Fueron 48 los votos que consiguió el oficialismo y sólo 13 legisladores lo rechazaron. El texto normativo deberá ser debatido ahora por la Cámara de Diputados que, por estos días, está concentrado en la discusión del Presupuesto 2017. El pequeño bloque de Cambiemos en el Senado consiguió el respaldo opositor para aprobar el proyecto de ley que crea un régimen de Participación Pública y Privada para la construcción de obras públicas.
El oficialismo busca con cierta desesperación la llegada de inversiones extranjeras. La demora, entienden, está en la ausencia de legislación que les facilite la tarea en el país. A partir de allí es que propusieron una iniciativa que implementa un nuevo mecanismo que permite que sectores públicos y privados se asocien en la realización de las obras de infraestructura y de servicios. Según los legisladores del oficialismo será el sector privado el que asumirá los riesgos y las responsabilidades de gestión. Algunos senadores de la oposición no creyeron en esta propuesta pero apenas consiguieron ser 13 para votar negativamente el texto normativo.
Según el presidente de la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, el peronista correntino Carlos Espínola, el proyecto es una herramienta que podría permitir más obras de infraestructura. Se valió de las necesidades de su provincia para justificar el respaldo al proyecto al sostener que con esta ley se podrán realizar nuevos puentes, autovías, nuevos puertos y generación de energías sustentables.
El proyecto sufrió varios cambios, incluso durante su tratamiento en el recinto. De hecho Espínola remarcó la incorporación de la Auditoría General de la Nación como organismo de contralor externo.
Durante el debate hubo dos tipos de discursos críticos. Aquellos que marcaron las falencias y por lo tanto votaron en contra y los otros que a pesar de los gruesos errores terminaron por respaldar el texto. Entre los primeros estuvo el neuquino del FPV, Marcelo Fuentes, quien aseguró que el proyecto busca allanar todo el sistema de prevención que la administración pública tiene en torno del dinero para privatizar el derecho administrativo con el único objetivo de permitir que los negocios se realicen con determinadas corporaciones y nuestra leyes de control financiero no operen. En el mismo sentido se expresó el senador bonaerense por el GEN, Jaime Linares, quien señaló que la ley garantiza la rentabilidad de los emprendimientos y habilita que el Estado participe del financiamiento sin que quede claro cuál será el riesgo empresario. Fernando Solanas de Proyecto Sur también habló en esa misma línea al sostener que el proyecto es una vuelta atrás impresionante, es entronizar el Estado bobo y la imbecilidad de los argentinos.
El senador por Salta, Juan Carlos Romero, a diferencia de sus colegas, se ubicó entre los críticos pero que votan a favor. Por caso, comenzó pidiendo que no se privatice el modelo de desarrollo del país porque todo aquel que quiera hacer una inversión en base a la rentabilidad buscará que sus obras se realicen en la zona centro y no en el norte argentino, dijo con mucha razón. Es más, el salteño afirmó que esta ley centraliza recursos y los puestos de trabajo e impuestos que se conseguirán serán concentrando en la zona central del país. De todas formas, dijo que no piensa obstruir y por eso terminó votando afirmativamente.
El oficialismo sabía que el proyecto iba a llegar a buen puerto porque está inspirado en un decreto, el 967 de 2005, que lleva la firma del entonces presidente
Néstor Kirchner y que instrumentó un régimen que facilitó la participación del sector público y el privado en las obras de infraestuctura. Ello no evitó que entre las críticas se colara la posibilidad que la resolución de conflictos se realice en tribunales internacionales. El diferendo fue zanjado por el presidente del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto. Para alegría del oficialismo el senador por Río Negro fungió de abogado defensor, de hecho en un pasaje de su discurso reconoció que estaba actuando de esa manera, cuando recordó que las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, que se construyen en Santa Cruz con capitales chinos tienen prórroga de jurisdicción en Londres, porque era imposible sino lograr el financiamiento. Son las reglas del juego a nivel mundial, advirtió. Luego, respondiendo a sus compañeros de bloque que se opusieron a la iniciativa, dijo que las inversiones que podrían verse favorecidas con este proyecto seguramente van a ser en el área de transporte, energía, rutas y no mucho más . Por si quedaban dudas, reiteró que es preciso esperar para ver si con esta modalidad llegan las inversiones y destacó que nuestro gobierno, con Néstor Kirchner, lo intentó con el decreto 967. O sea, no hay nada nuevo en esta ley, concluyó el abogado defensor.
