La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio focalizó sus críticas al gobierno en la situación de la deuda pública y denunció una “bomba de tiempo” para la próxima gestión en materia económica. Con una extensión inesperadamente larga (cuatro párrafos de los ocho en que se estructuró el documento), por encima de los dedicados a otros temas como los reclamos de los mapuches en el Sur, las reglas electorales para las internas y los planes de gobierno si ganan las próximas elecciones, los popes de la coalición opositora criticaron la gestión de las autoridades en lo referido al endeudamiento para paliar el déficit.

En particular se expresaron “en contra de la utilización abusiva de instrumentos financieros en pesos ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias”. También mencionaron la “crisis de financiamiento en pesos que tuvo su epicentro en junio de 2022” y que desde entonces “el Banco Central se vio obligado a comprar deuda pública por el equivalente a 2,3% del PBI, burlando los límites al financiamiento al Tesoro que fija su Carta Orgánica”. Además se refirieron a los canjes de deuda que propuso el gobierno y sostuvieron que “esto ha puesto al país ante un delicado escenario de fragilidad financiera que eleva el riesgo de una salida caótica”.

Las abiertas críticas al manejo en la cuestión de la deuda se producen en consonancia con los abultados vencimientos que el Ministerio de Economía debe afrontar en los próximos meses. En una operación realizada a comienzos de enero, la cartera logró canjear el 67% de las obligaciones del primer trimestre por títulos que vencen entre abril de este año y febrero de 2024. Así y todo, este mes hay amortizaciones pendientes por $ 420 mil millones, más otros $ 87 mil millones de adelantos del Banco Central.

El comunicado de la Mesa Nacional parece un blanqueo de la opinión de sus referentes económicos. En la City es vox pópuli que varios de ellos anticiparon que en caso de que JxC se imponga en las elecciones presidenciales, defaulteará esas obligaciones para tener mayor margen de acción. Aunque luego se retractaron, se atribuye a ese anuncio el remezón que la cotización de los títulos públicos sufrió a mediados del año pasado.

Historia reciente

El antecedente más inmediato sobre el tema ocurrió en agosto de 2019, durante la administración de Cambiemos, cuando el entonces ministro Hernán Lacunza ordenó reperfilar de manera unilateral las Letras del Tesoro ya emitidas con pagos escalonados de capital. Ese default (si bien las autoridades de entonces jamás utilizaron esa palabra) demoró hasta seis meses más de lo pactado la cancelación total de esas obligaciones.

Otra faceta que mostró el macrismo durante su gestión fue la emisión de títulos públicos en pesos luego de la ola de devaluaciones de 2018, que en los hechos cerraron el grifo del financiamiento internacional. Desde entonces se emitieron Letes, Lecap (letras con capitalización mensual), Lecer (ajustables por inflación), BOTE (bonos del Tesoro), Botapo (bonos ajustables por la tasa de política monetaria) y bonos duales (atados al dólar), entre otros títulos. Por algunas de ellas, incluso, se aceptaron como parte de pago las Lebac (Letras del Banco Central), transfiriendo en los hechos deuda de esa entidad al Tesoro Nacional.

Lo paradójico fue que en el total de deuda pública, y ante la irrupción del Fondo Monetario Internacional con un préstamo de U$S 57 mil millones (del que sólo se desembolsó el 80% hasta que el organismo suspendió el programa), la proporción de las obligaciones en pesos se redujo del 31% a poco más de 22% del total.

En cuanto al FMI, aunque el organismo prefiere deuda pública antes que financiamiento del Banco Central como receta para enjugar el déficit primario, recomendó extender los vencimientos para oxigenar la situación del Fisco. “La movilización de financiamiento interno neto y la mitigación de los crecientes riesgos de refinanciación serán fundamentales para el período por delante. La implementación de una estrategia proactiva de deuda orientada al mercado será necesaria para hacer frente a las amortizaciones abultadas”, recomendó el organismo en su última auditoría al programa económico, en diciembre del año pasado.