La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual número 15 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la provincia de Buenos Aires. Los efectos que dejó la gestión de María Eugenia Vidal, atravesados por las complejidades que impuso la pandemia, se reflejaron en un relevamiento que mostró un descenso en la población carcelaria pero un incremento en las aprehensiones y la violencia policial.

“Un dato que nos resulta alentador es que dejó de crecer la población penitenciaria en los niveles del gobierno de Vidal: después de crecer 9% interanual, en 2020 decreció un 1%. Hacía rato que no pasaba. Venía subiendo hace años y de manera acelerada en la última gestión”, remarcó Sandra Raggio, directora general de la CPM, en diálogo con Tiempo. Y advirtió que “la contraparte es que creció la población en comisarías un 15% respecto de 2019. Muchos de los calabozos están clausurados, con sobrepoblación de 295%”.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

El punto que resaltó Raggio tras la presentación del informe 2020 apunta a que “lo más preocupante es lo que tiene que ver con la política de seguridad. En el marco del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) crecieron las aprehensiones policiales”. Según consta en el informe, durante 2019 la Policía bonaerense aprehendió a casi 280.000 ciudadanos/as mayores de 18 años, un promedio de 32 por hora. En 2020, las aprehensiones ascendieron a 410.088, es decir 130.000 más, un promedio de 47 por hora. De este total de aprehensiones, solo 37.607 (9%) derivaron en privaciones de libertad convalidadas judicialmente. Es decir que el 91% no contenían los elementos mínimos que justificaran una detención.

“Todo esto en un contexto donde se redujo el delito en un 30%. Lo cual da cuenta del despliegue de las fuerzas policiales. Y de esas aprehensiones muy pocas llegaron al sistema judicial. Además de lo que genera el ingreso a comisarías en una situación de colapso, el despliegue muchas veces es violento y da cuenta de arbitrariedad policial”, destacó Raggio. Así, la pandemia y la cuarentena implicaron “un nuevo contexto para que la policía desplegara su fuerza en el control y presión sobre los territorios, en particular sobre los sectores populares. Este es el sesgo manodurista que sigue en Seguridad: (Sergio) Berni ha sostenido esa política”.

Entre las dificultades que impuso la pandemia en un ámbito ya en crisis, Raggio destacó como positiva la habilitación del uso de teléfonos celulares para que las personas detenidas pudieran sostener el contacto con sus familias durante el aislamiento. La medida no se replicó en los ámbitos de encierro para menores: “En el fuero penal juvenil hubo más conflictividades y malestares y violaciones a derechos humanos relacionadas con el aislamiento y la falta de contacto con las familias. No hubo un uso claro de celulares y no tuvieron garantizada esa comunicación, lo que generó muchas angustias, intentos de suicidios y suicidios”, alertó Raggio en relación a la muerte de dos jóvenes por falta de políticas adecuadas en la prevención de suicidios.

Uno de ellos se suicidó en el centro de recepción Malvinas Argentinas. Ya les había manifestado a sus compañeros que no quería vivir más. Según consta en el informe, “su principal reclamo era la necesidad de comunicarse más tiempo con su familia porque no tenía visitas; al no tener celular, su tiempo de contacto era muy escaso: solo de dos llamados de 10 minutos y una videollamada de 20 minutos por semana. El día que se suicidó tuvo un conflicto originado en la falta de comunicación y luego de eso fue alojado sólo en su celda”. La otra víctima, en el centro cerrado Almafuerte, había estado poco antes en aislamiento total a modo de sanción. El día anterior a quitarse la vida, había recibido una golpiza por reclamar más tiempo de permanencia frente a la computadora ante las dificultades para mantener la conexión con su familia.

En el fuero de responsabilidad penal juvenil, la cantidad de jóvenes detenidos en dispositivos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) se redujo de de 676 en enero a 503 en diciembre del año pasado. Más allá del dato positivo, un problema sobre el que alertó Raggio tiene que ver con que sólo 245 de los 753 niños, niñas y jóvenes ingresados a dispositivos del OPNyA durante el año 2020 tuvo algún contacto previo con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes. “Hay una disociación entre el sistema de promoción y el penal. Hay que fortalecerlo para evitar que lleguen a tener conflicto con la ley penal”, indicó la directora de la CPM. Y advirtió sobre la cantidad de jóvenes inimputables de 15 años o menos que ingresan al sistema de encierro: a lo largo de 2020 fueron un 12% del total.

En el plano de la salud mental, si bien apuntó que hay una deuda pendiente en la provincia, Raggio resaltó “un avance en la aplicación de la ley” ya que se fue reduciendo la población de pacientes internados. “La preocupación ahí es lo que pasa en el sector privado: no llegó el Estado todavía en el control, por ejemplo a las comunidades terapéuticas”.

En diciembre de 2019 la CPM fue designada, según la ley nacional 26.827, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Su informe anual número 15 lo hizo en ese carácter y estuvo atravesado por el contexto extraordinario de la pandemia, que “llegó a los lugares de encierro con un sistema colapsado y en plena crisis, luego de cuatro años de crecimiento sostenido de la población detenida, unidades superpobladas y hacinadas, un sistema de salud penitenciaria deteriorado y sin posibilidades de brindar una asistencia elemental, servicios básicos colapsados y condiciones de sobrevida inhumanas, donde el gobierno se ejerce a través de la tortura en sus múltiples dimensiones”.