Fabián Capponi, director de Educación de Gestión Estatal porteño, visitó sorpresivamente la escuela primaria «José Martí» de Villa Soldati el 17 de septiembre de 2001. La inesperada recorrida por el edifico escolar fue en el marco de la flexibilización de las restricciones sanitarias en medio del pico de contagios de Covid 19, que tuvo como resultado el fallecimiento de 35 docentes en todo el distrito porteño. Las y los maestros que estaban en sus puestos de trabajo se vieron sorprendidos por la aparición del funcionario que, según algunos testigos, recorría los espacios de la escuela socarronamente y de manera provocativa. Inmediatamente los trabajadores y trabajadoras de la educación comenzaron a abuchearlo y un asistente de Capponi filmó toda la escena. Entre quienes repudiaron la visita del funcionario estaban Jorge Adaro, histórico docente de esa escuela y secretario adjunto del sindicado Ademys, y el maestro Juan Vicenzo. Tras ser identificados, la cartera educativa inicio un sumario y un proceso de persecución que lleva más de un año.

Desde el Ministerio de Educación aseguraron en su momento que «los docentes involucrados impidieron la entrada del director general con gritos, agresiones e insultos, mientras se encontraban presentes en el lugar alumnos menores de edad y sus familiares”. Situación que luego fue desmentida por varios testigos y las imágenes del video, dado que Capponi ya se encontraba en el interior de la escuela. Además, desde la cartera educativa afirmaron que «habiendo culminado el proceso sumarial legal, los docentes iban a ser sancionados con una suspensión de 30 días sin goce de sueldo». La sanción que propuso Acuña fue rechazada de plano por la junta de disciplina, integrada por los gremios mayoritarios y algunos representantes del ministerio de educación. Tras el rechazo, la cartera que conduce Soledad Acuña inició un proceso de desafuero judicial para poder aplicar la sanción. Rápidamente la comunidad educativa en su conjunto, salió a repudiar esta iniciativa dado que es un grave antecedente para todo el conjunto de trabajadores de la educación.

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“El apoyo hacia el compañero Adaro es total y absoluto, porque ahora el gobierno porteño quiere dar un paso más, ya no es un sumario, no es algo administrativo, sino que es algo judicial”, se solidariza Eduardo López, secretario adjunto del gremio docente UTE-CTERA. “Angélica (Graciano, secretaria general de UTE) como yo, lo conocemos a Jorge hace 30 o 35 años. En mi caso, además, es compañero distrital, ya que ambos trabajamos en diferentes escuelas dentro del distrito 19”, agrega y remata: “Siempre vamos a estar apoyando a quienes luchan y siempre vamos a repudiar la persecución a quienes luchan. Es la postura oficial no solo de UTE, también de la CTA Ciudad, e incluimos en ese apoyo a los compañeros de ATE Capital que también se manifestaron del mismo modo, al igual que los trabajadores del Subte que se solidarizaron con Jorge Adaro”.

A la lista de rechazo al accionar del gobierno porteño y de solidaridad con el docente Jorge Adaro, se suman los trabajadores privados del sector: “nos solidarizamos con el compañero perseguido por el gobierno de Larreta y Acuña. Desde Sadop Capital expresamos nuestro rechazo al juicio de desafuero contra el secretario adjunto de Ademys, por luchar contra el ajuste educativo”, destacan desde el gremio a Tiempo. “Basta de persecución a los y las docentes y a sus organizaciones sindicales”, agregan.

Cabe recordar que, no contenta con el sumario que intentó adjudicar sobre los trabajadores de la educación, en septiembre del año pasado, la ministra Soledad Acuña arremetió contra Jorge Adaro y Juan Vicenzo por sus  redes sociales: “Lo que vemos en ese video está muy lejos del ejemplo que nuestros alumnos necesitan para educarse en libertad y mirando al futuro. Por eso, el año pasado iniciamos un proceso sumarial que hoy termina con una sanción de 30 días sin goce de sueldo para dos docentes”, propinó la mandataria. “Uno de los imputados es delegado gremial y el otro fue designado con el mismo cargo tiempo después del incidente. Los derechos gremiales no deben ser un escudo para hostigar autoridades e interferir en la vida de los estudiantes. Todo tiene un límite y cada acto, su consecuencia”, agregó.

“La situación con Jorge Adaro es un claro reflejo de las políticas de gestión del Ministerio de Educación. Es premisa de este gobierno el disciplinamiento hacia quienes luchamos por mejoras laborales”, manifiesta a Tiempo Santiago Ferrero, secretario de Prensa CAMYP. El docente y referente sindical puso en eje la falta de diálogo con la cartera que conduce Soledad Acuña y la persecución a la comunidad educativa. “Venimos denunciando la falta de diálogo por parte del Ministerio de Educación y el constante intento de acallar las voces que resuenan diferentes. Hace pocos días lo volvimos a vivenciar con Julio Pasquareli, Vicerrector del Mariano Acosta”, agrega.

Juntada de firmas contra el desafuero

Mientras el ejecutivo porteño avanza con el juicio contra el docente Jorge Adaro, la comunidad educativa hizo girar un documento digital para recolectar firmas a favor del maestro y en rechazo al hostigamiento y persecución que sufre el referente sindical.


“Lxs abajo firmantes nos pronunciamos contra el juicio de desafuero iniciado por el Gobierno de Rodríguez Larreta y su Ministra Soledad Acuña contra Jorge Adaro, Secretario General Adjunto de Ademys”, comienza el texto. En el documento afirman que esto es consecuencia de su defensa a la educación pública y “por defender a la docencia contra su política de ajuste”. Sobre el final del escrito señalan: “Rechazamos la aberración jurídica, política y gremial de una sanción que intenta ser ejemplificadora, que atenta contra los más elementales derechos de la actividad gremial, para querer disciplinar y frenar la lucha y los reclamos docentes”.