Diputados de los distintos bloques opositores reclaman que el Congreso retome sus facultades de control en el proceso de toma de deuda que el Poder Ejecutivo lleva adelante con un ritmo inusitado luego del pago a los fondos buitre, momento en el que también se votó la creación de la comisión bicameral para el control de la deuda externa y que nunca fue integrada. También, desde el año pasado duerme el proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado y que este miércoles intentará ser revivido por la Cámara Baja, con pocas esperanzas, que propone que cada toma de deuda tenga el aval del Congreso.

El proyecto de ley de modificación de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo no podrá realizar operaciones de crédito público ni reestructurar deuda pública sin previa autorización por ley especial del Congreso nacional, fue presentado por Adolfo Rodríguez Saá y votado por unanimidad en el Senado en abril de 2016. Hasta ahora nunca pudo ser tratado ni siquiera en comisión, aunque cumple con el requisito de tener el mínimo de las firmas de tres integrantes. Por eso desde el Bloque Justicialista impulsaron el pedido de sesión especial para este miércoles.

Las argucias de Cambiemos son claras: siempre llama a plenario de comisiones conjuntas y no solo de Presupuesto y Hacienda, cuyo presidente es Luciano Laspina del PRO. El oficialismo también muestra buena muñeca a la hora de esquivar la integración de la bicameral, ya que los presidentes de ambas cámaras lo dilataron desde la autorización del pago a los fondos buitre hasta ahora. De este modo, el Ministerio de Finanzas tiene rienda suelta para tomar deuda sin dar cuenta del monto, ni de la tasa, ni del plazo ni del destino de su utilización.

«Llama mucho la atención que Diputados lo tenga frenado, la comisión de Presupuesto no quiere ni siquiera dar debate. La ley posibilitaría en cada una de las operatorias, analizar el monto, el tipo amortización, el plazo, el destino, la tasa», sostuvo a Tiempo Pablo Kosiner (BJ). «No nos oponemos a que Argentina tenga acceso al crédito internacional, pero queremos saber en qué condiciones fue tomado este crédito a 100 años a una tasa tan cuestionada», argumentó. Su par de bloque, Diego Bossio, criticó el bono a cien años al sostener que «adoleciendo de cualquier margen de responsabilidad, el gobierno no solo obtura el debate sobre un tema de índole estratégica, sino que intenta resumirlo a una cuestión eminentemente técnica, o bien, a manifestaciones políticas que se producen en el marco de una campaña electoral».

Desde el Frente para la Victoria, Guillermo Carmona presentó un proyecto de ley que establece que el endeudamiento público no puede superar el 40% del PBI y traza un límite para el endeudamiento externo, del 30%. «El objetivo es que la deuda pública total del Estado nunca supere el 40 por ciento.» «Son porcentajes exigentes en función de cuidar el desendeudamiento, pero pueden ser discutidos. Es un parámetro objetivo para cada gobierno. Si crece el PBI, crece la posibilidad de tomar más deuda. Incluso la OCDE, donde quiere ingresar Macri, promueve prácticas de endeudamiento moderado, y relaciona las deudas con el PBI. Tiene que haber parámetros objetivos más que una aprobación del Congreso y el más objetivo es el PBI», sostuvo a este diario.

Para Marco Lavagna, del Frente Renovador, «la herramienta más correcta es la bicameral. «Si uno mira el endeudamiento de cada bono los montos no son elevados, pero se ve un proceso que ya no tiene lógica técnica y es preocupante», opinó. «La ley del Senado es compleja ya que cada una de las emisiones debería pasar por el Congreso». «Me preocupa más el rumbo, ante un déficit grande siempre se toma deuda, mientras que hay déficit hay endeudamiento, es necesario corregir el déficit. El peso de los intereses es cada vez más grande, lo que hace que el ajuste sobre el déficit sea cada vez más necesario». «