La abogada denunciante de causas de corrupción de alto impacto mediático contra funcionarios del anterior gobierno Silvina Martínez es la defensora del periodista Luis Majul en una causa civil en la que fue demandado por revelar la identidad de un testigo secreto que aportó información clave para la detención del narcotraficante Ibar Pérez Corradi en la zona de la Triple Frontera.
Así se desprende del expediente 49217/2017, que tramita ante el juzgado civil de primera instancia número dos, a cargo de la jueza Mónica Alejandra Bovio. El expediente en cuestión fue iniciado por un vecino de Ciudad del Este (Paraguay), quien le aportó en agosto de 2015 a las autoridades de la provincia de Buenos Aires datos certeros sobre el paradero del por entonces prófugo Pérez Corradi. La detención no se produjo durante el anterior gobierno –que estaba en su etapa final- ni tampoco durante los primeros seis meses de la administración de Cambiemos, pese a que el informante había aportado incluso con capturas de la aplicación Google Maps sobre la ubicación del evadido.
El informante, cuya identidad Tiempo mantendrá en reserva, quedó al descubierto cuando el contenido de su declaración fue revelado en una emisión del programa La Cornisa, que conduce Majul. Uno de sus columnistas, Hugo Macchiavelli, declaró días atrás como testigo en el juicio civil y reconoció que la información había sido obtenida a través de “una fuente de Comodoro Py”.
En esa audiencia estuvieron presentes el abogado del demandante, Daniel Stragá, y la abogada Martínez.
Martínez es una abogada habitualmente invitada a los programas que conduce Majul por los canales de la señal América. Trabajó en varias de las denuncias por corrupción contra funcionarios del anterior gobierno, entre ellos la propia ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el empresario Lázaro Báez. Acompañó en varias de esas presentaciones a la ex diputada Margarita Stolbizer.
Documentación oficial recabada por este diario prueba que representa a Majul en el Expediente, en el que el informante también demandó al Estado Nacional, en ambos casos por daños y perjuicios por haber revelado su identidad –que debía permanecer en reserva- y poner en riesgo su seguridad. La demanda trepa a cinco millones de pesos, más intereses y actualizaciones.
