Organizaciones sociales, ambientales y vecinales realizan la Semana de Resistencia Verde y convocan a una marcha para este miércoles, en rechazo a los proyectos inmobiliarios que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca sancionar en la Legislatura.

El colectivo “Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos» realiza desde el lunes diferentes actividades para denunciar la sanción de las iniciativas, que incluyen los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, Costanera Sur y la modificación de códigos urbanísticos para ratificar los convenios entre el Gobierno porteño y constructoras privadas, que habilitan torres en ocho barrios.

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Este miércoles, Juntos por el Cambio aprovechará la mayoría que aún conserva en la en parlamento local para sancionar estas leyes que tienen un fuerte impacto en las tierras costeras y le dan beneficios a los desarrolladores. En ese contexto, este miércoles se realizó una sentada frente a las oficinas del Grupo IRSA, la empresa que intenta construir edificios de hasta 145 metros de altura en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur. Vecinos y vecinas se acercaron hasta la calle Della Paolera al 200, con cartulinas y banderas verdes. Además, se realizarán actividades en distintas comunas que incluyen festivales, jornadas de concientización, bicicleteadas, y semáforazos.

La ingeniera civil y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Koutsovitis, sostuvo que las jornadas buscan visibilizar “el impacto de los proyectos y poder frenar el colapso definitivo”.

“El oficialismo intentará aprobar once convenios urbanísticos sin ningún tipo de evaluación de impacto. Consisten en la construcción de torres en diferentes barrios. Van a terminar colapsando la infraestructura de los servicios públicos. Además, las inundaciones de este domingo en la Ciudad no solo ponen en evidencia la falta de políticas hídricas adecuadas sino también el negacionismo de la crisis climática por parte del poder político. Los emprendimientos inmobiliarios de Costa Salguero y Costa Urbana no sólo van a incrementar la frecuencia de inundaciones sino que van a generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles”, le dijo Koutsovitis a Tiempo.

A diferencia de la propuesta oficial de rezonificar las tierras públicas de Costa Salguero para habilitar la construcción privada de edificios de lujo, las agrupaciones proponen un parque público que ya recolectó 53.000 firmas. Desde el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, rechazaron los proyectos. Indicaron que vulneran derechos y ponen en riesgo y empeoran la calidad de vida, la salud y el ambiente en la Ciudad de Buenos Aires. La integrante de la agrupación María José Leveratto recalcó que no se tuvo en cuenta la opinión de la población.

“Se van a tratar con un trámite express proyectos de un impacto ambiental y urbano inmenso sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía y poniendo en riesgo el futuro de todos los que habitamos. Más de 53.000 firmas respaldando una iniciativa popular representa que los porteños y porteñas, más allá de ideologías políticas y de partidos, reconocemos la necesidad de recuperar nuestro Río de La Plata y la falta de espacios verdes en la ciudad”, le dijo a este diario Leveratto.

Además, este miércoles se presentó una carta en la Legislatura que lleva la firma de más de 700 arquitectas y arquitectos en los que se pide el archivo del proyecto de Costa Salguero. Allí sostienen que proponen una muralla física y simbólica que divide a la ciudadanía del río y que incluye un sector de parque aislado de la ciudad por una barrera de construcciones de hasta 10 pisos.

“Ese parque se transforma así en ‘patio trasero de construcciones de lujo, con la vista verde y el horizonte bloqueado para el resto de la ciudadanía. La materialización de este proyecto anula el disfrute del horizonte y del espacio verde visto desde la Avenida Costanera, como ha sido tradición en la historia de la Ciudad”, describe el texto.

Otro de los proyectos que se debaten el jueves es la Ley del Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras, para edificaciones realizadas en contravención, que es considerada como el “blanqueo miles de metros cuadrados construidos por fuera de la norma”.

El abogado ambientalista y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que es “un proyecto muy negativo porque legaliza construcciones a sabiendas que se estaban violando la capacidad constructiva de esos terrenos”. “Se va a autorizar la legalización de edificios de hasta 2500 metros cuadrados. Estamos hablando de empresas que construyeron por sobre lo que establece la planificación de la Ciudad. Estos cuatro jinetes inmobiliarios van a venir a incrementar el colapso de la Ciudad, a destruir su identidad”, dijo en diálogo con este medio.

“Esto demuestra que la Legislatura se encuentra capturada por el poder económico inmobiliario y financiero. Estos proyectos inmobiliarios implican la pérdida definitiva de grandes sectores de la costanera porteña. También implica someter la planificación de la Ciudad a la especulación inmobiliaria. Se va a votar un proyecto con once convenios urbanísticos, once torres distribuidas en los barrios que tienen mayor valor del suelo. Consisten en excepciones inmobiliarias para aquellos que tienen plata para pagar estas modificaciones normativas. Son excepciones a la planificación con nombre y apellido. La planificación se desplanifica para aceptar que ya no esté gobernada por normas generales sino se transforma en una acumulación de excepciones”, agregó Baldiviezo.