Uno de los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno promocionó como ventajoso fue la ausencia de las conocidas reformas estructurales que suele exigir el organismo en este tipo de convenios. Son los cambios en las legislaciones laboral, previsional e impositiva que buscan reducir el gasto público y quitar carga al sector privado para facilitar la inversión. El costo de ello suele ser la reducción de haberes y la pérdida de derechos para asalariados y jubilados.
Sin embargo, el memorándum de políticas económicas y financieras que elaboraron las autoridades, y que forma parte de la documentación elevada al FMI para su aprobación, enumera una serie de compromisos en cuestiones fiscales y monetarias. Son las «acciones previas, parámetros de referencia estructurales y medidas propuestas en el marco del acuerdo de facilidades extendidas», que el gobierno se compromete formalmente a realizar en los próximos meses.
Este conjunto de medidas figura entre los elementos que el Fondo monitoreará cada tres meses. Si no se llevan adelante, las misiones revisoras podrán pedir explicaciones y reclamar su cumplimiento. Del informe de cada auditoría dependerá que se efectivicen los desembolsos de dinero para cancelar el stand by pedido por Mauricio Macri en 2018.
Algunas de esas disposiciones, como la suba de la tasa de interés por parte del Banco Central y las flexibilizaciones para operar con bonos en moneda extranjera, ya se pusieron en marcha. Para abril está prevista la adecuación del presupuesto vigente (en rigor una prórroga de 2021, ya que el de este año fue rechazado por el Congreso) para alinearlo con las metas prometidas al Fondo: 2,5% del PBI de déficit primario y 1% de asistencia máxima del Banco Central al Tesoro.
Entre las acciones inmediatas hay algunas que van a provocar bastante ruido. En abril está pautada la audiencia pública para ajustar las tarifas de energía eléctrica de acuerdo a los criterios de segmentación y de utilización del coeficiente de variación salarial (CVS), lo que disparará aumentos adicionales a los ya autorizados desde marzo. Además, para septiembre se promete «un plan a mediano plazo, con asistencia técnica y financiera de socios internacionales, para reducir más los subsidios a la energía, con metas específicas de recuperación de costo», lo que echará las bases de la política tarifaria para los próximos ejercicios.
El sistema previsional
Si bien el gobierno desmintió que se lleve adelante una reforma jubilatoria, prometió tener para diciembre de este año un estudio «que describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones». Allí se pondrá el foco en dos cuestiones bien precisas. Una es el régimen especial para magistrados y funcionarios del Poder Judicial; la otra, la introducción de «mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas», lo que abriría la puerta a que los trabajadores sigan en actividad después de cumplir 65 años. Este punto ya había sido adelantado tanto por el presidente Alberto Fernández como por el ministro Martín Guzmán.
Si bien el memorándum asegura que se evitarán nuevos impuestos a las transacciones financieras (y lo califica como una reforma fiscal estructural de ejecución continua), no sucederá así con los patrimoniales. En ese sentido, se adelanta un proceso para actualizar las tasaciones de las propiedades en todo el país, que se prevé culminar en septiembre. La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, anticipó en el Congreso que el revalúo fue pensado en función del Impuesto a los Bienes Personales, ya que el foco está puesto en «ampliar la base imponible, pero sobre todo de los tributos de mayor progresividad». De todas maneras, en el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (OFeVI), que se creó en 2018 y se relanzará ahora, seguramente se discutirá el alcance de ese procedimiento, del que se dice sólo alcanzará a 600 mil propiedades de alto valor, y si disparará un efecto cascada en el impuesto Inmobiliario y la Tasa de Servicios Generales que provincias y municipios liquidan en base a esa valuación.
El listado abunda en metas más técnicas, como nuevas regulaciones sobre encajes bancarios (junio) y contra el lavado de dinero (septiembre). Una que sobresale es la realización de estudios, «en comunicación con el personal técnico del FMI, para flexibilizar gradualmente los controles cambiarios». Las conclusiones con vistas a ese eventual levantamiento de cepo se esperan para diciembre de este año.
Vuelven los criterios de acceso excepcional
El staff técnico del FMI propondrá al directorio utilizar criterios de acceso excepcional para que Argentina logre un nuevo programa de financiamiento. Es la única manera que admiten los estatutos de la entidad para otorgar créditos por encima del límite para cada país miembro (unos U$S 8.500 millones en el caso argentino).
Los criterios son los mismos que contenía el stand by pactado por el gobierno de Cambiemos en 2018. Son cuatro: presiones sobre la balanza de pagos que no pueden ser satisfechas dentro de los topes crediticios normales; la necesidad de mejorar la sostenibilidad de la deuda; las perspectivas de recuperar acceso a los mercados de crédito; y la capacidad política e institucional de cumplir con el plan.
Si bien los dos primeros criterios se cuadran claramente con la actual situación, habrá que esperar el informe del staff para ver su opinión sobre los dos últimos, fundamentalmente a partir de las dificultades que tuvo el Ejecutivo para lograr que la oposición y los legisladores díscolos del propio oficialismo refrendaran la solicitud del nuevo acuerdo. Los negociadores Julie Kozack y Luis Cubeddu, más el nuevo director para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, tendrán que justificarlo.
