Es curioso que el motivo de las recientes protestas en Cuba fuera –según sus hacedores– la política sanitaria del gobierno de Miguel Díaz-Canel frente a la pandemia global, cuando ese país es uno de los pocos del mundo que produce su propia vacuna contra el Covid-19. Y pese al bloqueo norteamericano que, desde 1962, impone en la isla dramáticas condiciones socio-económicas.

Con el correr de las horas, mientras los alborotos se extendían en varias ciudades cubanas de modo presuntamente “espontáneo” –según cierta prensa internacional–, saltaba a la luz la mano propiciadora de una campaña virtual lanzada desde el exterior, mediante la utilización intensiva algoritmos, robots y cuentas recién creadas para la ocasión, entre otros estímulos más clásicos.

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En paralelo, irrumpía en escena la ex presidenta de Chile y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. “Estoy muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas”, fueron sus palabras al respecto.

Lástima que no tuvo tal consideración durante su segunda presidencia, cuando acordó con su colega argentino, Mauricio Macri una remake del “Plan Cóndor” contra la etnia mapuche en ambos lados de la Cordillera.

Ese proyecto de –diríase– “genocidio light” contó con la participación de nuestra inefable Patricia Bullrich. Pero nadie vaticinó su final de comedia.

En este punto hay que retroceder al 27 de junio de 2017, cuando Macri visitó a Bachelet en el Palacio de la Moneda ofreciéndole resolver con suma urgencia la extradición de Facundo Jonas Huala, el referente argentino de los mapuches, con pedido de captura en Chile por supuestos actos terroristas.

Ese mismo día fue detenido por la Gendarmería en la Ruta 40 y llevado a la cárcel de Bariloche. Eso causó una escalada de fricciones entre mapuches y uniformados que derivó, nueve semanas más tarde, en el asesinato de Santiago Maldonado.

Lo cierto es que desde mediados de 2016 existía un profuso intercambio de información entre los servicios de inteligencia chilenos y locales para poner en marcha la ilusión del “enemigo interno” en ambos lados de la Cordillera. A saber: la espectral Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en la Patagonia, y la no menos brumosa Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en la Araucanía. De manera que sus principales ciudades empezaron a llenarse de espías y policías.

Así se llegó al 29 de septiembre de 2017. Aquel día hubo un sorpresivo y misterioso cónclave bilateral en el Palacio San Martín de la Cancillería. Por el país vecino asistió una delegación chilena presidida por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, e integrada por el embajador José Viera Gallo y tres funcionarios de menor rango. Por la parte argentina estuvo la ministra Bullrich y su plana mayor, Gerardo Milman, Pablo Noceti y Gonzalo Cané. La razón del encuentro era un asunto muy delicado.

Una semana antes se produjo en los alrededores de la ciudad chilena de Temuco el espectacular arresto de ocho “extremistas” de la CAM, incluido su líder, Héctor Llaitul. Se los imputaba de atentados incendiarios, entre otros actos sediciosos. La acción, bautizada con el criterioso nombre de “Operativo Huracán”, fue un logro de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR) por orden del doctor Jorge Abott, de la Fiscalía de la Araucanía.

Gran alarma supo causar la revelación de conversaciones por WhatsApp entre los detenidos sobre la posible importación de armas desde la Argentina. Uno de aquellos audios se refería a “seis escopetas, diez revólveres, 12 pistolas, dos fusiles de asalto 250 cartuchos y 550 balas calibre 9 milímetros”. Esa charla, atribuida a un tal “Matute” con alguien apodado “El Negro”, hasta hablaba de un presupuesto de “900 lucas”.

Ese era el tema tratado en el Palacio San Martín. A la señora Bullrich se le hacía agua en la boca. Y sin que le temblara la voz, dijo tener “información coincidente” con tales datos. Argentinos y chilenos acordaron entonces cerrar los pasos fronterizos, junto con otras medidas de excepción.

Parte de tal soporte probatorio fue incorporado –como cosecha propia– al famoso protocolo de 180 páginas redactado por especialistas del Ministerio de Seguridad sobre la “subversión mapuche” en la región.

Su letra también incidió en la creación de un “comando unificado” entre las fuerzas federales de seguridad y las mazorcas de Neuquén, Chubut y Río Negro, en base a un convenio de la ministra con sus pares en esas provincias, Jorge Lara, Gastón Pérez Estevan y Pablo Durán.

Pero en Chile esa pesquisa dio un giro inesperado. El 11 de diciembre el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, envió al fiscal Abott una grave acusación contra una asistente de la Fiscalía, la doctora Mónica Palma, por filtrar hacia la CAM datos de la causa. Ella –según el documento policial– mantenía un vínculo amoroso con un- activista mapuche. Pero el asunto era en realidad un tiro por elevación contra el fiscal de Alta Complejidad de la Araucanía, Luis Arroyo, quien no era del agrado de la DIPLOCAR.

El tema desembocó en una situación impensada: tras una denuncia del fiscal en el Juzgado de Garantías de Temuco, no solamente se comprobó que las escuchas que acompañaron la denuncia policial –efectuadas bajo el amparo de la Ley de Inteligencia– eran fraguadas sino que la investigación misma del “Operativo Huracán” era un fraude, ya que, según los peritajes, los registros de WhatsApp y demás grabaciones telefónicas habían sido manipulados con diálogos falsos. De modo que Abott, quien reconoció no haber tenido control sobre los orígenes del material reunido por los instructores policiales, anuló la pesquisa sobre los presuntos integrantes de la CAM y abrió otra causa contra la DIPLOCAR.

No deja de ser aterrador que, en Argentina, la política punitiva hacia los pueblos originarios asentados en el sur patagónico –y que contabiliza, el 25 de noviembre, el asesinato de Rafael Nahuel– estuviera cifrada en aquel embuste.   

En Chile, el escándalo fue bastante sonado. Pero para la señora Bachelet no tuvo graves consecuencias, ya que tuvo la fortuna de finalizar su mandato en marzo de 2018, y la cuestión se fue diluyendo. 

Siete meses después asumió su cargo en la ONU.

Total normalidad . «