Tres fiscales y un juez acorralan judicialmente al intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda porteño Néstor Grindetti por sus manejos financieros desnudados en los Panamá Papers. Después de cinco meses de deambular por los laberintos judiciales, finalmente el juez de instrucción Diego Slupski se hizo cargo de la investigación contra Grindetti. Su nombre fue uno de los primeros que apareció junto al de Mauricio Grindetti en esa documentación desclasificada por una investigación periodística trasnacional. Sin embargo, hasta ahora nadie lo investigaba. Ahora sí; uno de los alfiles de Cambiemos está formalmente imputado en una causa. El tiempo de las dilaciones parece haber terminado. 

El movimiento del expediente fue inversamente proporcional al grado de compromiso que Grindetti parece tener con la causa. El 4 de abril pasado, en el mayor de los sigilos, el fiscal penal de instrucción Martín Niklison formuló una denuncia penal contra Grindetti y el presidente Macri «por la posible comisión del delito previsto y penado por el art. 268 (3), consistente en haber omitido maliciosamente insertar en sus declaraciones juradas como funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires datos que debían ser incorporados de acuerdo a las normas vigentes y obligatorias para los funcionarios». 

Difícilmente Grindetti vaya a prisión por esto. De hecho, Carlos Menem estuvo acusado por lo mismo y sigue libre. Pero en caso de condena, no podrá volver a ejercer cargos públicos. El Código Penal establece que «será reprimido con prisión de 15 días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables». 

Niklison fue el primer fiscal en impulsar la investigación contra Grindetti. El segundo fue Federico Delgado, quien recibió la denuncia porque el juez Slupski entendió que debía intervenir su colega federal Sebastián Casanello, quien instruye el expediente principal referido a los Panamá Papers. Entonces la causa se partió en dos: Casanello se quedó con la denuncia contra Macri, pero envió a sorteo lo relacionado con Grindetti, pues se trataba de hechos «escindibles» e independientes: mientras los supuestos delitos que se le atribuyen a Macri están vinculados con Fleg Trading Ltd. (una empresa off shore creada en las islas Bahamas) y SOCMA Americana, la histórica empresa familiar, Grindetti «figura entre julio de 2010 y julio de 2013 como habiendo recibido del estudio Mossack Fonseca un poder especial para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu Ag, radicado en Suiza. 

En el diario Página/12 se menciona que voceros de Grindetti dijeron que recibió esos poderes para hacer inversiones financieras e inmobiliarias que luego no se concretaron. Grindetti ya era secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires», explica la denuncia original del fiscal Niklison. La denuncia sobre el intendente de Lanús recayó en el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría. El fiscal Patricio Evers fue el tercer representante del Ministerio Público que entendió que había razones suficientes para investigarlo. Pero Servini, en lugar de avanzar, se declaró incompetente. Hasta entonces, en la causa sólo había pasado una cosa: el tiempo. 

El 22 de agosto, cuatro meses y medio después de la denuncia, la Cámara del Crimen ratificó lo que el fiscal Niklison había expresado en su denuncia: «El delito es competencia de este fuero dado que fue cometido por funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires». El expediente aterrizó esta semana en el juzgado de Slupski, uno de los jueces jóvenes, formados en el fuero federal porteño (fue secretario del magistrado Sergio Torres) y de buena reputación. Lo acompañará la fiscal Estela Andrades de Segura, otra funcionaria de dilatada trayectoria en el Poder Judicial. Slupski comenzará en los próximos días a producir prueba. Probablemente, para ganar tiempo, le pida a su colega Casanello que le envíe el expediente en el que investiga a Macri, y disparará una batería de exhortos al exterior para determinar qué hizo y con quién, Grindetti en Panamá y Suiza. 

El intendente de Lanús también está denunciado por el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade por su presunta vinculación con la fundación «Creer y Crecer» (él negó esa relación), investigada en la causa por el origen del dinero que le fue sustraído a la vicepresidenta Gabriela Michetti de su domicilio la noche en que Cambiemos ganó la segunda vuelta electoral. Los investigadores no descartan una línea que, en trazo grueso, vincule las sociedades no declaradas, las omisiones y las fundaciones flojas de papeles con el financiamiento de la actividad política en la Capital Federal. «