El futuro de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) del Instituto Nacional de Tecnología Agripecuaria (INTA) depende de la Justicia, que esta semana frenó su cierre y estableció seis meses para resolver la controversia. Fue a partir de un amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal del INTA (APINTA), con el apoyo de la Federación de Agricultores Familiares (FONAF), la Cooperativa Trasulag, la Asociación Manuel Ugarte y la Fundación Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
Protección del INTA
La decisión fue determinada por el mismo juez que frenó el vaciamiento y los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a partir de un amparo impulsado por ATE. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, al frente del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, dictó una cautelar por seis meses, en un fallo donde consideró el cierre del INTA AMBA como una resolución “manifiestamente arbitraria e ilegítima”.
Se trata de la Resolución 20/2026, que disponía el cierre de la EEA AMBA y de nueve agencias, además del traspaso de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El magistrado evaluó que el INTA no tiene “motivación suficiente” y que está “carente de vigencia”. En el amparo ordenó a las autoridades del INTA de “abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades”.
Los daños de dos años de motosierra
La Asociación del Personal del INTA (APINTA) reconstruyó en un documento que desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 24 de abril de 2026 el organismo perdió 1.145 trabajadores, entre retiros voluntarios, renuncias, jubilaciones y licencias sin goce de sueldo. “Cada baja representa conocimiento acumulado, experiencia territorial y vínculos con el sector productivo que no se reemplazan fácilmente”, explica el paper donde también denunciaron el cierre de agencias de extensión rural y estructuras territoriales en distintos puntos del país, incluyendo dependencias en Buenos Aires, Córdoba y Chaco.
APINTA advirtió que “quienes proponen «repensar» el INTA toman como referencia el modelo de universidades Land Grant y el USDA”, en referencia a la legislación norteamericana y al Departamento de Agricultura, “aunque omiten que se trata de un sistema público y financiado por el Estado norteamericano con un presupuesto multimillonario. El Estado norteamericano no se retiró de la investigación agropecuaria: la financia masivamente y la sostiene con presencia territorial en todo el país”, asegura el texto. “El verdadero riesgo para la Argentina no es tener un INTA del siglo XX: es perder la única institución capaz de garantizar soberanía tecnológica agroalimentaria en todo el territorio nacional”, concluyó.
La resolución 20/2026
En medio del escenario descarnado que diagnosticó APINTA se enmarca la Resolución 20/2026 que frenó la Justicia. Disponia un nuevo esquema de retiros voluntarios para los trabajadores de planta permanente e incluía el pago de “una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios brutos por cada año de servicio o fracción superior a tres meses”, enfocada en los empleados con una antigüedad mínima de tres años. También establecía que aquellos que adherían al retiro voluntario no podían reingresar al Sector Público Nacional durante un período de cinco años, sin importar la modalidad de contratación. El objetivo de esta medida apuntaba restarle 1.000 trabajadores más al INTA.
