El incremento de muertes infantiles en el norte salteño por cuadros de desnutrición y deshidratación comenzó a impactar en el interior de la política provincial y en el esquema de alianzas del flamante gobernador Gustavo Sáenz. Este viernes, cuando el mandatario había cumplido dos meses y cuatro días de gestión, el senado salteño aprobó por unanimidad un proyecto para que la Auditoría General investigue a dónde fueron a parar unos diez millones de pesos destinados por la gestión del ex gobernador Juan Manuel Urtubey para la Fundación CONIN, que encabeza el pediatra mendocino e integrante del Opus Dei, Abel Albino, y contó con el apoyo institucional del Obispado de Orán y de la Universidad Nacional de Salta.

La particularidad del texto que obtuvo el apoyo de todas las bancadas, es que fue presentado por José Ibarra, titular de la Federación Nacional de Taxis y senador por el Departamento de Guachipas desde 2017. El dirigente gremial llegó a la bancada senatorial como candidato del partido Fe, que creó el difunto dirigente de las 62 Organizaciones Peronistas y del sindicato de Trabajadores Rurales (UATRE), Gerónimo “Momo” Venegas, histórico aliado de Cambiemos y uno de los primeros apoyos sindicales que tuvo Mauricio Macri cuando asumió la jefatura del Estado en diciembre de 2015.

En ese mismo año, Sáenz fue electo como intendente de la capital provincial y antes de asumir, fue compañero de fórmula del entonces candidato presidencial Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados. Ambos perdieron la contienda nacional pero Sáenz asumió la intendencia. Cuatro años después ganó la gobernación con una alianza integrada por los partidos Fe, Identidad Salteña, Conservador Popular y PRO. Es decir que Ibarra forma parte del actual oficialismo provincial: la fuerza que ahora impulsó una investigación sobre la relación de la gestión de Urtubey con el entramado religioso que recibió varios millones de fondos públicos para que la red de CONIN ayudara a bajar la tasa de mortalidad infantil en la provincia.

El pedido de autoría

Tiempo accedió al proyecto que presentó Ibarra en el Senado. El texto sostiene que Urtubey “entabló relación con la Fundación CONIN y fue presentada como una alianza estratégica entre el Gobierno de Salta, el Obispado de Orán, la UNSa y algunas empresas”.  En 2013 la provincia “se comprometió a construir un Centro de Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción Humana (CPP) en la localidad de Coronel Juan Solá, que fue entregado en comodato a CONIN, por un período de 20 años, para que fuera administrado y gestionado por la misma fundación”.

Un año después, en junio de 2014, el Estado salteño concluyó las obras con una inversión de 1.873.779, 59 pesos, que permitió la construcción de un edificio “con 5 consultorios, guardería con baños, sala de juegos y estimulación temprana”. El centro contó con un “núcleo sanitario, sala de descanso para el personal, cocina con despensa, taller de oficios comedor y sala de máquinas y tanques”.

En marzo de 2016 la provincia puso en marcha un segundo centro en la capital provincial con una inversión de 2.422.455 pesos. La obra contó con “230 metros cuadrados, tres consultorios, galerías, núcleo sanitario, guardería, área de administración, sala de estimulación, taller de oficios y cocina con despensa”.

La tercera obra proyectada estaba prevista en la localidad de Apolinario Saravia. Se trataba del “segundo Centro CONIN más grande de Argentina”, con “más de dos mil metros cuadrados, equipado con los todos elementos y recursos humanos necesarios para impulsar acciones de prevención sanitaria y nuevas políticas de promoción social en ese municipio”. El pedido de investigación recuerda que Urtubey explicó “en el informe de gestión de abril de 2018 que había nueve centros de prevención con la fundación CONIN”.

Además de los fondos para la construcción de los centros que fueron entregados a CONIN en comodato, el disuelto ministerio de Primera Infancia “informó en 2018 que realizaba un aporte anual de 2.676.360 para conformar los equipos, mantener los espacios, adquirir la mercadería y los equipamientos necesarios para brindar la mejor atención a los beneficiarios».

De acuerdo a la información provista por la cartera de Primera Infancia, sus funcionarios “trabajaban junto a CONIN en más de 23 comunidades, parajes y barrios de la provincia, que permitían la asistencia de 2.334 niños, niñas, madres y embarazadas”.

Luego de la enumeración de fondos y obras, el informe sustenta la intervención de la Auditoría General de Salta, para saber cómo se utilizaron los fondos y por qué no impactaron en la reducción de los índices de déficit nutricional: “Al cruzar datos que publicó la Dirección General de Estadísticas y los informes de gestión de la Provincia de los últimos años se constató que no hubo una reducción sostenida de la desnutrición infantil en los chicos de cero a dos años”.

De acuerdo a los datos oficiales “en 2013, el déficit cubría al 1,9% de esa población, en 2014 al 1,8%, en 2015 al 1,7%, en 2016 al 2% y en 2017 al 1,9% en 2017”. Aunque no hubo mermas en esa tasa, el informe sostiene que “ninguna fuente oficial quiso explicar (el comportamiento) de estos indicadores”.

El texto sostiene que “los datos oficiales sí dieron cuenta de una reducción en la tasa de mortalidad infantil, porque de 2008 a 2017 bajó casi cinco puntos: en 2008 el índice era de 15 por mil en la cantidad de niños menores de un año fallecidos y en 2017 bajó a 10,5 por mil”. Sin embargo, el pedido concluye que “la gestión gubernamental en la materia no ha generado las mejorías promocionadas a pesar de inversiones millonarias dispuestas en relación a una situación que evidencia cronicidad y compromete la salud de los sectores más vulnerables”.

Por esa razón, los senadores aprobaron por unanimidad que “se practique una auditoría en relación a las inversiones realizadas para construir los centros CONIN, como así también los montos transferidos a la fundación CONIN a fin de atacar estérilmente las situaciones de pobreza extrema y los problemas de desnutrición y mortandad infantil”.

Qué dice CONIN

El pediatra Albino, como presidente de CONIN, publicó una carta en el sitio Mdzol.com para refutar las versiones que habían surgido antes del pedido de investigación que aprobaron los senadores salteños. Lo hizo para polemizar con una columna publicada en el matutino Página 12. Sus palabras permiten reflejar su descargo, aunque en el Senado provincial aseguran que la auditoría podría derivar en problemas penales para CONIN.

“Es rotundamente falso que el exgobernador Urtubey haya tercerizado la atención de los niños desnutridos de Salta con el doctor Albino o con la Fundación CONIN que preside”, sostiene el texto. Aunque el pedido de informes se ampara en información provista por el entonces gobernador Urtubey, CONIN sostiene que “no existe ningún convenio o resolución en ese sentido”, pero detalla que “existen en Salta seis centros de atención a los niños desnutridos (algunos de ellos de la etnia Wichí), gestionados por diversas fundaciones privadas, a los que CONIN asesora e instruye, y por otra parte la Fundación jamás se comprometió, y nunca lo haría, a hacerse cargo de la salud nutricional de esa provincia. Esto también puede verificarse en las oficinas correspondientes del gobierno provincial”.

Finalmente CONIN sostiene que responsabilizar a la fundación “de las muertes de niños wichí en el último verano a causa de diarreas estivales (cosa que lamentablemente ocurre todos los veranos desde hace décadas) es no sólo una insensatez, sino una calumnia notoria, que pretende basarse en hechos falsos, resoluciones o convenios inexistentes y transferencias de fondos imaginarias”. Al mismo tiempo, la fundación asegura que “las veces que el Gobierno Nacional ha colaborado con CONIN con cápitas para la atención puntual de niños desnutridos, la Fundación ha rendido cuenta minuciosa y puntual de todo lo recibido, rendiciones que se encuentran en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, donde pueden ser consultadas por cualquier interesado”.