Explota el verano y se multiplican, como cada año, las fiestas clandestinas. Al mismo tiempo, crecen los riesgos de organizar un evento masivo al margen de la ley. Tiempo realizó un relevamiento en diferentes puntos del Conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires para advertir cómo las autoridades tratan la problemática. Según las fuentes, la clave para desactivar estos encuentros en quintas y casas particulares ya no pasa sólo por las denuncias de los vecinos sino, sobre todo, por el análisis de los posteos en redes sociales.

La Plata fue hace dos años, en la madrugada del 1° de enero de 2016, escenario de una fiesta fatal, con la muerte de la joven Emilia Uscamayta Curí, que generó una conmoción en la gestión del intendente Julio Garro, del PRO (ver aparte). Cuatro sospechosos están a punto de ir a juicio por el delito de homicidio simple con dolo eventual, mientras que el exsecretario de Seguridad platense, el excomisario Daniel Piqué, está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En este contexto, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano de La Plata procura mostrarse muy activa en la detección de estas celebraciones privadas en las que se venden bebidas alcohólicas y eventualmente se cobra entrada. En conjunto con efectivos de la Policía local lograron neutralizar 24 fiestas clandestinas en Navidad: 15 fueron clausuradas y otras nueve fueron «desalentadas» antes de comenzar. El operativo se realizó tras haber recibido 46 denuncias a través de dos líneas de WhatsApp y al número 147. Previamente se había hecho un relevamiento en redes sociales.

En Moreno, donde gobierna Walter Festa (FpV), no quieren que se repita un episodio similar al de los festejos de la primavera de 2016, cuando un joven fue asesinado en una fiesta convocada por Facebook. Desde el área de Inspección Comunitaria del distrito detallan que cuentan «con un mapeo de quintas detectadas que realizan fiestas clandestinas, por lo que se ejecutaron entre 60 y 70 inspecciones preventivas para Navidad». Calculan que para fin de año la cifra podría duplicarse, en el marco del Operativo Nocturnidad del que participan inspectores, personal de tránsito y policial. Estos procedimientos están estipulados en la ordenanza 5640/16 que sostiene que «todo evento que se realice en el distrito con más de diez personas asistentes y donde se perciba una entrada, debe solicitar una habilitación para funcionar».

Voceros del intendente Juan Horacio Zabaleta (PJ), de Hurlingham, señalan que la Dirección General de Control, Fiscalización y Habilitaciones tiene «un equipo de inspectores abocados exclusivamente a esta tarea nocturna de miércoles a domingo para hacer cumplir las normativas vigentes en bares y locales bailables. Detectamos que en los últimos años creció la realización de fiestas en casas particulares, en algunas ocasiones aprovechando cumpleaños reales». Para la prevención de estos eventos, agregan, «realizamos un seguimiento en las redes sociales y notificamos a los propietarios de las viviendas que no pueden organizar eventos de esa magnitud dado que no cuentan con las respectivas medidas de seguridad y permisos. Sin embargo, a pesar de estas medidas, hemos detectado fiestas en desarrollo tanto en viviendas particulares como en casas que se alquilan para tal fin. En ese caso detenemos el evento y labramos infracciones».

En Morón, Ramiro Tagliaferro (Cambiemos) dispuso operativos coordinados por Seguridad Ciudadana en los que participan Inspección General, Tránsito y el SAME en las zonas de discotecas, principalmente Villa Sarmiento y Castelar. Respecto de las fiestas clandestinas, afirman desde el municipio, «se hace cierto control de redes, si se detectan hay un aviso a los agentes y luego se inspecciona el lugar. El operativo montado nos da la posibilidad de trasladarnos en el momento ante una denuncia».

En la Ciudad, desde la Agencia Gubernamental de Control puntualizan que trabajan junto al área de Cibercrimen de la policía porteña, que releva las redes sociales aunque se basa, sobre todo, en las denuncias que llegan al 147 y los llamados que recibe la ONG Familias por la Vida, adonde los vecinos advierten irregularidades en locales nocturnos o la existencia de fiestas masivas ilegales. «Recibimos las denuncias y las enviamos a la AGC. No sabemos ni qué inspector va ni cuándo. Pero una vez que van al lugar, nos hacen una devolución y nosotros hacemos el seguimiento», explica Angélica González, una de las operadoras telefónicas de esa asociación civil y madre de Érica Lizarraga, que falleció en la tragedia de Cromañón a los 21 años. «La mayoría de los lugares están habilitados pero tienen alguna deficiencia. También tenemos denuncias por fiestas en casas particulares, sobre todo en las Comunas 1, 3 y 14, donde venden bebidas alcohólicas o hay menores, y no se cumple ninguna norma». «

Balas en Las Catonas

«Traé alcohol, drogas y armas», rezaba la convocatoria a través de las redes sociales para asistir a la fiesta clandestina denominada “Proyecto XXX”, en el barrio Las Catonas, de Moreno. La entrada a la casaquinta que los organizadores habían alquilado para celebrar la llegada de la primavera 2016 era de 50 pesos y una bebida alcohólica. Según trascendió entonces, unos 500 jóvenes se acercaron al lugar. Nicolás Matías Rivero, de 20 años, murió de un balazo cuando de un momento a otro comenzó una infernal balacera.

Esa madrugada hubo 13 heridos más. Horas más tarde, fue detenido un joven de 19 años que en un grupo de WhatsApp había confesado: “Alto ruido hice. Tengo la gorra atrás.”