Durante dos días consecutivos, la esquina de Perú y Av. Julio Roca, se transforma en un aula a cielo abierto, donde cientos de docentes visibilizarán la emergencia educativa por la que atraviesa la Ciudad. En la jornada de hoy se movilizaron a las puertas de la Legislatura porteña para reclamar la inmediata sanción de una ley que garantice la estabilidad laboral de miles de docentes que, luego de muchos años de trabajo, todavía no fueron confirmados en sus puestos como titulares. Pero este reclamo histórico no solo incluye la titularización de las y los trabajadores de la educación, también, la regularización de los concursos y la restitución de las Juntas de Clasificación; temas que en los últimos 10 años, el ministerio de Educación porteño, actualmente comandado por Soledad Acuña, resolvió a puertas cerradas y de espaldas a la docencia.

La movilización incluyó un cese de tareas y una radio abierta. “Hace tiempo que miles de docentes no acceden a la titularidad de sus cargos, el gobierno porteño quiere hacer un concurso donde pondría a todos esos cargos interinos como propuestas para la titularización”, señala a Tiempo Jorge Adaro, Secretario Adjunto de Ademys. “Desde nuestro sindicato presentamos un proyecto de ley que entró por el Frente de Izquierda a la Legislatura, pidiendo de manera inmediata la sanción de una ley que permita la titularización de todos los docentes interinos”, agrega.

El sistema educativo público porteño tiene 100 mil docentes en todos los niveles, y los profesores de secundarios representan la mitad de ese total. “Nosotros calculamos que alrededor del 70% de los docentes del nivel medio son interinos, es decir, el ministerio de educación tiene precarizados a casi 35 mil profesores”, subraya en diálogo con este medio Marcelo Parra, secretario del nivel secundario de UTE-CTERA. Mantener a miles de trabajadores de la Educación en esta situación representa que no tengan acceso a varios derechos que están estipulados en el estatuto docente: “Lo primero y más importantes es que la falta de titularización a docentes los deja sin estabilidad laboral y pueden ser removidos de un momento a otro por diferentes temas, como que vuelva un titular a su cargo, que se cierre algún curso; además no pueden tomarse licencia sin goce de sueldo, ni tienen acceso a créditos personales, etc.; pero sobre todo los imposibilita de poder ascender en sus cargos, o sea, ningún profesor interino puede realizar su carrera docente para llegar a la dirección de una escuela como lo estipula nuestro estatuto”, cuenta Parra.

Otro de los temas que preocupa a las y los docentes porteños, y por el que también movilizarán este viernes, es el avance del vaciamiento que realiza el Ministerio de Educación de la Ciudad sobre los profesorados de formación docente. Desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley que habilitó la conformación de la UniCABA, los 29 Institutos Superior de Formación Docente (ISFD) comenzaron a ser irrumpidos con diferentes decisiones políticas que apuntan a la desarticulación y vaciamiento de los mismos. En noviembre de 2018, la Ciudad logró sancionar solo con los votos del oficialismo porteño la puesta en marcha de la UniCABA.

El proceso de vaciamiento que emprendió la Ciudad contra los profesorados, se divide en varios tramos: en marzo de 2019, a cuatro meses de aprobada la ley, Acuña dividió por decreto la Dirección General de Educación Superior en dos partes: la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente –UCSFD–, que hasta entonces, tenía como función vigilar el funcionamiento de seis profesorados de gestión estatal, cuyo titular era Mariano Palamidessi (hoy rector de la UniCABA); y la Dirección General de Escuelas Normales Superiores y Artísticas –DGENSyA–, que controla el funcionamiento de 15 profesorados. Por aquel entonces no estaba claro cuál era el motivo de esta división, pero rápidamente saltó a la luz que el objetivo de fondo era desarticular la organización de los profesorados y despejar la zona para que avance la UniCABA con la menor resistencia posible de la comunidad educativa de los institutos de formación docente.

“La intención del gobierno porteño es ahogar presupuestariamente y políticamente a los profesorados. Por ejemplo impidieron las inscripciones de medio término, acortaron el período de inscripción anual, se negaron a realizar una difusión masiva y últimamente instalaron un curso de ingreso a los 29 profesorados. Esto genera la falta de inscripción de nuevos estudiantes”, detalla a Tiempo Federico Puy, delegado de UTE-CTERA del Normal 5, de la lista marrón por el PTS del Frente Izquierda. “Pero además, ahora, pretenden instalar el sistema de inscripción del Sui Guaraní, que se usa en las universidades; quieren centralizar y manipular la matrícula de ingresos y de las cursadas a las materias, y siguen manteniendo precarizados a la mayor parte de la planta de docentes ya que la última titularización en los terciarios fue en 2013”, remata Puy.

La inscripción a los profesorados será exclusivamente online

Un claro ejemplo de control en la asignación de vacantes, es lo que ocurre con el sistema de inscripción online para acceder a la educación pública porteña, que el Gobierno de la Ciudad viene utilizando desde el 2013. Antes las inscripciones a las escuelas se realizaban de manera personalizada, las familias podían entrar a los colegios, conocer su currícula educativa, dialogar con sus directivos y empezar a formar parte de esa comunidad. Cuando el sistema de inscripción online se interpuso, todo esto cambió. Hoy las familias se ven obligadas a elegir varias escuelas, y el sistema selecciona alguna de ellas, si es que les otorga una vacante. Ahora Acuña quiere hacer lo mismo con los profesorados. “Nos informaron que la inscripción de estudiantes será 100% online y este programa va a estar manejado exclusivamente por el gobierno de la Ciudad, donde va a implicar la inscripción a materias estableciendo cupos para las cátedras”, detalla a Tiempo Silvina Cuello, profesora de terciarios e integrante de Ademys. “Esto quiere decir que va a haber una menor oferta, por lo tanto una menor matriculación, y las instituciones no van a conocer cuánta gente se matriculó en cada instituto y cuánta pretendía hacerlo”, agrega.