La noche del 12 de enero de 2012, Paola le dijo a Jorge Prieto que se iba de la casa. Estaba cansada de los celos y de los maltratos. Quería pasar su último mes de embarazo en paz. Prieto, al principio, no reaccionó. Unas horas después, cuando ella estaba por irse, la agarró del pelo, la golpeó, se subió arriba de su panza y hasta llegó a cortarle las muñecas. Mientras la violentaba, le repetía: “Hoy te morís”. Paola no falleció, a pesar de la brutalidad del ataque. Unos vecinos la ayudaron pero la violencia que desplegó Prieto sobre su cuerpo derivó en la pérdida del embarazo.

Prieto llegó a juicio en marzo de 2017, pero no hubo condena. El Tribunal Oral Criminal 5 consideró que si hubiera querido matar a Paola, habría seguido con la agresión hasta lograrlo. Caratularon el caso como lesiones. Por el tiempo que había pasado, esa parte de la causa ya estaba prescripta. Solo se lo condenó por el delito de aborto.

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A fines de ese año 2012 se sancionó en la Argentina la Ley 26.791, que incorporó la figura de femicidio al Código Penal y, con ello, el agravante de violencia de género para los casos de amenazas y lesiones. Antes, las consideraciones sobre los homicidios cometidos en situaciones de violencia de género no eran contempladas por la mayoría de los jueces y fiscales de nuestro país, a pesar de que desde 2009 estaba vigente la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres”.

El femicidio de Úrsula Bahillo exhibió, una vez más, las falencias de un sistema judicial al que le cuesta demasiado incorporar la perspectiva de género en sus intervenciones, así como también se resiste en muchísimos casos a escuchar a la víctima y evaluar los riesgos a los que se enfrenta al momento de hacer una denuncia. Muchas de las denunciantes, además de cargar con la situación que llevan al sistema, se encuentran con la desconfianza de quienes las reciben. ¿Acaso un fiscal duda de aquella persona que denuncia un robo? En el caso de las víctimas de abuso sexual no solo se duda sino que hasta se piden tests de “fabulación” para comprobar su palabra.

La violencia de género se cristaliza de distintas formas y, por eso, un tratamiento jurídico que no tiene en cuenta a la víctima siempre va a ser insuficiente. Si se habla de deficiencias estructurales, se ha automatizado (en el mejor de los casos) que un juez otorgue una prohibición de acercamiento ante una denuncia de género. El problema es cómo lograr que esa restricción se cumpla: los botones antipánico escasean, a veces no funcionan y otras, simplemente no alcanzan. Además, vuelve a recaer el peso de la situación en la víctima, que no solo tuvo que ir a denunciar, exponerse frente a funcionarios judiciales, médicos y psicólogos, sino también estar completamente atenta a la espera de que “algo suceda”.

Otro de los grandes inconvenientes es que muchas veces las denuncias terminan en dos fueros: por un lado, el penal y, por el otro, el civil. Cada uno tiene sus características, sus objetivos y sus tiempos. Para estar activamente en ambos se precisa un/a abogado/a, algo que las denunciantes en general no tienen. En noviembre de 2015 se creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, pero aún no tiene implementación plena en todo el país.

La tramitación de denuncias difiere en cada provincia. En la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia creó la Oficina de Violencia Doméstica en 2006 para un abordaje integral de las causas, un modelo que lamentablemente no se replicó de manera masiva en el país. También existe la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal para asistir a las denunciantes, así como la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres para la incorporación de perspectiva de género en las investigaciones.

Pionero en la reglamentación, el país mantiene un alto número de femicidios y un acompañamiento pobre del Estado, algo que involucra a todos los poderes. Mayor perspectiva de género, renovación en los puestos de decisión, más presencia de mujeres en los concursos para acceder a lugares clave son acciones que llevan tiempo, pero deben acelerarse en pos de un sistema judicial más igualitario. «

Movilización el 17 y un Consejo Federal

El colectivo NiUnaMenos convocó a una movilización para el próximo miércoles 17 de febrero, desde las 17, en Tribunales, para decirle basta a la justicia patriarcal, y en cada tribunal del país, como forma de visibilizar el disciplinamiento institucional que suponen casos como el de Úrsula.

En paralelo, ayer el presidente Alberto Fernández anunció que se avanza en la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, como forma de dar respuesta a estos crímenes aberrantes.