En Casa Rosada, fue presentado este viernes el informe “Justicia Menstrual: Igualdad de género y gestión menstrual sostenible”, un diagnóstico que permite avanzar en reducir las desigualdades generadas por las barreras económicas en el acceso de productos de gestión menstrual, que tienen grandes implicancias en la salud, la educación y el trabajo.

El acto estuvo encabezado por la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete, Cecilia Gómez Mirada; la Directora de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro, la jefa de asesores de Jefatura de Gabinete, Luciana Tito. También brindó unas palabras al comienzo la asesora presidencial Dora Barrancos. En este marco, la Red de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios también presentó su Relevamiento legislativo sobre Gestión Menstrual.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

El informe fue realizado en el marco del Foro de Justicia Menstrual, con los aportes e investigaciones de diversos equipos del Estado Nacional, entre los que aparecen INDEC, AFIP, ANDIS, ANSES, la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial y la Subsecretaría de Tributación Internacional del Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores y la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Red de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios.

En el diagnóstico presentado, se detalla cómo la pandemia de COVID-19 reforzó las desigualdades económicas preexistentes y tuvo un impacto asimétrico sobre los/as trabajadores/as informales, las mujeres y los/as jóvenes, que perdieron empleos e ingresos.

De acuerdo al informe, la gestión de la menstruación genera mayores desigualdades que afectan especialmente a las mujeres más pobres. El costo de menstruar implica pagar anualmente desde $3.228 (toallitas) hasta $4.327 (tampones). Así, el costo anual equivale al 44% de una Canasta Básica Alimentaria o al 87% del monto de una Asignación Universal por Hijo/a. Asimismo, las mujeres de deciles más bajos tienen ingresos de $4.021 mensuales. Es decir, para un hogar pobre, con dos mujeres que menstrúan y un único ingreso, el gasto anual equivale a un mes y medio de ingresos. Menstruar representa un costo extra e inevitable. En este marco, medidas como la inclusión de los tampones y toallitas en la canasta de Precios Cuidados tiene un impacto sustancial a la hora de  disminuir el costo de menstruar.

En Argentina alrededor de 12 millones de niñas, jóvenes y mujeres menstrúan. Y la situación no se reduce solo a las mujeres. Los varones trans y muchas personas no binarias también enfrentan el costo de menstruar. Quienes tienen menores recursos enfrentan serias consecuencias sobre su vida cotidiana; se ausentan de la escuela o de sus puestos de trabajo, dejan de hacer actividades deportivas o de esparcimiento y, en algunos casos, recurren a alternativas para gestionar su menstruación que pueden afectar su salud. Las barreras económicas al acceso de productos de gestión menstrual tienen implicancias en la salud, la educación y el trabajo.

A raíz de esta situación, en julio de 2020 empezó a funcionar una mesa de trabajo interministerial para abordar los problemas de la gestión menstrual. Desde el Estado se generaron políticas públicas, estudios, información y estadísticas orientadas a transformar esta situación. Además, el año pasado se presentaron 14 proyectos en el Congreso Nacional que tienen como eje eliminar los obstáculos para acceder a la gestión menstrual y hacerlo de manera sostenible en términos económicos, ambientales y de salud. A nivel municipal y provincial avanzan proyectos, ordenanzas y programas que proponen la provisión gratuita o descuentos para la compra de PGM.

Hablar de Justicia Menstrual implica no solamente poner en agenda las problemáticas en torno a la concepción de la menstruación, sino también actuar sobre la realidad. Por este motivo, en “Justicia Menstrual. Igualdad de género y gestión menstrual sostenible” se definen acciones para avanzar en un esquema integral del tratamiento de la gestión menstrual como una cuestión de equidad y de justicia social.

La asesora presidencial Dora Barrancos manifestó: “Si hay algo en lo que debe reverberar la Educación Sexual Integral, es en la comprensión fundamental de las circunstancias que el Estado le debe todavía a la condición femenina. Tenemos que entrañar cada pequeña jurisdicción de nuestro país, cada lugar al que llega el Estado, debe saber que tiene que comprometerse a hacer más digna la vida humana porque efectivamente la gestión menstrual es profundamente desigual en nuestro país”.

“Las y les felicito por haber sido tan insistentes, consistentes y conspicuas en la idea de la sostenibilidad de una política pública que al menos participe del principio de igualdad frente a la gestión menstrual. Se vienen derechos fundamentales a propósito de este cometido”, completó Barrancos.

Por su parte, D’alessandro apuntó: “Este tema durante mucho tiempo quedó afuera porque parecía que era algo que teníamos que ocultar y que no podíamos mencionar. Incluso hay gente que se pone incómoda cuando decimos la palabra menstruación”.

“Este foro nació de un relevamiento que sucedió en el territorio en julio del año pasado cuando las compañeras del Programa “El Barrio cuida al Barrio” nos contaron que muchas habían perdido sus ingresos y estaban con serios problemas para conseguir productos de gestión menstrual”, finalizó.