La deuda pública ya roza los 400 mil millones de dólares. De acuerdo al informe preliminar de fin de año elaborado por la Secretaría de Finanzas, la totalidad de los compromisos de la administración central suma U$S 396.539 millones, con un crecimiento de U$S 33.306 millones en el año 2022.

Más de un tercio de ese incremento de la deuda se verificó en el mes de diciembre, donde el crecimiento nominal, si se cotizan los compromisos en pesos al tipo de cambio oficial, fue de U$S 11.871 millones. Casi la mitad de esa suba se explica principalmente por la emisión de letras del tesoro y títulos públicos: sumaron U$S 9.979 millones, con los que Economía canceló vencimientos por U$S 4.654 millones y se guardó la diferencia.

También hubo importantes crecimientos de fondos de organismos internacionales: además de los giros del FMI (que envió U$S 5.917 millones, de los cuales la mitad se usó para amortizaciones en diciembre y el resto seguirá el mismo camino en enero y febrero), también entraron préstamos del BID por U$S 713 millones, que el gobierno decidió dejar como reservas de libre disponibilidad, y otros créditos del BIRF y la CAF.

Según los números oficiales, el 66,71% del monto total está nominado en moneda extranjera y el 33,29% en pesos argentinos. Esto supone una tendencia creciente en la toma de deuda en moneda local, que durante el macrismo se reducía a no más de 27% del total. La tendencia de los ministros de Economía durante la gestión de Alberto Fernández (primero a través de Martín Guzmán y luego de Sergio Massa) fue apelar al mercado de crédito local para la búsqueda de fondos. A su vez, dentro de la fracción en moneda nacional, las obligaciones ajustadas por algún índice (inflación o evolución del dólar, por ejemplo) ya superan a las no ajustables en una proporción de 52% a 48%.

La suba a paso rápido de esta deuda es la consecuencia lógica de la continuidad del déficit fiscal y de la decisión de financiarlo a través del mercado doméstico de crédito. Se estima que la diferencia entre los gastos y los ingresos de la administración pública rondó durante 2022 el 2,5% del PBI (el dato oficial se conocerá a fines de esta semana), lo que podría traducirse en algo más de unos U$S 15.000 millones. Además, desde la llegada de Massa al Palacio de Hacienda se tomó la decisión de prescindir del financiamiento del Banco Central, que suele ayudar al Tesoro a través de adelantos transitorios y de transferencias de utilidades.

Para el año en curso, la previsión es que el gobierno intentará que el déficit no supere el 1,9% del PBI, tal lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Por ello, y considerando que las emisiones de letras y títulos son la herramienta casi excluyente para cubrir el rojo fiscal, es casi seguro que la barrera de los U$S 400.000 millones de deuda será superada a la brevedad.