Pocas dudas caben hoy, que la distribución de las escuelas en las diferentes jurisdicciones regionales, de una Argentina cada vez más desigual, originó una formación con evidentes desniveles en los rendimientos de los estudiantes. Es así que en la actualidad los equipos directivos de los establecimientos educativos deben responder a las exigencias de un mundo en permanente cambio; con nuevos problemas que invaden el aula y exceden la tarea docente, como son las de género, violencia intrafamiliar, adicciones, y todo esto en el marco de la perdida de políticas educativas homogéneas y con escasos recursos presupuestarios. La consecuencia inmediata de esta situación fue que la frontera entre lo institucional y el medio exterior se fue haciendo cada vez más permeables. Esas determinaciones académicas y didácticas indiscutibles de los educadores de antaño, fueron puestas en dudas y revisada en un constante dialogo con la sociedad a la que actualmente llamamos comunidad educativa. Y todo ello, con el fin de lograr procedimientos más democráticos y legítimos; de lo cual estuve y sigo estando totalmente de acuerdo.

Ahora bien, no debemos confundir esta situación con la configuración de establecimientos donde las decisiones de las autoridades y profesores son puestas en dudas en forma constante, orientando las acciones a una gestión que se desarrolle a partir de asambleas. Esta no son las escuelas, colegios o institutos que queremos. En ese sentido, debo responder a algunas declaraciones que he leído en posteos de redes vinculados a los colegios secundarios que tengo el honor de coordinar junto a las Rectoras y Rectores de los seis establecimientos preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires. Específicamente me refiero a ciertos errores conceptuales graves respecto a los cursos de ingreso del CNBA y la ESCCP.

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En primer lugar, el Curso de Ingreso es justamente eso, un curso como tantos otros que se instrumentan desde la Universidad, y en ese lugar, los recursos materiales, informáticos, didácticos, como del personal docente contratado, se otorgan mientras dure el curso. Y los cursos de ingreso no son una excepción.

Incluso, si tomáramos instancias educativas mucho más cercanas, como son los sextos años del CNBA y la ESCCP, observaríamos que al no ser obligatorios para la graduación, se organizan por demanda. Si hay estudiantes se abres los cursos y sino los cursos se cierran. Me extraña la sorpresa de algunos docentes.

Por último, se denuncia que la decisión de acortar el curso de ingreso está basada en argumentos pedagógicos dudosos. Sin embargo, debo recordar que las estrategias pedagógicas deben estar en sintonía con los objetivos que se quieren alcanzar. Entonces, cuando esos objetivos vienen cambiando, como fueron la reducción de historia y geografía en ciencias sociales y la priorización de contenidos esenciales en matemática y lengua, informatizándolos a través de clases con ejercitación interactiva cuyos objetivos favorecen los aprendizajes de los aspirantes, es lógico que también se modifique la estructura del curso. No obstante, dicha decisión presenta también otras aristas que es la del sentido común. Realmente consideramos que someter a niños y niñas de doce años, que en la mayoría de los casos ya vienen con la exigencia de cumplir una doble escolaridad, a que concurran todas las semanas a recibir cinco horas de clases presenciales para que después deban estudiar los fines de semana, es de una exigencia que va más allá de los lógicos y necesarios contenidos que los estudiantes que aspiran a ingresar deben tener.

Es que tenemos que comprender que los procesos pedagógicos y didácticos como así también, los diseños curriculares, deben ser revisados y actualizados en forma periódica. Aquella escuela imperturbable a través de los años ya no existe. De manera que hay que innovar con todo el esfuerzo, el mundo actual nos lo exige.