La propuesta de reestructuración de deuda pública que el gobierno argentino presentará a los acreedores privados significa un ahorro de U$S 41.500 millones. Para lograrla se propondrá una fuerte reducción en el flujo de intereses a abonar, con un período de tres años de gracia y una tasa inicial de 0,5% anual en 2024, que iría subiendo paulatinamente hasta llegar a un 4,5%. Además se sumará una quita de capital mucho más leve de la que se hablaba originalmente: apenas el 5% sobre el valor nominal.

El anuncio fue hecho de manera conjunta por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una reunión con los gobernadores que tuvo lugar en la Quinta de Olivos. El objetivo fue mostrar consenso y respaldo político a la hora de encarar una medida que, antes de la pandemia, iba a ser el punto de inflexión a partir de la cual el gobierno tomaría un nuevo rumbo. La oferta formal se realizará en las próximas horas ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC), ya que los títulos a reestructurar cotizan en los mercados de ese país y en su mayoría prevén el arbitraje de los tribunales de Nueva York en caso de diferencias legales (algunos también quedaron bajo la jurisdicción de Londres y Tokio).

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“En concreto, Argentina no pagaría en los años 2020, 2021 y 2022. Recién empezaría a hacerlo en 2023. Será una reducción de capital de U$S 3.600 millones, equivalente al 5,4% del capital de estos bonos, y una reducción del pago de intereses de U$S 37.900 millones, el 62% (de lo previsto)”, afirmó Guzmán.

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Aunque la oferta es dura por el volumen del recorte a los acreedores, los montos son menores a los que había recomendado el FMI, que declaró “no sostenible” la deuda pública argentina y recomendó disminuir pagos por entre 55 y 85 mil millones de dólares. Guzmán fijó un plazo perentorio de sólo 20 días para que los bonistas informen si ingresarán en la operación de canje.

Según los gráficos de Economía, tal como está planteada la deuda hasta ahora, las necesidades de financiamiento brutas de la administración central superan el 22% del PBI para este año y el 17% en el trienio 2021-23. “Hoy la Argentina no puede pagar nada. Durante ciertos años no puede pagar nada. Un mayor ajuste fiscal, más rápido, destruiría el futuro y las oportunidades de millones de argentinos. Esta oferta es refundacional para la recuperación y para sentar condiciones del desarrollo del país”, dijo el ministro.

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Mientras Guzmán se explayó en las cuestiones técnicas, el presidente Fernández fue el que dio el tono político. Dijo que hay una virtual cesación de pagos: “Para nosotros, una deuda sostenible es aquella que no postergue a la Argentina”. También comparó la situación actual con la de 2003, cuando como jefe de Gabinete también participó de la reestructuración de pasivos. “En aquella oportunidad debimos hacer frente a un default heredado y en esta ocasión a uno virtual. Pero asumimos el compromiso de salir de esta situación. Vamos a pagar la deuda sin que haya más postergaciones para los argentinos”, dijo el mandatario.

En total son 21 títulos a renegociar (17 de ellos emitidos en los últimos cuatro años), nominados en dólares, euros y francos suizos, por un total equivalente de U$S 66.238 millones. Si la propuesta es aceptada, sólo en este año el gobierno podría ahorrar U$S 4.500 millones en concepto de intereses. El primer vencimiento debía ser afrontado el próximo miércoles: son U$S 503 millones de intereses por el bono Global. Se da por seguro que el pago será frenado y que se apelará al período formal de gracia de 30 días, durante el cual se apurarán las negociaciones, antes de caer en default.