Muchos de los debates y exposiciones que tuvieron lugar durante las I Jornadas Internacionales –Desafíos en el Campo de los Derechos Humanos– que se realizaron en la ex Esma organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación abordaron el impacto del lawfare como dispositivo de colonialidad de poder en América Latina, es decir, como herramienta de dominación. El debate se produjo en el contexto político regional en el que las fuerzas de derecha, para desplegar su poder, ya no necesitan de estados de excepción (golpes de Estado a la vieja usanza), y en un contexto nacional en el que los proyectos económico-políticos de las dictaduras llegaron por la vía electoral y proliferan en los medios hegemónicos de comunicación los discursos de odio. Una pregunta atravesó la mesa «Comunicación, lawfare y discursos de odio: disputas de sentidos y democracia»: ¿existen elementos para limitar de algún modo la sinergia entre la pata judicial y la mediática, generadoras del «colchón» de normalización y aceptación de prácticas que quedan por fuera del marco de la constitucionalidad?

“En el discurso de odio tenemos un depositario de todas las cosas negativas. Se construye la otredad llevándola al límite: el otro impide mi existencia. Esa eliminación puede ser real o simbólica”, explicó en suponencia Ramiro Caggiano Blanco, doctor en Letras por la Universidad de San Pablo, al analizar la construcción mediático-visual del odio a través de la deshumanización de líderes políticos como Lula Da Silva, Dilma Rousseff y Cristina Kirchner. “Se trata de trabajar, mediáticamente, sobre las percepciones de la gente: cómo se recibirán los procesos judiciales anómalos por la audiencia, paño de fondo por el cual la gente aceptará, avalará o mirará para otro lado mientras sucedan las cosas”. Para Caggiano Blanco, la construcción discursiva del odio –elemento de identificación y cohesión social donde priman la emoción y la pasión en detrimento de la razón o de la realidad factual– conforma la justificación social del lawfare.

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“Cuando algo implica un peligro real, hay una serie de normas que se vuelven hábitos. Regímenes de control, no hay libertad para ir a cualquier lado o hacer lo que uno quiera en el tránsito. El contexto de pandemia produce temores, miles de muertes: un terreno propicio para el fascismo, que hace una serie de promesas de felicidad basadas en mentiras (ya no fake news): un repertorio de atribuciones de falsedad a cuestiones relacionadas a nuestra vida social”, ejemplificó Alejandro Kaufman, docente universitario e investigador del Instituto Gino Germani. “Pero la democracia no puede ser rigurosa en el criterio de lo que se dice o de lo que no se puede decir porque eso sería la censura”. Entonces, ¿cómo prevenirse de aquellos que enuncian cuestiones relacionadas a establecer un régimen autoritario? “Es un hito, un escalón que entren con los votos quienes enuncian esto y que acusan de delincuentes a otros miembros del Parlamento por votar un presupuesto. ¿Qué pasa en el orden democrático cuando alguien procede de esa manera? Si lo dejamos, tiene impunidad. La respuesta no puede ser desmentir la mentira. Lo que vale de lo que dice es que lo diga. No importa que desmintamos. Quien escucha adhiere al hecho de que pueda hablar libremente. Ahora hay una reanudación de ciertas prácticas de desmentida. Pero al público que sigue esas mentiras le es indiferente porque le es más significativo el ataque al pueblo emancipatorio. Y lo bancan sosteniéndolos con los votos. El tema de la legalidad tiene una serie de paradojas: el negacionismo es una forma de la mentira, el criterio liberal es desmentirlo pero no ilegalizarlo”, opinó Kaufman. Las prácticas fascistas autoritarias que utilizan tácticas propias del juego democrático son, sin lugar a dudas, una discusión que aún no cuenta con la relevancia social que amerita para el carácter creciente que presenta como fenómeno. En ese sentido, Kaufman cree que aún no hay herramientas para confrontar el horror, pero que se debería debatir la posibilidad de habilitar legislación contraria al negacionismo.

Del debate participó Florencia Saintout, exdecana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y diputada bonaerense. «A la idea del lawfare hay que situarla en la historia de relaciones de fuerza y de sentido, como un instrumento más para que el colonialismo pueda seguir sucediendo e, inclusive, contando con la posibilidad de narrar la historia: “Han logrado meterse en la dinámica de la política o del Estado para vaciar de sentido lo común, logrando tomar significantes que en otro momento eran banderas de emancipación”, opinó.

Según Saintout, en Argentina esto está relacionado, en gran medida, con el modo en que se han ido configurando los medios de comunicación desde la última dictadura cívico-militar en adelante. “A veces nos sigue pareciendo, incluso a quienes pensamos sobre los medios, una cuestión menor cuando es una cuestión insoslayable: si tenemos un sistema de medios que tiene un punto de fundación durante la dictadura, con ciertas prácticas, rutinas y modo de funcionar y un sistema de propiedad particular, un poder dentro de ese sistema que se consolida ahí y que no podemos transformar al punto de que incluso gran parte de nuestro espacio político dice que no hay que transformarlo, nos costará mucho defendernos si no lo advertimos”. Y agregó: “Si los medios hiperconcentrados participan, además, de la construcción de la cultura donde el otro/a aparece como amenaza, no nos alcanza con pensar un concepto –lawfare– y sintetizarlo». En ese sentido, Kaufman subrayó: “Tenemos que comprender cómo procede la maquinaria del horror. Esas bancas que son negacionistas lo son por la esterotipia de los enunciados a los que apelan constantemente. La moralización de los debates es incompatible con el debate democrático. En un país donde hay medios cómplices de la dictadura que no han modificado su composición propietaria ni su línea editorial, es una deuda que tenemos con la democracia”.  «