María Ovando está condenada desde octubre de 2020 a 20 años de prisión por la justicia misionera. Fue acusada de haber facilitado a dos hombres el abuso de su hija menor y su nieta. Durante todo el proceso penal, no se encontraron pruebas para sostener la acusación y mucho menos la condena decidida por el Tribunal Oral Penal N° 1 del departamento de Eldorado.

La directora Nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti viajó hasta Misiones junto a la legisladora Ofelia Fernández para trabajar en el caso junto al equipo interdisciplinario y presentar un amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Allí se solicitó que María Ovando transite el proceso judicial en libertad y que se deje sin efecto la sentencia vigente.

«La historia de la acusación a María es un absurdo por donde se lo mire. Cuando mirás los fundamentos de la condena no hay pruebas de que ella entregara a la hija o a la nieta, no hay testigos donde dijeran que ese chico (uno de los acusados) era su concubino o que viviera en la casa, no hay testimonios donde diga que en la casa de María pasaran cosas raras», detalla Roxana Rivas, una de las abogadas de María Ovando. «Durante todo el tiempo que estas niñas vivieron con María la justicia de familia las controló siempre. Cada mes, la jueza de familia las llevaba, las mandaban al médico para que las examinaran porque tener esas niñas en la casa para María nunca fue desvinculado de la Justicia», explica.

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José Luis Fuentes, coordinador NEA de acceso a la justicia y Roxana Rivas, abogada defensora de María Ovando.

Un ensañamiento con la pobreza

En 2012 María fue absuelta por la Justicia misionera. Estaba acusada de haber dejado morir de desnutrición a su hija de tres años y estaba imputada por abandono de persona seguida de muerte. Después de dos años de cárcel fue absuelta porque se tuvo en cuenta la pobreza estructural en la que vivía. María había cargado en brazos a su niña con intenciones de llevarla hasta un centro de atención sanitaria, a cinco kilómetros de su casa, porque lloraba de dolor de estómago. Caminó varios kilómetros, pero la nena murió en el camino. En su declaración, contó que ninguno de los autos que pasaron quisieron detenerse para levantarla.

“Cuando esta situación de María queda expuesta, pone en la escena pública el grado de vulneración de sus derechos y la precariedad estructural en la que vivía. De alguna manera, pone en tela de juicio la pobreza estructural en Misiones, y la mirada punitiva del poder judicial que nunca se preocupó por ella, la falta de perspectiva de género, y hasta te podría decir de aporofobia”, dice José Luis Fuentes, coordinador del NEA del Centro de Acceso de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Esa primera detención originó en 2014 una denuncia civil por parte de María al Estado Misionero y a actores del poder judicial. “Hacemos esta demanda al estado, a la jueza y al fiscal porque siempre por los errores de estos sujetos no pagan ellos, paga el Estado. Esa denuncia que entra en 2014 y cita en febrero a las partes desata toda esta persecución. En febrero se notifica al Estado, al juez y al fiscal y a los pocos días, en marzo a María le sacan las hijas por otras cuestiones. En ese contexto se realiza la denuncia penal, y así acusan a María”, expresa Rivas. “Estos cinco años fueron moviéndose en forma paralela lo civil con lo penal. Cada vez que obteníamos una medida en la causa civil ellos activaban en lo penal. Por ejemplo, cuando el expediente está en condiciones de abrirse a pruebas, ellos fijan fecha de debates; cuando avanzamos con las pruebas ellos terminan condenando. Por eso leemos esto en términos políticos y de persecución”, afirma.

“También alegamos esta persecución, que tiene que ver con la falta de perspectiva de género, con los prejuicios sobre María. Siempre se la vio como un monstruo y así se la trató en la justicia. Pero María no es la única que sufre este sistema perverso de justicia, porque si entrás a la cárcel de Misiones el 80% de las mujeres están presas por delitos similares a los que se les imputa a María. Si sus hijos son abusados, ellas automáticamente son consideradas cómplices, y terminan encerradas. A veces ni siquiera encuentran a los abusadores, pero sí a la mamá la encierran”.

A la espera de una decisión favorable

Para Fuentes, el Tribunal Supremo de Justicia de Misiones debería revocar la pena a María. “Hay elementos diversos del derecho que muestran que María debe ser absuelta. Tenemos esas expectativas y esperamos para en el caso contrario buscar otras salidas”.

La falta de perspectiva de género, una vez más, es el eje del caso de María. “La falta de perspectiva de género es un elemento común a todos los poderes judiciales. Acá lo que sucedió es que, para condenar a María a esos 20 años tuvieron que condenarla socialmente”. «

El rechazo de la justicia

La defensa solicitó en dos ocasiones la excarcelación de María sosteniendo su inocencia y asegurando que no existen razones que justifiquen una prisión preventiva. Ambos pedidos fueron rechazados. En febrero de 2021 el juez César Jiménez acogió de manera favorable un hábeas corpus presentado por Nora Cortiñas, y ordenó la inmediata libertad de Ovando. Esta decisión fue revocada por la Cámara de Apelaciones, que ordenó una nueva detención.

La defensa presentó dos nuevos hábeas corpus que fueron rechazados.