Corren los primeros días del otoño de 1962. Tras la salida forzada de Arturo Frondizi, José María Guido está a cargo de la presidencia provisional sostenido por los generales “colorados”. El derecho a huelga y la actividad política de los dirigentes sindicales se encuentran limitados. Álvaro Alsogaray es el responsable de la cartera de Economía y Trabajo; desde allí promueve la creación de sindicatos por empresa y ejecuta un programa liberal que favorece el traslado de ingresos desde las clases productoras hacia la oligarquía agraria y comercial. El desempleo crece y se suceden las quiebras de aquellas empresas que tomaron deuda en el exterior durante la malograda gestión de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente).

Pese a todo, comienza a quedar atrás el repliegue obrero que comenzó en 1959 tras las derrotas del conflicto por la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre y de las huelgas bancaria, textil y metalúrgica por medio del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado). En mayo el sindicalismo peronista golpea con un paro general. En julio las 62 Organizaciones lanzan el programa de Huerta Grande. Un mes después los sindicatos convocan a un nuevo paro y, a las tres semanas, desaparece el delegado metalúrgico Felipe Vallese. La Argentina escenifica desde hace tiempo una contienda pareja, cambiante.

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Para el verano de 1963 ya hay una guerrilla rural operando en Salta, el Ejército Guerrillero del Pueblo conducido por Jorge Ricardo Masetti. En enero y febrero –en el marco de un desplazamiento del poder hacia los oficiales “azules”- tiene lugar el Congreso Normalizador de la Confederación General del Trabajo (CGT) por cuya realización la “Comisión de los 20” viene pujando desde el año 61. De allí emergen un Secretariado y un Consejo Directivo híbridos, conformados por las 62 Organizaciones Peronistas (textiles, metalúrgicos, mecánicos, etc.) y los llamados Gremios Independientes (comercio, gráficos, viajantes, UPCN, municipales, etc.), de orientación clasista o apolítica.

El primer grupo congrega a la mayoría de los gremios industriales y constituye el brazo político del sindicalismo peronista, que cuenta entre sus figuras a Augusto Vandor, José Alonso (secretario general de la central obrera), Amado Olmos, Andrés Framini y Avelino Fernández. Este último, desde la secretaría gremial y de interior, llevará adelante la normalización de 95 regionales. Los sindicatos nucleados en el MUCS (Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical), de perfil comunista, quedan dentro de la central pero no integran su conducción. Al margen de este reagrupamiento se ubican los 32 Gremios Mayoritarios Democráticos, que tienen como denominador común un marcado antiperonismo.

El Congreso reunido aprueba los estatutos, emite un documento (“Hacia el cambio total de estructuras económicas”) que retrata la entrega del país posterior a 1955 y un pliego de reclamos que apunta, fundamentalmente, a la recuperación de la soberanía popular y el fin de las proscripciones, la libertad de los presos políticos, la derogación de los instrumentos represivos, la rehabilitación de las personerías gremiales, la defensa del empleo, la cogestión obrera de las empresas, las leyes protectoras de la mujer trabajadora, el aumento de salarios, jubilaciones y pensiones en simultáneo con el control de precios y, finalmente, “el cambio total de las estructuras, dando real participación a los trabajadores en todos los órganos de conducción de la vida económica de la Nación” y la implementación de una reforma agraria profunda “basada en un orden de distribución regido por el principio de la tierra para quienes la trabajen”.

Semana de protesta

La nueva conducción cegetista pasa a la acción y convoca a una semana de protesta para fines de mayo que combina diferentes medidas y que cierra con un paro general el día 31. Es el primer escalón de un Plan de Lucha que constará de cinco etapas y se prolongará hasta noviembre de 1965.

El 7 de julio Arturo Illia gana las elecciones nacionales con el 23% de los votos. El segundo lugar lo ocupan los más de tres millones de votos en blanco del movimiento proscripto. En agosto el Movimiento Nacionalista Tacuara asalta el Policlínico Bancario y da inicio a la guerrilla urbana en la Argentina. Por aquellos días el sindicalismo peronista declara fraudulentos los comicios que dieron ganador al candidato de la UCRP (Unión Cívica Radical del Pueblo). El vínculo entre las “62” y el gobierno de Illia, que asume en octubre, está herido de muerte antes de comenzar. El 6 de diciembre la CGT le hace el primer paro y eleva un petitorio de 8 puntos. Semanas más tarde, en la fría noche madrileña del 31 de diciembre, un general exiliado promete que el regreso a su Patria se producirá en los próximos 12 meses.

Así se inicia el nuevo año, la mediatriz exacta de la Resistencia Peronista. En abril el gobierno saca un decreto reglamentario de la Ley de Asociaciones Profesionales que crea un departamento especial para investigar el manejo de fondos en los gremios. En junio sanciona de forma unilateral la ley del Salario Mínimo Vital y Móvil. Ese mismo mes, Vandor le gana a Framini la interna de las “62” y se erige como el sindicalista más influyente del país.

En ese el entorno, en enero la dirección de la CGT reúne consensos y estipula para mayo y junio la segunda etapa del Plan de Lucha consistente en una toma masiva de fábricas, comercios y nodos logísticos. Tras el Congreso Ordinario del 1 de mayo, la central asegura que las medidas se dirigen a “la conquista de mejoras inmediatas e impostergables para la clase trabajadora” así como a “la realización de los cambios estructurales necesarios para que el país ocupe el lugar que naturalmente le corresponde al lado de los grandes y modernos países de la comunidad internacional”.

La forma de lucha tiene como antecedente las tomas realizadas en 1962 y 1963 que no concluyen con éxito. Entre 1973 y 1975 volverá a implementarse esta táctica de manera generalizada; también en Ford en 1985. Pero las de 1964 se distinguen por constituir la primera experiencia de magnitud en acciones de este tipo. Son una formidable demostración de fuerza y capacidad organizativa, así como una suerte de gran ensayo que le permite a los trabajadores conectar con la dimensión de su poder y que, inadvertidamente, cimenta las insurrecciones futuras.

La organización de las tomas es aprobada el 1 de mayo por el Comité Central Confederal y su coordinación queda a cargo del Consejo Directivo. A medida que se acerca la fecha establecida, parte de los Independientes consideran que con su actitud la CGT está acelerando el desgaste de un gobierno que, desde su óptica, ha dado algunas señales favorables para los intereses obreros. Además, estiman que el propósito inconfeso de las “62” es generar las condiciones para el regreso de Perón al país, poniendo a la central al servicio de una causa de índole política con la que no comulga el conjunto del movimiento obrero.

Una lectura parecida hace, poco después, el periodista Mariano Grondona –cercano al sector “azul” del Ejército- quien escribe en Primera Plana: “La vuelta de Perón, con abstracción de que sea una posibilidad racional, ya funciona, pues, como un hecho importante de nuestro panorama político. Ha estimulado el plan de lucha. Y acompaña la reorganización del peronismo como Partido Justicialista bajo el liderazgo de Vandor”.

Aquí vale la pena recordar que para buena parte del pueblo argentino, el regreso del ex presidente equivale a retomar la senda de la liberación nacional y social interrumpida nueve años atrás. Pese a las desavenencias, la medida sigue adelante y, en los hechos, cuenta con la participación de los dos gremios Independientes más voluminosos: Luz y Fuerza y la Unión Ferroviaria.

Un fenómeno urbano

Las tomas se eslabonan en siete operativos realizados durante cinco semanas. Participan 3.913.000 trabajadores y se ocupan un total de 11.000 establecimientos. Ese universo involucra al 75,4% de los asalariados (97,1 % de la rama industrial: 34% metalúrgica y 21,5% textil), mayormente obreros productivos de planta, y al 10% de los establecimientos industriales del país. Este último porcentaje involucra a 92 de las 127 empresas manufactureras que integran el ranking de las 142 compañías más importantes de la Argentina y a 18 de las primeras 20. A su vez, 76 de estas firmas cuentan con más de mil empleados.

El fenómeno es, desde luego, predominantemente urbano. Las tomas son protagonizadas por obreros de planta de la gran industria (no así personal jerárquico, técnico, administrativo, profesional y de mantenimiento), cuyos gremios pertenecen en su mayor parte a las 62 Organizaciones, y afectan especialmente al renglón industrial más concentrado de la Argentina, tanto en número de trabajadores empleados como a volumen de capital y nivel de ventas.

En una primera etapa se producen ocupaciones parciales, de forma zonal y por grupo. En el último tramo se efectúa una toma total y simultánea de 24 horas. A diferencia de años anteriores, su carácter es masivo y de nivel nacional; asimismo cuenta con una dirección centralizada y un programa común.

Los apoyos y rechazos que concitan las tomas en la escena social y política más amplia se reparten del siguiente modo: entre los adherentes aparecen algunas fuerzas de izquierda (como el Partido Comunista y los socialistas de la Izquierda Nacional); grupos de estudiantes que comienzan a desembarazarse del antiperonismo de sus padres y proceden a la ocupación de distintas universidades; sectores populares de la iglesia; el Consejo Coordinador del Justicialismo y sus ramas aledañas; el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Conservador Popular. En paralelo, acompañan las demandas obreras pero no adhieren a la medida el Partido Demócrata Progresista; Oscar Alende de la UCRI; el Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR); el cardenal de Buenos Aires Antonio Caggiano; la Confederación General Económica (CGE) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Entre los principales detractores se cuentan el partido gobernante y todo el universo de fuerzas reaccionarias de la Argentina, así como las organizaciones empresariales más poderosas del país.

Pese a las presiones y los gritos histéricos que llegan desde la órbita privada, el gobierno no ordena la represión (aunque sí procesa penalmente a los dirigentes involucrados) y su autoridad comienza desdibujarse. Es la justicia, cómo no, la que actúa en defensa de la gran propiedad –que, objetivamente, ve tambalear su legitimidad- y manda a las fuerzas de seguridad a desarmar las tomas.

En este marco, los independientes acusan a un sector de las “62” de tramar una conspiración táctica con los militares y empresarios que pretenden deshacerse de Illia, al que ven como un hombre demasiado débil para llevar a cabo los cambios que la Nación necesita.

En agosto, el Plan de Lucha recala en su tercera etapa con la organización de cabildos abiertos que logran singular fuerza en el interior del país. La cuarta etapa, en diciembre, encadena una serie de actos y mitines relámpago en la capital y el conurbano, con el acompañamiento de sectores de la cultura y del movimiento estudiantil. La quinta y última etapa, en julio de 1965, propaga marchas en el cinturón industrial de Buenos Aires y deriva en fuertes choques con la policía. Por la misma época Vandor comienza a desmarcarse de las directivas provenientes de Madrid y queda enfrentado a Alonso, Framini y Olmos; surgen así las “62 Leales a Perón” y las “62 De pie junto a Perón”. Pero eso ya corresponde a otro capítulo de esta historia.

“Quebrar los lazos de la dependencia”

Avelino Fernández, uno de los protagonistas –quizás el principal organizador- definió así a aquella gesta:

“La acción de la CGT no se circunscribía al planteo de los problemas salariales de los trabajadores, sino que trataba de profundizar cuestiones fundamentales como las referidas a quebrar los lazos de dependencia y emprender definitivamente el camino de la liberación nacional. […] El objetivo era que los trabajadores fueran asumiendo un estado de conciencia que permitiera ir profundizando las medidas […]. La toma de fábricas fue la medida más extrema que pudimos tomar. Después de eso ya no nos quedaba nada por hacer, porque de seguir adelante lo único que nos faltaba, prácticamente, era cuestionar el poder. Lamentablemente, poco después sobreviene un período de debilitamiento de la central obrera, a raíz de las luchas intestinas que se dan en el peronismo, fundamentalmente en el campo político, pero que repercuten en el campo gremial”.

Ese hecho fue el intento del sindicalismo de posicionarse como factor de poder dentro de una Argentina entrampada en un áspero equilibrio de fuerzas, con el objeto de alcanzar mejoras económicas y -lo cual implica ir un paso más allá- democratizar el país en todos sus planos. Conquistas parciales o ruptura total con el orden semicolonial, en ese par vibran las polémicas intestinas de un peronismo resistente que, fuera del gobierno, halla dificultades para enlazar ambos términos.

Lo cierto es que el proceso de lucha ascendente se obtura con la frustración del Operativo Retorno en diciembre de aquel año. Coincidimos con la interpretación de que la falta de una dirección política clara y unificada en todo ese primer tramo de la Resistencia traba (en comunión con los esfuerzos del adversario) el éxito de las ofensivas nacional-populares. El año 64 podría leerse como un gozne que abre las puertas hacia un nuevo período. De allí en más los términos del conflicto se desplazan hacia zonas más convulsionadas y radicalizadas, integrando -en una escala mayor- a todos los sectores sociales agredidos por el imperialismo y sus marionetas locales.

A pesar de los límites con que se topa el Plan de Lucha, lo ocurrido entre mayo y junio de 1964 guarda una trascendencia que le es propia, pues como dice Juan José Hernández Arregui: “Toda huelga muestra los dientes de la revolución”. Pero además, creemos que su importancia discurre por los canales subterráneos de la historia y se proyecta hacia los acontecimientos futuros. Desvincular los levantamientos del ciclo 1969-1972 del recorrido previo -durante el cual el movimiento obrero confecciona su experiencia y toma noción de su poder y de su misión- supone desplazar la conciencia y la acción de los pueblos hacia el terreno de la más pura arbitrariedad.