Cinco empresas mineras que operan en la provincia de San Juan denunciaron a los dirigentes del gremio de Camioneros Hugo y Pablo Moyano por el presunto intento de cobrarles 457,5 millones de pesos que ellas consideran que no les adeudan, valiéndose para tal fin de bloqueos de entradas y salidas de camiones de transporte de los yacimientos que explotan. Ni siquiera la mediación que intentó en la sede porteña del sindicato de Camioneros el gobernador sanjuanino Sergio Uñac consiguió destrabar la situación, ni evitar la causa penal que ahora enfrenta a dos poderosos de distintos rubros.

Las empresas Caleras San Juan, Albors, Cefas, Minera Tea y FGH SA formalizaron la denuncia ante la justicia local (aunque la causa sólo ahora tuvo radicación definitiva en los tribunales sanjuaninos) a raíz de una medida de fuerza que realizaron los afiliados al sindicato en agosto del año pasado.

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El Sindicato de Choferes de Camiones formuló un reclamo por más de 457 millones de pesos por supuestos “ajustes salariales y aportes a la obra social y al gremio”. Pero las mineras argumentan que ellas no tienen relación alguna con el gremio, por cuanto no son empleados directos sino que trabajan para empresas que son contratadas para transportar lo que extraen de las minas.

Con un diálogo de sordos como telón de fondo, el gremio de los Moyano realizó entre el 26 y 29 de septiembre de 2016 un bloqueo de ingreso y egreso de camiones a los yacimientos sanjuaninos. Esa fue, según las mineras, una “forma de presión para compeler al pago”.

Una semana más tarde las partes se reunieron en la sede de Camioneros en la Ciudad de Buenos Aires. Estuvieron los Moyano, representantes de las empresas y, como pretenso mediador, el gobernador Uñac. Los líderes sindicales ofrecieron una “rebaja” y anunciaron que darían por saldada la deuda con 150 millones, pero el “no” de las mineras se mantuvo.

Durante una semana, entre el 17 y el 24 de octubre, los bloqueos se produjeron nuevamente y con mayor intensidad. Entonces apareció la denuncia penal. La causa está radicada ante el Primer Juzgado de Instrucción de la provincia de San Juan.

El artículo 158 establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año; el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boicot. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada”.

En diálogo con Tiempo, el secretario general adjunto de Camioneros Pablo Moyano aseguró que, tras un relevamiento realizado en San Juan, detectaron que “el 80 % de los trabajadores está en negro o no se le respeta el convenio colectivo de trabajo”.

“En la mayoría de los casos pagan la mitad del salario en blanco y la otra en negro. Y la que es en negro a veces no se las pagan. Hicimos el relevamiento y presentamos un reclamo retroactivo a los últimos dos años por la diferencia salarias y los aportes”, explicó sobre el conflicto que derivó en varios días de protestas.

“Las empresas fueron compradas por capitales holandeses, mexicanos y chilenos. Si en esos países el gobierno o los gremios permiten la explotación de los trabajadores es problema de ellos, pero acá Camioneros no lo va permitir. Por más que vengan a invertir tienen que cumplir con las leyes. Si esta es la lluvia de inversiones que prometieron mejor que se la lleven. Lo que está claro es que si gana Macri en octubre este es el modelo de flexibilización que quieren imponer”, manifestó.

“Se llevan los minerales, explotan a los trabajadores y encima el Gobierno los premia. Este es un gobierno de CEOs lo venimos diciendo. Que hagan las denuncias que quieran nosotros vamos a seguir luchando. Y esto no pasa solo en San Juan por eso evaluamos un paro nacional en todas las mineras. Porque la situación se repite y los Gobernadores son cómplices”, concluyó.