Vivimos días amenazantes. Una manada de gurúes de la prensa y el mercado financiero dan por seguro el fracaso de las medidas cambiarias con que el gobierno protege las reservas del Banco Central, a la espera de que los agroexportadores liquiden por lo menos unos 5.000 millones dólares a cuenta de sumas mayores. El contexto es una enorme presión especulativa para ahogar las cuentas fiscales y forzar una devaluación que tendría efectos devastadores sobre el salario y el consumo, justo en lo peor de la travesía pandémica y cuando las cifras de pobreza e indigencia alcanzan niveles desesperantes. 

Entretanto, la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), todavía “en modo escucha”, tiene por lo menos dos predicciones entre analistas de todas las confesiones. La pesimista es que el Fondo no ha variado un ápice su recetario de ajuste fiscal y reformas neoliberales. La visión optimista fue alentada en estos días por Kristalina Georgieva, la afable directora general del FMI, que prometió que no le pedirán a la Argentina que ajuste más el gasto público. En el propio gobierno confían en que la pandemia y su correlato, la caída generalizada de la economía mundial, con consecuencias aún más devastadoras para los países “en vías de desarrollo”, ha motivado una clemencia nunca vista en el organismo, pese a que su objetivo fundacional es hacer cumplir las obligaciones de los países deudores a como  dé lugar. 

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De eso se trata el famoso superávit fiscal para los estados en desgracia: que ahorren hasta el último centavo, de modo que haya plata para pagar lo que se debe, no importa en qué condiciones se haya contraído la deuda y a qué costos sociales se la cumplimente. Nadie lo ilustró peor y más claro que el mexicano Gerardo Rodríguez Regordosa, jefe de mercados emergentes del fondo de inversión Black Rock, cuando le dijo al ministro Martín Guzmán que quería ver sufrir a la Argentina para pagar su deuda.

La disputa por el dólar y la que viene, por las condiciones que el Fondo intente imponerle al país para concederle un período de gracia, tienen un punto en común: concurren en una pulseada que excede, por sus motivos y consecuencias, las cuestiones meramente financieras, ya que anticipan con ferocidad la inevitable confrontación por quiénes van a conducir la recuperación económica en la pos pandemia, cómo se diseñara la redistribución del ingreso y qué sectores de clase tendrán ventaja a la hora de imponer su hegemonía político-ideológica en el país que viene. 

Sordamente, los conflictos en curso trazan fronteras que rebalsan la grieta y proyectan connivencias e intereses que atraviesan la coalición que sostiene, con variado entusiasmo, al gobierno que encabeza Alberto Fernández. En este punto, vale recordar la famosa afirmación de Daniel Santoro, un artista e intelectual peronista de aguda inteligencia política, que sostiene que el peronismo no tiene límites porque es de arena.

Liberando a Alberto

El pasado domingo, un diario hostil al gobierno anunciaba en uno de sus títulos: “La CGT sale al rescate de Alberto Fernández”. La nota revelaba que la central obrera “condicionó su alianza con Alberto Fernández”. ¿Condicionó a qué?, se preguntaría cualquier lector. El mismo texto daba una pista al revelar que José Luis Lingeri, sindicalista de AySA devenido empresario, al retirarse de un encuentro de seis dirigentes de la CGT con el Presidente en Olivos, habría dicho que “está claro que hay dos agendas: la de Cristina y la de Alberto, que no sabemos cuál es”. 

De modo que la burocracia sindical se propone, al igual que los columnistas de La Nación y Clarín que fungen de ideólogos de la oposición polirrubro, redimir al Presidente del dominio de su vice, aunque, según el día y sus circunstancias, también suelen dar esa causa por perdida. También el hijo de CFK cae en la volteada, según esta muy difundida cita. “La CGT exigió reactivar el músculo productivo del país cuanto antes y advirtió que, “a pesar de que a Máximo Kirchner no le guste”, avanzará en el trazado de una hoja de ruta con la Asociación Empresaria Argentina (AEA).”

No es un secreto que la mayoría de la cúpula de la CGT cultiva una alianza letal para los derechos de los trabajadores con la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que agrupa a los dueños y representantes del gran capital, entre ellos dos CEO de peligro, Paolo Rocca (Techint) y Héctor Magnetto (Grupo Clarín). Con esa gente la burocracia sindical firmó hace unos días un documento que exige reducir impuestos y el gasto público, y reivindica “el rol de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el desarrollo y la necesidad de emerger de la actual crisis”. 

El gobierno, en cambio, parece seducido por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un conglomerado de 57 cámaras y entidades de la cadena agroexportadora, que presentó un plan para producir un salto en las exportaciones de 65.000 millones de dólares a 100.000 millones, además de generar 700 mil empleos adicionales”. Aunque afirman que se haría sin subsidios, piden que “haya durante cinco años beneficios impositivos como amortizaciones aceleradas, devolución de IVA y rebaja de aranceles de importación, un régimen de beneficios que estaría vigente durante diez años”.

Pese a que allí predominan los que apoyaron sin mohines al gobierno de Mauricio Macri, como la poderosa Cámara Agroindustrial Argentina que presiden Gustavo Idígoras y su vice, José Martins, el Consejo le trajo un regalo al gobierno: la virtual división de la Mesa de Enlace y el aislamiento de las entidades que agrupan a los que producen y exportan soja sin valor agregado, que mantienen posiciones de beligerancia con el gobierno, en buena parte alentadas por dirigentes rurales de Juntos por el Cambio que subordinan todo a la estrategia de derribar a Alberto Fernández lo antes posible. 

Precisamente, en la Casa Rosada esperan que la agroindustra liquide una suma importante de divisas, alentada por la rebaja de retenciones del sector. Mientras, como en estos ámbitos nadie regala nada, siguen las presiones para llevarlas a cero “en un plazo razonable”.

Táctica y estrategia

La gestión oficial de la crisis tiene avatares en los que colisionan los grandes trazos estratégicos enunciados por el gobierno con la pragmática a la que empujan la pandemia y la crisis económica y social. La necesidad imperiosa de reforzar las reservas del Central llevó a aplicar una rebaja temporal a las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados, y también a las de otros sectores de la  industria, la energía y la minería. 

Las medidas, contrarias a la filosofía del Frente de Todos, han causado descontento en las filas propias, ya que la disminución de los derechos de exportación de los alimentos trae consigo un inmediato aumento en los precios internos, que de hecho están en constante alza. Para peor, la baja de retenciones se haría extensiva a la carne, con iguales efectos en la canasta social.

Desde sus inicios, el gobierno ha proclamado que la recuperación de la producción y el trabajo se sostendrá en una fuerza plebeya integrada por los trabajadores de todas las ramas, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y los movimientos sociales, con la tácita exclusión de la economía de la especulación, el fraude fiscal y la evasión. 

A esos sectores populares se orienta el diseño de apoyo fiscal y crediticio contenido en el Presupuesto 2021, que pone el acento en la promoción de las pymes, la obra pública y la inversión social. Allí está el proyecto que esperanzó a más de la mitad de la Argentina. 

Entretanto, el gobierno y el Frente de Todos atraviesa una etapa de fuertes tensiones internas, no sólo por las forzadas decisiones económicas sino también por otras, como el voto argentino a la resolución de las Naciones Unidas que condena la situación de los derechos humanos en Venezuela. 

En algunos atentos observadores extranjeros causó menos extrañeza que el gobierno haya apoyado el informe Bachelet que la enérgica reacción de una gran parte del Frente de Todos, para la que, menos que Maduro, cuenta la memoria legendaria del amigo entrañable de Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez. 

Lo que sorprende es que en pocos países hay partidos políticos y tan amplios sectores populares que se involucren apasionadamente por una cuestión que atañe a otra nación. La singularidad radica en la creciente comprensión de que el destino de América latina, de sus gobiernos y movimientos populares, está indisolublemente ligado por la ofensiva de la derecha en todo el subcontinente.

Con la Plaza vedada por la pandemia, el peronismo todo espera restañar heridas y hacer una demostración de fuerza y unidad en el acto del Día de la Lealtad, el próximo17 de octubre, que se hará en la Confederación General del Trabajo (CGT) y se replicará en todas las provincias, con las y los gobernadores al frente, y la militancia conectada de manera virtual. Allí se proclamará a Alberto Fernández como presidente del Partido Justicialista.