El oficialismo en Diputados se prepara para meterse de lleno en el temario de proyectos propuestos por Alberto Fernández en el marco de las sesiones extraordinarias. Las iniciativas de la cartera económica que preside Martín Guzmán serán la prioridad.

La semana que viene habrá una reunión en la que se definirá cómo será el trabajo parlamentario en la Cámara Baja que preside Sergio Massa -que sesionó hasta el 30 de diciembre- y que volvería a reunirse el próximo miércoles 20. Luego de sancionar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, los diputados se tomaron un respiro de verano ya que deberán retomar sus tareas en los próximos días para meterse de lleno en los temas que el Ejecutivo propuso por decreto para el periodo de extraordinarias que formalmente comenzó el 4 de enero y que finalizará el 28 de febrero.

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De los 27 proyectos de ley mencionados en el temario, el Congreso convirtió 7 iniciativas en leyes: la despenalización y legalización del aborto; el Programa de los Mil Días; la nueva fórmula de movilidad jubilatoria; la creación del aporte solidario para las grandes riquezas; el recorte de la coparticipación a la Ciudad por la transferencia de la Policía; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y un permiso para que el presidente pueda ausentarse del país durante el 2021.

Fuentes del bloque del Frente de Todos informaron a Tiempo  que por pedido de la Casa Rosada la prioridad es tratar el paquete económico elaborado por Guzmán. Una ley  fundamental es la de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda. Tiene como objetivo que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el presupuesto deba ser autorizada por el Parlamento. El proyecto fue aprobado por el Senado el último día del período ordinario pero resta su tratamiento en Diputados.

Otra iniciativa es la que propone implementar medidas de incentivo de carácter tributario para fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en moneda nacional. Se introducen modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto a los Bienes Personales. Por otro lado está el proyecto que busca incentivar la reactivación económica enfocada en la actividad de la construcción, tras la caída que produjo la pandemia. El proyecto fue presentado en la Cámara Baja el 21 de octubre del año pasado. Establece beneficios impositivos para promover la inversión en la construcción de nuevas obras privadas. Otro proyecto es el que establece la creación de un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario para brindar sustentabilidad al sistema.

Dos temas que trabajaron todo el 2020 los legisladores también están en la agenda del Ejecutivo. Uno es el proyecto de etiquetado frontal de alimentos que establece que aquellos productos con exceso de sodio, azúcar y grasas, deberán llevar un sello de advertencia negro en sus envases con el propósito de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición.  El texto fue aprobado por el Senado el 30 de octubre pero quedó pendiente su tratamiento en Diputados. Allí fue analizado por cuatro comisiones y tiene algunas observaciones como que el articulado no prevé el sistema de armonización con el Mercosur, por lo que sería modificado.

También quedó para extraordinarias el proyecto de Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que cuenta con dictamen de comisión.  La iniciativa eleva progresivamente el presupuesto destinado a este sector pasando del 0,28% del PBI en 2021 al 1% en 2032. El proyecto se iba a tratar en la última sesión ordinaria de Diputados pero se propuso posponerlo debido a que la sesión se extendió por muchas horas, tras una catarata de cuestiones de privilegio planteadas por Juntos por el Cambio.

La agenda judicial está dentro del temario presentado por el Ejecutivo. Sin embargo,  según las fuentes consultadas por Tiempo, no serán temas que se discutirán en el verano sino luego del inicio del periodo de sesiones ordinarias 2021, que inaugurará Alberto Fernández el primero de marzo. Dos proyectos de mucha importancia quedarán pendientes para ese momento. Uno: la modificación de la ley del Ministerio Público,  que acota el mandato del Procurador General a cinco año y baja el piso de votos necesarios para su designación. La lleva a la mitad más uno de los senadores lo que facilitará al Frente de Todos a poder desplazar al actual interino Eduardo Casal. Dos: la denominada reforma judicial que propone una sola organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Capital Federal. Los dos proyectos fueron aprobados en el Senado, ahora falta Diputados donde el oficialismo no tiene mayoría sin alianzas.