Quienes denuncian no son políticos. No son oficialistas. No son opositores. Son los mismos funcionarios judiciales que forman parte del Ministerio Público de Acusación de Jujuy que, según se aprecia en la propia denuncia, funciona como brazo ejecutor y persecutorio del gobernador Gerardo Morales. La primera víctima de esa práctica fue Milagro Salas. Pero la presentación de los propios funcionarios sugiere que hubo más.

El último jueves 4 de julio fue recibida en el Superior Tribunal de Justicia la denuncia de la Secretaría del Ministerio Público de la Acusación, Agustina Daniela Aramayo, quien acusa a su superior, el fiscal general Sergio Lello Sánchez «por las conductas de mobbing laboral y violencia de género».

«El Dr. Sergio Lello Sánchez me hace una propuesta para que le haga ‘una cama’, hablando vulgarmente, al fiscal de Menores, Dr. Mario Ríos, porque querían echarlo, ante lo cual me negué. Entonces las medidas en mi contra se agudizaron», afirma Aramayo en su presentación, donde se detallan, además, presuntos tratos humillantes y prácticas misóginas.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

La abogada no fue la única. El secretario del Ministerio Público de la Acusación, José Mateo Montiel, denunció a Lello Sánchez por «conductas extorsivas pretendiendo doblegar a todos los que trabajamos a que actuemos de acuerdo a sus caprichos e intereses personales. De lo contrario sufriremos sus consecuencias que están a la vista en las decisiones contradictorias, inconsistentes, infundadas e irregulares que adopta con diferencia de horas».

En la denuncia ante el Tribunal Superior, el funcionario sostiene que se lo persigue por su vínculo con la fiscal Liliana Beatriz Fernández de Montiel  (su madre, quien llevó una de las causas contra Milagro Sala). Si bien la fiscal fue nombrada por Lello Sánchez en 2016, las diferencias con su jefe escalaron hasta volverse insostenibles.

En su presentación, Montiel describe un episodio de maltrato supuestamente provocado por su negativa a cumplir órdenes arbitrarias del fiscal general. «Pendejo de mierda, ¿quién te crees que sos? Te voy a hacer mierda. Tengo el poder de hacerlo. ¿Qué es lo que vas a contar de la fiscalía general? Te voy a cocinar a sumarios. Vos no sos nadie», cuenta Montiel que le dijo Lello Sánchez durante una reunión celebrada el 19/6/2019 a las 9:30, en el despacho del fiscal general.

En su escrito el denunciante solicita copia de las cámaras de seguridad de los pasillos y las que se encuentran en el interior del propio despacho del fiscal. Montiel también ofrece como prueba los mensajes de texto entre su madre y el propio procurador general: «Enterada mi madre de esta pesquisa alocada orientada a perjudicarme, es que envía mensajes de WhatsApp al Dr. Sergio Lello en los cuales le imponía de lo absurdo de todo lo sucedido, a lo cual él mismo le contestó ‘bueno, ya lo arreglo'». El denunciante pone a disposición el celular de la Dra. Liliana Beatriz Fernández de Montiel a los fines de su certificación, como también su testimonio.

El procurador acusado fue nombrado por el gobernador Gerardo Morales apenas accedió al poder. Su polémica tarea al frente de la procuración general alarmó incluso a organismos internacionales de DD HH, quienes cuestionaron la aplicación abusiva de la prisión preventiva y otros métodos de persecución parajudicial.

Una posible víctima de esas prácticas fue Débora Juárez Orieta de Bracamonte, actual diputada provincial y exaliada de la coalición que gobierna Jujuy. La legisladora denunció que fue perseguida por su negativa a acompañar el endeudamiento provincial.

La sesión que debía aprobar que se tomara deuda pública por encima del 20% de la coparticipación se convocó para el 13 de diciembre de 2018, a las 16 horas. Unas horas antes, una delegación policial allanó el domicilio de la diputada oficialista Bracamonte, quien había anticipado su voto negativo. Los medios cercanos al gobierno provincial arribaron junto a los funcionarios judiciales y transmitieron en vivo, a modo de escrache, el operativo de allanamiento. La legisladora asegura que no había causa judicial alguna que motivara el operativo, y afirma que las amenazas a ella y su familia continúan hasta hoy. «Se trata de defender las instituciones. La justicia debe ser igual para todos. Se meten con nuestros hijos», afirmó la diputada.

La Asociación de Abogados de Jujuy manifestó su preocupación por la institucionalidad del Ministerio Público de la Acusación y exigió una investigación seria e imparcial por la falta de transparencia, el autoritarismo y las arbitrariedades denunciadas por los propios funcionarios del Ministerio Público. El caso quedó en manos del Tribunal Superior, cuya mayoría fue integrada por nombramientos realizados por Morales. «