La violencia de género tiene una cara salvaje e irremediable que es, con razón, centro de escena de los movimientos feministas de nuestro país. Y que marcaron un punto de inflexión el 3 de junio de 2015 para pedir justicia ante el aumento de los femicidios al grito de Ni Una Menos.
En estos 7 años, abrimos distintas aristas de la violencia de género: la física, la sexual y la emocional, pero también la simbólica y la económica. Seguimos luchando en contra de los femicidios, que este año se llevaron a más de 200 mujeres en Argentina. Esta realidad tan difícil de cambiar nos hace pensar que hay que encontrar, además de la violencia más visible, los puntos de conexión con aquellas que no tienen tanta visibilidad. Uno de estos puntos es la violencia económica ya que funciona como un caldo de cultivo perfecto para que se proliferen y se reproduzcan el resto de las violencias.
La violencia económica de género se puede entender como el control hacia las mujeres, generalmente por parte de varones de su entorno, limitando así su autonomía económica y, por ende, su posibilidad real de tomar decisiones y llevarlas a cabo.
Podríamos pensar en la siguiente pregunta: ¿cómo hace una mujer que sufre violencia física por parte de su pareja para abandonar esa situación si no tiene los recursos monetarios para hacerlo? Podríamos pensar también que es un caso aislado, pero lo datos muestran que cuando ordenamos a la población por cómo se distribuyen sus ingresos individuales, casi 7 de cada 10 personas del grupo más pobre son mujeres. Entonces, es claro que esta violencia existe y se sustenta en los menores ingresos que concentran las mujeres.
¿Qué pasa en el mercado de trabajo?
Este fenómeno que se conoce como feminización de la pobreza se explica, por un lado, por los obstáculos que enfrentan las mujeres en el mercado de trabajo remunerado. Las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo, sobrerrepresentación en los trabajos más precarizados y peores salarios en relación con sus pares varones. Por el otro, este fenómeno también está atravesado por la sobrecarga de los trabajos de cuidados no remunerados que se realizan cotidianamente en los hogares y las comunidades.
Según la última Encuesta del Uso del Tiempo de 2021 del INDEC, las mujeres dedican en promedio 6 horas y media a los trabajos no remunerados mientras que los varones lo hacen por poco más de la mitad. Esta desigualdad en la distribución de los trabajos no pagos incide directamente en la desigual distribución de ingresos.
Es interesante notar cómo en la cuarentena más estricta del 2020, cuando el aparato productivo estaba casi completamente frenado, las actividades de cuidado nunca pudieron efectivamente frenar ya que hacen al funcionamiento social y humano y si bien como sociedad podemos prescindir, al menos por un tiempo, de ciertos trabajos de servicios y producción, no podemos prescindir en ningún momento de los trabajos de cuidados. Esta condición, sin embargo, no se corresponde con la valoración social ni económica que hacemos de estas tareas.
Volviendo al ejemplo de una mujer que no tiene recursos económicos suficientes para poder abandonar un hogar violento, falta un actor clave en la garantía de derechos: el Estado. Si queremos mejorar esta situación, debemos entender que pensar el presupuesto y dónde se asignan los recursos deben tener esta perspectiva como parte de la programación de sus decisiones. Cabe destacar que existen refugios para mujeres que sufren violencia de género y no tienen recursos, aunque muchas veces son insuficientes, logran dar respuesta ante la urgencia.
En el mismo sentido, existen políticas públicas que trabajan en la emergencia, como el programa Acompañar, que concentra la mayor parte del presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Sin embargo, es necesario tener en cuenta primero las condiciones que nos llevaron a la emergencia y por eso es central trabajar sobre los trabajos de cuidados, tanto en su segmento no remunerado (llevado principalmente por las mujeres dentro de los hogares y las comunidades) como remunerado (educación, salud y empleo doméstico).
En este sentido, pensar en la eliminación de la violencia contra la mujer involucra pensar integralmente la violencia de género y la responsabilidad de los distintos actores en su reproducción. El último reporte de Oxfam, que describe la relación entre el ajuste fiscal y la violencia de género, nos cuenta cómo los programas de ajuste fiscal golpean más fuertemente a las mujeres y las disidencias.
Cuando se presentan programas de austeridad o ajuste fiscal, que recortan en segmentos como educación, salud y protección social, esto repercute directamente en los tiempos destinados al trabajo no pago de las mujeres. Si una guardia de un hospital público está colapsada, ¿quién va a cuidar a esa persona enferma? Si las escuelas se caen a pedazos, ¿quiénes van a componer la cooperativa que ponga manos en el asunto? Si se reduce la cantidad y calidad de la comida de los merenderos, ¿quiénes van a hacer lo imposible para que ninguna infancia se quede sin su plato?
Nuevamente, el caso de gestión popular de la cuarentena muestra cómo fueron y son las mujeres quienes dan respuestas cuando el Estado se retira de la escena. Esto, a su vez, delimita las posibilidades de las mujeres de conseguir la tan necesaria autonomía económica mientras deja sus horas en un trabajo necesario para toda la sociedad.
A su vez, no sólo repercute en la jornada de trabajo no paga de las mujeres sino que también precariza aún más al segmento remunerado del trabajo de cuidados, como educación y salud y golpea más fuerte a las beneficiarias de políticas de protección social que ven sus ingresos licuados por inflación. Es decir que existe un impacto doble para las mujeres de los programas de austeridad o ajuste fiscal, que genera nuevamente una situación económica donde son las más empobrecidas.
Discutir esto se vuelve urgente en el marco de un nuevo programa con el FMI, en el cuarto mes de reducción del gasto público y con un presupuesto para el año que viene acorde a la “consolidación fiscal”. No podemos esperar a una economía estable para atender la agenda de género. El momento es ahora y es con nosotras: ante las crisis, más feminismo.
La nota es parte de la alianza entre Tiempo y Ecofeminita, una organización aliada que trabaja para visibilizar la desigualdad de género a través de la elaboración de contenidos claros y de calidad.
