemos y a la gobernadora María Eugenia Vidal. «Se relevaba información sobre los supuestos puntos débiles de los gobiernos municipales alineados a las gestiones de gobierno provincial y nacional, los vínculos de determinados referentes sociales con políticos, las aspiraciones electorales de determinados actores, y las internas políticas hacia dentro del principal partido opositor a la alianza gobernante». Es decir que «la inteligencia ilegal desarrollada le brindaba a las máximas autoridades de la AFI un insumo informativo de relevancia para que la Administración pudiera operar políticamente con conocimiento del mapa político local».
