Si no existieran la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares y la prestación Alimentar, la pobreza infantil en Argentina sería 3 puntos más alta y la pobreza extrema, 10 puntos. Esta afirmación surge de datos de Unicef difundidos durante la presentación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) del informe “Crecer sin pobreza” que será publicado en los próximos días.

El estudio tiene especial relevancia dadas las estadísticas demoledoras que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el 27 de septiembre y la campaña electoral donde hay fuerzas que postulan la intención de disminuir la presencia estatal, criticando la justicia social.

Durante el primer semestre de 2023, la pobreza entre niños de 0 a 14 años alcanzó un porcentual de 56,2. Esto implicó un incremento de 5,3 puntos respecto del primer semestre de 2022. En tanto, la pobreza extrema o indigencia en esta misma población fue de 13,6%, elevándose 0,9 puntos en relación al año pasado.

“Hay acciones que desde la política pública se pueden hacer y que ayudarían a revertir o, al menos, a paliar la situación de la pobreza infantil”, dijo la docente y abogada de Acij, Celeste Fernández. La situación actual en el país, según afirmó, es que 7,4 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 0 y 17 años crecen en la pobreza y que 1,8 millones, en pobreza extrema. “Aquí pobreza quiere decir que están en situación de no alcanzar a cubrir la canasta básica total y pobreza extrema o indigencia, que no acceden ni siquiera a esa canasta básica alimentaria”, detalló. Cabe resaltar que el valor de la canasta básica vigente es de $284.686,95.

Durante la presentación, la abogada expresó que los hogares con NNA son más pobres que aquellos solo conformados por personas adultas. Asimismo, que existen grupos particularmente afectados por esta situación: los adolescentes entre 10 a 17 años, aquellos que viven en barrios populares y los que pertenecen a hogares monomarentales o monoparentales. “Hay un cruce de género que en este último caso hay que hacer porque hay muchos estudios que dan cuenta de que los hogares con jefatura femenina son más pobres que los que tienen una masculina”, puntualizó Fernández.

La pobreza y las políticas sociales en vigencia

La respuesta del Estado ante la pobreza involucra dos ejes. Por un lado, la provisión de servicios esenciales y por el otro, la transferencia de ingresos monetarios a familias con NNA. Entre estos se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se otorga a las familias con NNA de 0 a 17 años y que se encuentran desocupadas o en la informalidad y que en la actualidad, asciende a $17.093. También las asignaciones familiares que se otorgan a familias con rango 1 de actividad, monotributistas o con seguro de desempleo y que tiene igual monto que la AUH. Por último, la prestación Alimentar que se creó en la pandemia para los destinatarios de AUH y que en la actualidad incluye a NNA de 0 a 14 años. Los montos pueden variar desde $22.000 hasta $ 45.500 de uno a tres hijos o más.

“Si bien la pobreza es multidimensional, decidimos focalizarnos en las prestaciones sociales que si bien no son suficientes por si solas para revertir el problema, hay muchos estudios que demuestran el impacto positivo que tienen en evitar que las personas caigan en situación de pobreza”, resaltó. En particular, resaltó que la masividad en el acceso a la protección social de NNA depende, en gran medida, de la AUH. “La buena noticia es que tiene bastante consenso en diferentes sectores políticos”, comentó.

Foto: Norberto Duarte / AFP

Las principales falencias del sistema

El estudio que llevó a cabo Acij durante más de un año implicó un diagnóstico de las principales falencias de los sistemas de transferencia de prestaciones sociales. “Vamos a hacer foco en la insuficiencia: las prestaciones hoy no alcanzan para cubrir una canasta básica alimentaria”, afirmó Bárbara Zanino, abogada especialista en NNA de Acij. Se trata de una base de vital importancia que ni siquiera contempla especificidades como problemas de salud.

Por otra parte, también señaló que no siempre quienes tienen menos recursos reciben más ayuda por parte del estado. “En este sentido hay políticas que están funcionando de manera regresiva”, manifestó. Otra falencia grave que detectó la investigación es la exclusión de toda prestación social a 1,4 millones de NNA por cuestiones migratorias, suspensiones por falta de presentación de libretas o por no estar identificados, entre otros. Existen, además regulaciones discriminatorias, por ejemplo, al excluir de Alimentar por su edad a los adolescentes o exigir controles de salud o educación en caso de AUH cuando no se exige en asignaciones familiares.

No obstante lo reseñado, Zanino resaltó que una de las falencias más importantes tienen que ver con la falta de jerarquización legal de estas prestaciones ya que existen solo por resolución del Ministerio de Desarrollo Social. “Es muy grave porque hoy no sabemos qué va a pasar con la política”, expresó.

Foto: Diego Martinez @ildieco_diegomartinezph

La prestación Alimentar no llega a los adolescentes

“Era una prestación exclusiva para algunos comercios pero se fue modificando para abarcar más”, dijo Zanino. Quienes reciben Alimentar, lo hacen en la misma cuenta de AUH por lo que, según la especialista, se trata de una política que tiende a unificarse. No obstante, remarcó que su distribución no es equitativa ya que no se duplica con la cantidad de NNA del hogar y no llega a los adolescentes de 14 a 17 años que, sin embargo, son beneficiarios de la AUH y suman unos 360 mil. “Esto genera una brecha porque estos adolescentes están muchísimo más lejos de la canasta básica alimentaria porque no tienen ese refuerzo”, agregó Fernández.

Consultadas por Tiempo acerca de los fundamentos de esta exclusión en la política, Fernández expresó que esta política surgió en pandemia, donde se protegió más a la primera infancia. “Se fue ampliando por tramos pero en un momento se detuvo en 14 años y ahora parece que se olvidan que hay un universo de 15 a 17 que no lo reciben y es clave”, expresó Fernández. Por su parte, Zanino señaló que algunos señalaban que se cruzaba con la beca Progresar que tiene un fin educativo. “Progresar debería servir para estudiar pero ¿cómo van a hacerlo si no tienen para comer?”, detalló.

Aún con estos programas, NNA no alcanzan la canasta básica

Del informe surge que durante el primer semestre de 2023 ninguno de quienes son destinatarios de las prestaciones sociales alcanzó a cubrir la canasta básica. Aquellos que perciben AUH y Alimentar con NNA de 0 a 14 años, cubrieron el 77 % de la canasta alimentaria. Los adolescentes de 15 a 17, solo con AUH pudieron cubrir el 37,5%. Y quienes perciben asignaciones familiares en rango 1 llegaron a cubrir el 37,9 % de la canasta.

En contrapunto, cabe resaltar que la inversión estatal en estas políticas disminuyó en 2023. Según datos oficiales, AUH tuvo una inversión  $ 737.360 millones, que implicó un 11,7 % menos que el año pasado. En tanto que Alimentar tuvo una inversión de $592.240, siendo un 18,5 menos y asignaciones familiares, $ 842.933, un 32,7% menos. “Hay una connotación importante, se está vulnerando una garantía de la ley 26.061 que establece intangibilidad de los recursos destinados a las infancias, sin embargo vemos que no solo no son intangibles sino que se reducen”, aseguró Fernández.

Una inversión en infancia cuesta menos que la quita de ganancias

El informe incluye una serie de propuestas para abordar la problemática desde el Estado. “Considerando el universo de NNA que reciben AUH y el primer tramo de asignaciones familiares, que son unos 6,5 millones, es necesario que perciban una prestación que alcance para cubrir una canasta básica alimentaria”, expresó Zanino.

Detalló que la inversión sería de 1,2 billones y que “el costo sería menor a lo que el Estado está dejando de recaudar a no cobrar a ganancias al Poder Judicial o a la quita reciente de ganancias para personas de altos ingresos”. En este sentido, otra propuesta viable sería garantizar una AUH suficiente y la unificación de las políticas, incluyendo a los adolescentes.

Por último, sancionar una ley que incorpore a la prestación Alimentar para asegurar su continuidad y ampliarla a los adolescentes e incluir una fórmula trimestral de actualización de los montos.