La Ley de Tierras vigente establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, que personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese límite, y que existe un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular foráneo. También prohíbe la adquisición de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura por parte de extranjeros.
El proyecto que impulsa el Gobierno nacional ya suma cuatro intentos fallidos en el Senado y 15 cambios en una negociación que sigue frenada. El jueves pasado el oficialismo volvió a comprobar que no tienen los votos y pidieron pasar a un cuarto intermedio para el 6 de agosto. Se propone eliminar los porcentajes y topes de superficie. Además, modifica la definición de “sujeto extranjero” para restringirla únicamente a los Estados, lo que en la práctica deja fuera de esa categoría a los fondos de inversión y corporaciones internacionales, que son los principales actores de la extranjerización real.
Según el testimonio de la Red Argentina de Estudios Sociales de la Agroecología (RAESA), publicado en la Agencia Tierra Viva, la eliminación de las restricciones hídricas “favorece la apropiación privada de áreas estratégicas para el abastecimiento de agua”, en un contexto en que el Gobierno promueve la instalación de centros de datos de inteligencia artificial en la Patagonia, que requieren millones de litros de agua para su funcionamiento.
El proyecto también deroga el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el organismo que supervisa el cumplimiento de los límites de adquisición y lleva el registro de compraventas. Su eliminación supondría, según RAESA, suprimir “la capacidad estatal para monitorear y analizar las dinámicas de propiedad y uso del suelo”.
Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina, expuso ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, en el bloque dedicado a extranjerización, manejo del fuego y desalojos, donde advirtió que el proyecto compromete la soberanía territorial del país.
Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y también integrante de la MAA, publicó un análisis en el que señala que el proyecto instala “una retórica de supuesta amenaza contra la propiedad privada” que en realidad oculta una tendencia inversa: la concentración creciente.
Según datos del último Censo Nacional Agropecuario, la agricultura familiar representa al menos el 65% de los productores del país, pero solo accede al 13% de la superficie agrícola. Entre 2002 y 2018, los pequeños productores disminuyeron un 27%; en los últimos 30 años, se estima que 150.000 agricultores familiares desaparecieron en Argentina.
Montón advierte que el proyecto “constituye un fuerte obstáculo para programas de colonización agrícola, regularización dominial, expropiación para asentamientos rurales” y para cualquier política que mejore las condiciones de arrendamiento. Esto se vuelve especialmente crítico si se considera que, en la zona núcleo agrícola, el 80% de la superficie se trabaja bajo arriendo, y que cerca del 60% de los productores hortícolas de los cinturones verdes son arrendatarios.
La Mesa Agroalimentaria Argentina, que nuclea a organizaciones campesinas y de productores familiares, sumó su rechazo por medio de un comunicado. “Esta ley profundiza un desequilibrio estructural porque otorga más poder a quienes poseen la tierra, pero no la trabajan, en detrimento de quienes producimos alimentos. Esto agravará situaciones de desalojos y precariedad”, señaló la entidad. La MAA también alerta sobre la modificación que el proyecto pretende hacer sobre la Ley de Manejo del Fuego, que actualmente prohíbe el cambio de uso del suelo en terrenos incendiados por hasta 60 años para evitar la especulación: “Con la modificación se busca flexibilizar esas restricciones, favoreciendo la especulación y los incendios intencionales”, sostienen.
Sobre el mecanismo de desalojo, la MAA señala que el proyecto “acelera los procedimientos al permitir la ejecución anticipada antes de la sentencia, con apenas tres días de aviso previo”, lo que lo convierte, en sus propias palabras, en “una ley con una lógica rentista y de mercado como única política posible”.
Las organizaciones campesinas resumen el problema en una fórmula: “La tierra no es una mercancía más: es un bien finito cuyo control define qué se produce, cómo se produce y para quién”.
Frente a la iniciativa oficial, la Mesa Agroalimentaria insiste con los proyectos de acceso a la tierra, arrendamientos rurales y defensa del territorio campesino indígena que tiene presentados en el Congreso y aún no han sido tratados.
