El Senado sancionó, con el apoyo de la oposición, el proyecto de Ley de Góndolas, que busca ordenar la distribución de los productos en los supermercados y favorecer a las pymes y a las economías regionales, en el marco de la política gubernamental para combatir las subas de los precios de los alimentos.

La senadora del Frente de Todos, Ana Almirón, que preside la comisión de Legislación General y fue la encargada de exponer los argumentos en favor de la iniciativa, destacó la necesidad de sancionar la ley en “un momento muy complejo del país en el que está en juego la pobreza y el hambre”. “Es una deuda pendiente, en un momento complejo donde el precio de los alimentos tiene impacto en la economía de las familias”, sostuvo la legisladora por Corrientes en representación del oficialismo. Almirón también cuestionó la posición del sector empresarial “que se aprovechan, dijo, del hambre de los argentinos”, con decisiones que impactan en la suba de precios.

Desde la oposición, el interbloque de Cambiemos objetó la iniciativa al calificarla de “inocua” y advirtió que ya existen “herramientas” como las leyes de defensa de la competencia y de defensa del consumidor que sirven para controlar la suba de precios, pero que “lamentablemente no se aplican”.

Ernesto Martínez, senador de Cambiemos por Córdoba, dijo que la ley “es puro eslogan y marketing” y afirmó que la norma “no sirve absolutamente para nada”, mientras que su par, Esteban Bullrich, adelantó que se abstendría de votar a favor y sostuvo que “la mejor manera” de solucionar el problema “es bajando impuestos” como el IVA.

El senador Alberto Weretilnek, de Juntos Somos Río Negro, adelantó el apoyo a la normativa pero también la cuestionó, al entender que “no va a garantizar una mejora en el precio de los productos” ya que “es una ley “que se queda por la mitad”.

“Abunda en lo que ya tenemos, pero va a generar innumerables conflictos en la aplicación”, declaró en alusión a las críticas de los supermercadistas sobre las dificultades de la puesta en marcha de la medida en las góndolas de los supermercados.



Los puntos principales 

Entre sus puntos principales, la normativa determina que los establecimientos deberán garantizar un 25 por ciento de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5 por ciento adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y sectores de la economía popular.

La ley, que deberá implementarse en un plazo de 60 días, alcanzaría a trece empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26 por ciento de la cadena comercial del país. Los almacenes, autoservicios chinos y kioscos -canales de venta que concentran alrededor de 70 por ciento de las ventas minoristas-, quedarán excluidos, establece la normativa.

La ley comprende a los supermercados e hipermercados que cuenten con más de 50 bocas de expendio en todo el país.

El objetivo de la normativa es fomentar la competencia, permitir el ingreso de nuevas marcas y lograr una diversidad y baja de precios en beneficio del consumidor, explicaron fuentes parlamentarias y oficiales.