El ex funcionario José López seguirá preso. La Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy un pedido de excarcelación por cumplimiento de dos tercios de la pena. Pero el rechazo podría ser sólo temporal, hasta junio próximo, cuando el tribunal deberá revisar nuevamente su caso.

El planeo no se basó sobre la existencia del coronavirus ni sobre los riesgos de contagio sino en el tiempo transcurrido entre rejas. Pero los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques desestimaron el reclamo.

López pidió su excarcelación el 15 de abril pasado. Detenido desde el 14 de junio de 2016, está próximo a cumplir cuatro años detenido, es decir dos tercios de la condena a seis años que le dictó un tribunal oral por el delito de “enriquecimiento ilícito”.

La condena fue apelada, no así el decomiso de los casi nueve millones de dólares que le fueron encontrados en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Esa parte de la condena quedó firme y ello le permitió al tribunal oral distribuir parte del dinero entre los hospitales de niños Garrahan y Ricardo Gutiérrez.

Según la legislación penal vigente, uno de los requisitos para acceder a la libertad condicional es el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena. Pero no se trata de una condición excluyente de otras, ni tampoco es de aplicación automática.

López tiene, además, otra condena por el delito de portación ilegal de arma de fuego en la justicia de la Provincia de Buenos Aires. Se trata del hallazgo de un rifle junto con los bolsos con dinero. Pero esa pena le fue dada por cumplida durante el tiempo que lleva en prisión. No obstante, ello no le fue computado para alcanzar los dos tercios para acceder a la libertad condicional ahora y no en junio próximo.

Los jueces Mahiques y Yacobucci rechazaron por infundados los argumentos de la defensa oficial de López. Slokar, por su parte, sostuvo que era necesario fijar una audiencia prevista en el Código Procesal antes de resolver.  Los tres coincidieron en que se debe “dar cumplimiento y a extremar las medidas de prevención, salud e higiene respecto del preso” ante la pandemia, aun cuando ese motivo no haya estado entre las razones de su pedido.