El Grito de Alcorta del año 1912 parió a la Federación Agraria Argentina (FAA), que se en su momento se consolidó como la representación genuina de los pequeños productores y los chacareros. De ese modo comenzó a forjarse el contrapeso estratégico a la Sociedad Rural Argentina (SRA), representante de los dueños de la tierra y de las vaquitas, ajenas para el pequeño campesino al que solo le tocaban las penas.
La llegada del peronismo interpeló de manera directa a los trabajadores del campo: el Estatuto del Peón Rural de 1944 reconoció derechos laborales históricamente negados y dio impulso a la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), el sindicato de los peones. La creación del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, le permitió al gobierno popular fijar los precios de compra de los granos, lo que fue visto por un sector de los chacareros federados como un condicionante a su desarrollo. Por eso la FAA mantuvo una relación compleja con el peronismo, aunque por aquellos años se cuidó de mantener distancia respecto a la oposición oligárquica, que seguía siendo para este sector la contradicción principal.
Radicalización social y campesina
Los años que siguieron al derrocamiento de Perón en 1955 abrieron una etapa de represión y disputa por el modelo de país que también sacudió al campo. Tras el período de la Resistencia y un año después del Cordobazo, el 14 de noviembre de 1970 nacieron en Sáenz Peña, Chaco, las Ligas Agrarias, un movimiento surgido desde abajo que rápidamente se extendió a Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Nacidas bajo el amparo del Movimiento Rural de Acción Católica y de la Teología de la Liberación, las Ligas agruparon a productores algodoneros, yerbateros y tabacaleros que comenzaron a leer su realidad en función de sus intereses de clase y de las teorías de la dependencia que orientaban a los movimientos revolucionarios de la época. Sus asambleas, sus marchas y sus cooperativas de comercialización desafiaban el poder de los acopiadores y los terratenientes.
En paralelo, la FATRE, empujada por las mejoras salariales que impulsaron los gobiernos de Cámpora y Perón, pasó de 30 mil afiliados a cerca de 120 mil. Aunque con perfiles distintos –las Ligas más vinculadas a Montoneros y la FATRE al sindicalismo tradicional–, ambas representaban el crecimiento de la organización popular en el campo.
También por esos años surgieron las primeras organizaciones contemporáneas de los pueblos originarios: en 1970 nació la Confederación Mapuche del Neuquén y en 1972 se convocó el Primer Parlamento Indígena Nacional, anticipando una articulación campesino-indígena que madurará décadas después, cuando caiga la dictadura que había pretendido destruir todo ese acumulado interviniendo sindicatos, persiguiendo a dirigentes de las Ligas y anulando los derechos conquistados.
La tierra como trinchera
De la mano del neoliberalismo recargado de la década de los ’90, llegó al país la soja transgénica y se profundizó la concentración de la tierra. Estos factores específicos que afectaron al sector, potenciados por el ajuste brutal contra todo el pueblo trabajador, provocaron migraciones internas y empobrecieron a miles de familias campesinas e indígenas, pero también dieron pie a nuevas luchas que parieron nuevas organizaciones.
En el norte, donde el desmonte y las topadoras avanzaban sobre comunidades que llevaban generaciones ocupando la tierra, en 1990 nació el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), que articuló la defensa del territorio con la producción agroecológica, la demanda de la reforma agraria, la educación popular y la organización autónoma, ejes novedosos compartidos con los nuevos movimientos sociales de las periferias urbanas, como los piqueteros del sur del Conurbano Bonaerense que ponían en práctica dinámicas horizontales de organización. En esa misma época comienza la articulación con diversas organizaciones campesinas de América Latina, entre las que se destaca el Movimento Dos TrabalhadoresRurais (MST) de Brasil.
Al Mocase le siguieron el Movimiento Campesino de Córdoba, la Red Puna de Jujuyy la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza, entre otros grupos que venían confluyendo en encuentros nacionales. Así nació en 2005, al calor del Grito de Ocumazo en Jujuy, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).Desde su fundación, esta organización nacional se vinculó con la Vía Campesina, una articulación global que agrupa a organizaciones de pequeños productores, campesinos sin tierra y pueblos indígenas de más de 80 países. Con el tiempo el MNCI se dividió y los colectivos de Mendoza, Córdoba y Jujuy, entre otros, adoptaron la denominación MNCI-Somos Tierra; los santiagueños y otras organizaciones conservaron la sigla original.
En paralelo, la rama rural de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) buscaba organizar a peones rurales y familias campesinas afectadas por la crisis, articulando la lucha contra la desocupación con la demanda de reivindicaciones sectoriales, lo que le permitiría extender su presencia a varias provincias del norte y el centro del país.
El ajuste en el campo tuvo como correlato la apertura importadora, el encarecimiento del crédito y la acumulación de deudas, lo que empujó a miles de familias productoras a la quiebra. Los remates judiciales de campos y maquinaria se multiplicaron en la pampa húmeda y en las zonas agrícolas del interior. Ante ese panorama, las Mujeres Agropecuarias en Lucha se organizaron a mediados de los ’90 para impedir los remates. Se plantaron frente a los martilleros y bloquearon las puertas de los juzgados. Así lograron frenar remates, instalar el debate sobre la deuda agraria en la agenda pública y forzar algunas moratorias legislativas, sumando su referencia a la resistencia popular que iba en aumento.
Ya en el nuevo siglo surgió la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), nacida en la provincia de Buenos Aires con base en productores hortícolas de los cordones suburbanos. La UTT se expandió rápidamente a todo el país capitalizando una dinámica de lucha que se multiplicó a través de los verdurazos, jornadas solidarias y de denuncia que se constituyeron en una referencia para los pequeños productores y fueron bien recibidas por amplios sectores de la población.
El campo que alimenta
En junio de 2021, la alianza de la UTT, el MNCI-Somos Tierra y otras entidades del sector permitió crear la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), una coalición que busca representar al “campo que alimenta”, en contraposición a la Mesa de Enlace, que nuclea a las entidades tradicionales del agronegocio exportador (allí se encuentra la FAA, cuya dirigencia completó, a partir de la pulseada por las retenciones que propuso el kirchnerismo en 2008, una parábola que la terminó acercando a los sectores contra los que nació luchando). La MAA define, como agenda común, la defensa de la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra, el crédito para la economía campesina, el freno a los agrotóxicos y la promoción de la agroecología.
Además del impulso dado por la UTT y el MNCI-ST, la MAA se nutrió del aporte de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), que reúne a cooperativas agropecuarias de la pampa húmeda y las economías regionales que se alejaron de la FAA disconformes con su orientación; Bases Federadas, que nuclea a productores chacareros y ganaderos que también rompieron con la FAA; y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), que articula a familias de la agricultura familiar, con presencia en las provincias del norte y el litoral.
Desde el Grito de Alcorta hasta los verdurazos, la historia del movimiento campesino es la historia de quienes producen los alimentos que llegan a la mesa del pueblo argentino. Es también la historia de una apuesta política que combina nuevas formas de resistencia con la recreación de estrategias de organización y de lucha por el cambio social. La disputa por la tierra, en nuestro país, sigue siendo uno de los desafíos centrales de todo proyecto popular.
