Este jueves 14 de abril es el Día Mundial de la enfermedad de Chagas, catalogada como la más endémica de nuestro país. En la Argentina, las personas que la padecen, representan aproximadamente el 4% de la población, poco más de 1,6 millones de personas. Cifra que representa el 20% de la población con Chagas de todo el mundo. El informe “Chagas. Una problemática vigente, una deuda pendiente. La responsabilidad estatal en las enfermedades endémicas desatendidas”, realizado en base a datos obtenidos en bancos de sangre y controles a personas gestantes, afirma que el porcentaje de personas con Chagas no es igual en todas las jurisdicciones del país, oscila entre el 35,5% en Santiago del Estero, que es considerada una zona endémica de la enfermedad; y entre el 9 % y el 1,1%, por ejemplo en la provincia de Río Negro.
Fueron varios los organismos que participaron de éste relevamiento: el Instituto de Salud Colectiva, de la Universidad Nacional de Lanús; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ; la Federación Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas, FINDECHAGAS; y por la Asociación Civil Hablemos de Chagas, formado por investigadores e investigadoras, estudiantes de pre y postgrado, comunicadores, artistas, docentes, integrantes de los equipos de salud y variada pertenencia institucional como el CONICET, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Arturo Jauretche; entre otras.
“Actualmente hay un reconocimiento del Estado que se refleja en el presupuesto asignado después que, desde el 2015 al 2019, las políticas de Chagas se desarticularon y luego vinieron dos años de pandemia donde el ministerio de salud de Nación tuvo que salir a cubrir muchas problemáticas relacionadas al COVID”, explica a Tiempo Francisco Rodríguez, abogado y coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ. En el año 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.281 de Prevención y Control del Chagas que asigna carácter prioritario a las políticas que abordan esta problemática dentro de la política nacional de salud del Ministerio de Salud. Lamentablemente, a 15 años de su sanción sigue sin reglamentarse. En reemplazo de esa reglamentación, “el actual gobierno creó el programa nacional de prevención y control de enfermedades endémicas, que tiene asignados 1.857 millones de pesos. Lo negativo es que en 2021, solo se ejecutó el 5% de este presupuesto”, agrega Rodríguez.
El listado de las seis provincias argentinas que son calificadas como “de alto riesgo” para la transmisión del Chagas son: Chaco, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza. Mientras que Córdoba, Corrientes, La Rioja, Salta, y Tucumán, muestran una situación de riesgo intermedio. Los datos relevados son preocupantes. En nuestro país nacen alrededor de 1300 niñas y niños con Chagas por año a causa de la transmisión vertical, de persona gestante a hija/o durante el embarazo. La región centro del país (Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe), registra más de 500 casos nuevos por año, el mayor número de Chagas vertical en el país, incluso más que en las provincias endémicas.
Respecto a la georreferenciación de las personas que viven con Chagas, el 66% reside en las ciudades y el 33% en zonas rurales. “Este último dato es muy importante porque existe una creencia que el Chagas afecta mayormente a las zonas rurales, pero es todo lo contrario”, desarrolla el referente de ACIJ y agrega: “quiero dejar en claro que la falta de reglamentación de la ley no es un obstáculo para que se puedan garantizar muchos de los derechos que contiene el documento, pero lo cierto es que hay un nivel de generalidades en la redacción de la Ley que implican un montón de decisiones que cada provincia debe tomar. Es decir, existe un cierto nivel de discrecionalidad que cada jurisdicción tiene respecto a cómo se va a ejecutar esa Ley, y es por eso que necesitamos de la reglamentación para clarificar esas obligaciones y establecer parámetros claros”, termina Rodríguez.
La Ley Nacional de Prevención y Control del Chagas prohíbe la discriminación laboral, y actos discriminatorios en general. Incluye obligación a nivel educativo, que determina que las cuestiones sobre Chagas tienen que brindar un mensaje actualizado en todas las instituciones educativas; al mismo tiempo que obliga a campañas masivas de concientización en medios, entre otras bondades.
Falta de reconocimiento mundial
La propia Organización mundial de la Salud (OMS), reconoce que el “mal del Chagas” está categorizada como enfermedades infecciosas desatendidas, y vinculadas directamente con la situación económica social de la población: la pobreza. “El hecho de llamar a la enfermedad como ‘mal de Chagas’ a nivel mundial, es algo peyorativo, hay un sesgo discriminatorio muy grande porque esa denominación pertenecía a otra época en el siglo XIX, que no se sabía cómo se producía. Hoy se sabe que es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, mediante el insecto llamado vinchuca y que involucra a cuestiones complejas como las sociales, económicas y habitacionales”, concluye el referente de la ACIJ.
La desinformación es el peor enemigo
“La falta de políticas públicas adecuadas se traduce en desinformación, tratamientos inaccesibles, medidas preventivas ineficaces y la propagación de la enfermedad entre los grupos más vulnerables, especialmente niños y niñas”, advierte el documento realizado por las diferentes organizaciones. Y recuerda que “para revertir esta situación, tal como indicó Auditoría General de la Nación (AGN) en informes de los años 2012 y 2018, es urgente que el Ministerio de Salud de la Nación reglamente la Ley, y garantice y ejecute los recursos económicos suficientes para implementar políticas públicas adecuadas. Además, es clave contar con controles por parte de la AGN que permitan conocer qué está haciendo el Estado para abordar esta problemática”.
