“Blaquier y Lemos van a ser los grandes ausentes en el juicio y son los grandes responsables”, dice la abogada querellante Paula Álvarez Carrera a horas de que comience el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, que ventilará la responsabilidad empresarial en la dictadura cívico militar del Ingenio Ledesma y de la MIna El Aguilar. El debate que involucra 113 víctimas, 38 desaparecidas y 75 sobrevivientes, comenzará este jueves y tendrá en el banquillo de los acusados a 23 represores. Ninguno de ellos es el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, ni su gerente, Alberto Lemos.

La causa es una de las más esperadas en Jujuy y tiene coincidencias con el juicio a la Ford que se desarrolla en los Tribunales de San Martín en Buenos Aires: en un extremo y el otro del país el comportamiento empresarial durante la dictadura fue el mismo.

En el norte el debate revelará los hechos que ocurrieron en la Noche del Apagón, cuando en el invierno de 1976 la dictadura allanó cientos de viviendas y secuestró alrededor de 400 personas en Libertador General San Martín y en Calilegua, dos pueblos del interior de la provincia de Jujuy, que dependen económicamente del Ingenio Ledesma, empresa que aportó los vehículos en los que se realizaron los secuestros. También revelará lo ocurrido en Mina El Aguilar, donde la empresa elaboró los listados de trabajadores que los represores debían secuestrar.  

-¿El que comienza este jueves es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Jujuy y por primera vez se va a ventilar la responsabilidad empresaria durante la dictadura cívico militar en la provincia?

-Si, porque en este juicio se van a juzgar los allanamientos y las privaciones ilegítimas de la libertad. Si bien en el primer y segundo juicio que se realizaron en la provincia se juzgaron las privaciones ilegítimas de la libertad de las mismas víctimas que estuvieron presas en la cárcel de Gorriti, ahora se va a juzgar el hecho central que fue lo que ocurrió tanto en la Mina El Aguilar como en Ledesma (Libertador San Martín), y que incluye desde los allanamientos ilegales, los secuestros, las privaciones ilegales y los traslados de todas esas víctimas que pasaron por seccionales de policía local hasta la Central de Policía, algunas ibncluso pasaron por el puesto de Gendarmería, y terminaron en la Cárcel de Gorriti que está en San Salvador de Jujuy. A su vez algunas de esas víctimas, que son las de la Noche del Apagón, desaparecieron desde el momento en que fueron ingresadas al centro clandestino de Guerrero.

-¿Cuántas son las víctimas y cuáles fueron los hechos?

-Son más de 113 víctimas y 38 desapariciones, en total. En este juicio están acumuladas 15 causas que incluyen, además del Apagón de Ledesma y la Mina El Aguilar, otros operativos de secuestro que se produjeron en San Pedro y en San Salvador.

-¿Cuáles son los casos puntuales que van a dar cuenta de esta complicidad con la dictadura?

-En el caso de la Noche del Apagón se va a hablar del traslado en camionetas de la empresa de las víctimas que fueron llevadas, algunas a la seccional (de Policía) de Libertador y otras al destacamento de Gendarmería que estaba ubicado dentro del predio del Ingenio Ledesma. Hay muchos testigos que dan cuenta de esos traslados luego de los allanamientos y los secuestros. En el caso de la empresa Mina El Aguilar hay testigos que supieron o que dan cuenta que los listados de trabajadores que en algún momento fueron al paro o estaban en la lista de Abelino Bazán reclamando mejoras laborales, y que fueron secuestradas a raíz de que hubo personal de la empresa que colaboró para elaborar listados de supuestos subversivos que terminaron siendo presos políticos de la dictadura.

-Sin embargo, Carlos Blaquier y Alberto Lemos van a ser los grandes ausentes en el juicio.

-Van a ser los grandes ausentes y son los grandes responsables para nosotros y para las víctimas que lo vienen denunciando desde hace muchos años. Esas denuncias fueron las que permitieron que fueran procesados, porque hay que recordar que en el año 2012 se logró el procesamiento como partícipes necesarios de esos secuestros. Luego en Casación (la Sala IV) les dictaron falta de mérito, pero recurrimos a la Corte Suprema para que revise eso y aún está sin resolver. La mayor expectativa que pueden tener las víctimas es que en algún momento, si la Corte resuelve a favor de lo que dicen los sobrevivientes, se haga un nuevo juicio para juzgarlos. De este juicio ya quedaron fuera.

-¿Como es la situación con la mina?

-En la Mina El Aguilar había personas civiles que estaban siendo señaladas. Una de ellas falleció, a otra le declararon la falta de mérito y otra era un personal de menor jerarquía que supuestamente colaboró en la elaboración de las listas, es decir que habría un civil, Telésforo Surita, que era jefe de un área de trabajo y va a ser juzgado por la privación ilegítima de la libertad de los trabajadores que fueron presos en el Penal de Gorriti y luego trasladado a la Unidad 9 de La Plata. Lo mismo ocurre en el caso del Ingenio Ledesma que habría solo un civil que estaba vinculado con la empresa que es de apellido Kairuz que está vinculado con la desaparición de Aredes, que no ocurrió en la Noche del Apagón, sino que es posterior.

-¿El que comienza mañana será un juicio largo?  

-Nosotros estamos evaluando que, como mínimo, va a llevar dos años.

-¿Cuantas audiencias semanales habrá?

-Una sola. Los querellante insistimos que se aumenten las audiencias, pero como el tribunal se constituye una vez por semana con un integrante que viene de Salta, se han destinado para realizar audiencias de debate para las causas de lesa humanidad solamente los jueves a las 16 horas.

-¿Cómo afecta eso al proceso de juzgamiento?

-Para los acusadores y las víctimas afecta negativamente porque implica extender el desarrollo del debate con la posibilidad de que los sobrevivientes y las víctimas no puedan llegar a declarar o a estar presente al momento de la sentencia. Ya tuvimos dos víctimas de la Mina El Aguilar que murieron desde el año pasado y el en 2017 también falleció una de las Madres de Calilegua, Rita Garnica, que fue testigo de la desaparición de sus hijos, de su propio secuestro y del de su marido y de las torturas que sufrieron. Si bien ella pudo declarar en algún juicio no podrá hacerlo en el que se juzga a los responsables del secuestro y desaparición de sus hijos.

-Esa baja frecuencia de audiencias también ocurre en otras jurisdicciones, como por ejemplo en el juicio a la Ford, en el Tribunal de  San Martín, en provincia de Buenos Aires.

-No hay una decisión política a nivel nacional de impulsar los juicios y de avanzar, porque no solamente se retrasan los juicios en la medida que los tribunales imponen audiencias tan restrictivas, sino que por otro lado también restringen otros recursos que en otro momento estaban abocados a estos juicios.

El juicio que comenzará este jueves 21 de junio es una megacausa que tiene 113 víctimas, 38 detenidos-desaparecidos y 75 sobrevivientes, en distintos hechos sucedidos en diversos lugares de la provincia, Libertador Gral. San Martín, Calilegua, El Aguilar, Tumbaya y Guerrero, entre otros. El debate lo realiza el Tribunal Oral Federal N°1 de Jujuy, integrado por Federico Díaz, María Alejandra Cataldi y Mario Juárez Almaráz. En la parte acusadora estarán los fiscales Carlos Amad y Julieta Souilhe y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de María José Castillo. Los abogados Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte representarán a familiares y sobrevivientes. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la agrupación Hijos-Jujuy, son también parte querellantes.