Sobrio, amable, educado, insospechado de corrupción.  El camarista federal Martín Irurzun no encaja en el estereotipo –a menudo fantasmagórico– de algunos jueces de Comodoro Py 2002. Sólido en lo jurídico, con una trayectoria de 45 años en tribunales, nadie entiende el porqué profundo de un fallo que abrió las puertas de un infierno que los diablitos se apuran a atravesar. La «doctrina Irurzun» quedó consolidada en el fallo que llevó a la cárcel al exministro de Planificación Julio De Vido y el jueves fue utilizada para disponer las detenciones  en la causa del Memorándum por el caso AMIA. «A la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal.» En el derecho penal, la libertad es la norma y la prisión, la excepción. Un fallo plenario de la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país- determinó hace más de una década que si no existen «riesgos procesales» de fuga o entorpecimiento de la investigación, el imputado tiene derecho a esperar la condena en libertad. No importa el delito que se le reproche.

La reinterpretación de Irurzun les dio una herramienta a los jueces para que metan preso a quien se les antoje. Alcanza con que crean, sin necesidad de gran justificación, que conservan vestigios del poder que pudieron haber tenido para mandarlos tras las rejas.

En añejas conversaciones con juristas amigos, Irurzun reconoció la existencia de lo que Raúl  Zaffaroni llama «alegatos de oreja», particulares que les hablan a los jueces para convencerlos de sus propios argumentos en las causas que están tramitando. Opinaba que en determinados casos, el juez puede escucharlos siempre y cuando sea «a favor» de un imputado; nunca cuando sea «en contra».  Acaso De Vido, Amado Boudou y Cristina Fernández de Kirchner no hayan tenido a nadie que alegara «de oreja» a su favor.

Irurzun es uno de los jueces a los que políticamente podría situárselo cerca de la UCR. En los ’90 fue un dique de contención a las barbaridades del menemismo junto con sus colegas camaristas de entonces, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani. Pero Luraschi renunció sorpresivamente en 2007, en medio de versiones que lo mostraban como víctima de una operación de los servicios de inteligencia, aprovechando una cuestión personal y privada. Y Cattani está pero no está: desde hace años tiene una licencia por razones de salud y todo parece indicar que ya no volverá a su cargo. Meses atrás fue internado en un geriátrico con un complicado cuadro de salud. Su ausencia no fue cubierta y aún hoy, pese a sus impedimentos, figura en la Guía Judicial del Ministerio de Justicia como presidente de la Sala Segunda de la Cámara Federal.

La reciente destitución de Eduardo Freiler homogeneizó la Cámara. E Irurzun es sin dudas el hombre fuerte de ese tribunal. Por sus propios peso y capacidad, y también por su aceitada relación con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Justamente con Lorenzetti comparte la única causa judicial en la que está siendo investigado. Al menos en lo formal.  Cuando el presidente Mauricio Macri decidió por decreto de necesidad y urgencia transferir la oficina de escuchas judiciales de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema, dispuso que el director del nuevo organismo debía ser elegido por sorteo entre jueces con rango de camaristas. Irurzun quedó al frente de la oficina, pero según una investigación de la periodista Irina Hauser en el periódico Página /12, no hay constancias de tal sorteo. Peor aún: dos días antes de que supuestamente se realizara, la designación de Irurzun fue publicada por al menos dos diarios.  El fiscal federal Federico Delgado promovió la investigación y el expediente recayó en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, donde reposa desde mitad de año.

Otra investigación lo involucra. El 24 de abril del año pasado, cuando la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini se declaró incompetente en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, el expediente fue sorteado en la Cámara Federal. El secretario letrado de Palmaghini, Sebastián Marasco, estuvo horas en Comodoro Py 2002 porque supuestamente se había «colgado el sistema» y fue necesario resetearlo. Sin embargo, Marasco vio y documentó que la causa había sido sorteada y había recaído en el juzgado de Sebastián Casanello. Después del «reseteo», el juez ya no fue Casanello sino Julián Ercolini. Palmaghini estaba furiosa y planeaba denunciar el hecho, pero Irurzun, presidente de la Cámara Federal, se le anticipó. 

También tiene un único pedido de juicio político en trámite en el Consejo de la Magistratura. Lo impulsaron el 2 de junio pasado los diputados del Frente para la Victoria Héctor Recalde, María Teresa García, Juliana Di Tulio y Rodolfo Tailhade por el presunto favorecimiento al actual gobierno en algunos fallos, entre ellos la causa «dólar futuro» (en la que están procesados exfuncionarios del gobierno anterior por la venta de la divisa extranjera, pero no los compradores, entre los cuales aparecen funcionarios y allegados al actual gobierno) y por el cierre de la causa por las operaciones con Lebacs. La investigación discurre cansinamente, por ahora.«