Los 40 años son de impunidad. El proceso de Memoria, Verdad y Justicia que construyó nuestro pueblo con los organismos de Derechos Humanos no está contemplando lo que pasó en el final de la dictadura cívico-militar. Llevamos años reclamando un proceso judicial por las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en la Guerra de Malvinas.

Al regreso del conflicto armado, cuando nos llevaban a Campo de Mayo y nos hacían las imposiciones de silencio, los soldados comenzamos a denunciar ante los militares lo que habíamos vivido. Muchos denunciaron las violaciones a los Derechos Humanos, las torturas. Con la vuelta de la democracia, lo que se propuso la dictadura dio resultado porque hasta hoy esa historicidad de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados y con los familiares de los caídos, se repite.

A finales de la dictadura, frente a la cantidad de denuncias, calificaron los hechos como «excesos» y se dirimieron en instancias administrativas. El resultado fueron algunos días de arresto para un cabo, un capitán o un oficial. Ya en democracia, los excombatientes pedimos que se forme una comisión bicameral para que investigue. Pero no pasó nada. El Juicio a las Juntas condenó solo a los comandantes, pese a que las instituciones de la democracia contaban con los archivos que recién fueron desclasificados por un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015. En 1988 desde el CECIM La Plata publicamos el Informe Rattembach y nos intervinieron con inteligencia. Esa carpeta la encontramos luego en los archivos desclasificados.

El Día del Ejército de 2019, el jefe del Ejército, Claudio Pascualini, se refirió a las denuncias como pseudas imputaciones que buscaban enlodar el accionar heroico de los que participaron en la guerra. En ese acto estaba el presidente Mauricio Macri y el fiscal Claudio Stornelli. Esa continuidad se da hasta hoy, porque quien tiene que avanzar y consolidar un proceso que arroje la verdad es, precisamente, el Poder Judicial, encabezado por los cuatro cortesanos.

Recién en 2007 logramos que se inicie una causa judicial. Y a 15 años, con 180 testimonios entre testigos y víctimas, más de 130 militares imputados y toda la información surgida de los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, solo hay cuatro militares procesados. Sabemos qué está pasando con las causas de lesa humanidad: cuando llegan a la Corte quedan congeladas y se termina imponiendo la impunidad biológica: no solo mueren las víctimas sino también los victimarios.

Los colimbas fuimos a la guerra cumpliendo la carga pública del Servicio Militar Obligatorio y nuestra pretensión es que uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, con la mayor celeridad arroje verdad sobre todos estos hechos ocurridos. «