Otra causa iniciada por denuncia de la ex diputada Elisa Carrió, esta vez contra el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quedó al borde del sobreseimiento parcial por inexistencia de delito. Se trata de 462 planes de pago otorgados por la AFIP para empresas y sectores productivos que, por distintos fenómenos naturales y económicos, atravesaban dificultades que ponían en riesgo la continuidad de las actividades y de los puestos de trabajo.

El fiscal federal Ramiro González pidió el sobreseimiento parcial del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y de 462 personas físicas y jurídicas que estaban siendo investigadas por haber accedido a planes de pago que, según la denunciante Elisa Carrió, habían sido otorgados a “empresas amigas”. El fiscal González determinó, tras un exhaustivo análisis, que las autoridades de la AFIP “socorrieron a la totalidad de contribuyentes mencionados y les otorgaron los planes de facilidad de pago especiales” atendiendo a situaciones excepcionales como, por ejemplo, la erupción del volcán Puyehue.

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“La Ley faculta al ente recaudador a conceder facilidades para el pago de los tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales”, subrayó el dictamen. Los planes concedidos por la AFIP “surgieron como consecuencia de situaciones económicas extraordinarias, de emergencia y/o catástrofes naturales, que sufrieron ciertos sectores trabajadores que les impidieron hacer frente con las obligaciones y deudas fiscales”.  

“Por ello, creemos justificados los planes otorgados y necesaria su desvinculación del presente proceso penal y solicitamos que se dicte el sobreseimiento de las 462 personas físicas y jurídicas mencionadas”, añade el documento. La causa se inició como una derivación de otra denuncia de Carrió en marzo de 2016 contra el Grupo Indalo, que finalmente desembocó en la prisión preventiva de sus titulares, Cristóbal López y Fabián De Sousa, y en un juicio oral que atraviesa su etapa final.

Carrió “solicitó que se investigara la responsabilidad que podría haber correspondido al ex Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Daniel Echegaray, respecto del otorgamiento de planes de pago que habría concedido a empresas amigas durante el período de su gestión a cargo del organismo recaudador -año 2010 a 2015 inclusive”. La investigación permitió determinar que el criterio para otorgar esos planes partían de la base de que “establecidas que sean las dificultades económico financieras de los contribuyentes, (…)  la Le faculta a este Organismo a otorgar tales planes, haciendo su concesión o no a cuestiones de oportunidad, merito o conveniencia a ser objeto de análisis por parte del Sr. Administrador Federal”.

Bajo ese parámetro se otorgaron 1.613 planes “individuales” de facilidades de pago a 1.232 contribuyentes, por un monto total de $31.434.220.643,81”, de los cuales 462 planes quedaron a punto de la desestimación por inexistencia de delito. Los casos que fueron descartados por el fiscal se vinculan con la situación de productores fruticultores, un pedido de la Federación Agraria Argentina y de los afectados por la erupción del volcán Puyehue.

Entre quienes recibieron los planes para sostener la actividad productiva y las fuentes de trabajo aparecen la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), que “planteó la compleja situación financiera de las empresas productoras de peras y manzanas de las provincias de Río Negro y Neuquén, para las exportaciones de la campaña 2014/2015”.

Entre marzo y agosto de 2014, la Federación Agraria le pidió a la AFIP “contemplara la posibilidad de dar solución al problema resultante de la imposibilidad de pequeños productores asociados a dicha federación de refinanciar sus deudas con el Fisco”. “En tercer lugar está el caso de los afectados por la erupción del volcán Puyehue, en el cual los contribuyentes y las Cámaras que los nuclean expusieron las dificultades financieras que les impidieron el normal desenvolvimiento de sus empresas y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en virtud de las condiciones generadas a partir de esa catástrofe”, explica el dictamen.

“Recuérdese que la erupción del complejo volcánico Puyehue – Cordón Caulle se produjo el día 4 de junio de 2011, que al menos 3500 personas fueron evacuadas de zonas cercanas y que tal fue su magnitud que la nube de cenizas alcanzó las ciudades de Villa La Angostura, Villa Traful, San Carlos de Bariloche, Buenos Aires, Montevideo, Puerto Argentino, Porto Alegre, Ciudad del Cabo, Perth, Melbourne y Auckland”, resumió el fiscal.