La senadora Cristina Fernández presentó su primer proyecto de ley que propone que los ciudadanos que tengan cuentas o participen en sociedades radicadas en guaridas fiscales no puedan asumir cargos públicos.
El proyecto lleva la firma de todos los senadores del bloque del Fpv y si bien apunta a los funcionarios del gabinete nacional, incluido el presidente Mauricio Macri, no se puede aplicar en forma retroactiva.
Las empresas y cuentas radicadas en guaridas fiscales incurren en por lo menos el delito de evasión fiscal, pero también es la forma más utilizada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilegales.
Como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en estas guaridas fiscales sólo en el año 2016 Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4% de su PBI).
En sus fundamentos, la senadora sostuvo que más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oficialistas, ninguno de los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios personas que utilicen las guaridas o paraísos fiscales, y al mismo tiempo reclamarle a los y las ciudadanas que cumplan con sus obligaciones tributarias. O peor aún, ir a suplicar al extranjero inversiones para encontrarnos con la vergonzosa y patética escena de un Ministro de Economía argentino al que le enrostran tener su patrimonio fuera del país».
La mayoría del Gabinete está involucrado en los escándalos internacionales de Panamá Papers y Paradise Papers; y el caso del Ministro de Finanzas y endeudador serial Luis Caputo, es uno de los más obscenos, criticó Cristina.
Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue la designación de un especialista internacional en lavado de dinero y evasión impositiva al frente de la AFIP, quien además tiene toda su plata en el exterior, sostuvo la senadora en referencia al sucesor de Alberto Abad, Leandro Cuccioli.
