Pasó un año y tres meses. En el medio, el confinamiento producto de la pandemia. Las familias de la Escuela N°4 Álvarez Thomas habían comenzado un plan de contingencia para que los estudiantes no se quedaran sin computadoras luego de la interrupción intempestiva del Plan Sarmiento que dejó a miles de alumnos sin dispositivos para poder estudiar en sus casas. Habían entregado varias «compus» que consiguieron por sus propios medios; tenían en mente aprovechar el confinamiento para diagramar las obras de un gimnasio para la escuela, al tiempo que continuaban entregando viandas para la comunidad educativa con mercadería comprada por la cooperadora y elaborada en su propio comedor. Una vez retornada la presencialidad, quedaron paralizados los cursos y talleres artísticos, las obras, y los proyectos que tenían en mente.

En septiembre del año pasado, sin mediar palabra, el gobierno porteño decidió intervenir la cooperadora y suspender cada uno de esos proyectos. Desde las familias, aseguran que la persecución de la ministra de Educación Soledad Acuña y del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a la cooperadora de esa escuela del barrio de Agronomía, comenzó a fines de 2017, cuando Acuña decidió el recorte del Plan Natación para los estudiantes, en la pileta que la cooperadora construyó con fondos propios a principios de los ‘70. En aquella ocasión, las familias se movilizaron y judicializaron la causa. Finalmente, la decisión de la ministra fue revertida por un fallo favorable a la cooperadora en primera instancia y más tarde ratificado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones. Como es costumbre de las autoridades porteñas, la funcionaria se negó a cumplir el fallo.

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Semanas después, Acuña decretó la intervención de la cooperadora. El argumento principal para llevar adelante esa medida fue que los honorarios pagados a una abogada por el litigio que mantenía con el Gobierno de la Ciudad, fueron abonados con dinero de la cooperadora. La intervención a cargo de la funcionaria Teresa Patronelli, que no ha dado un solo informe sobre lo actuado y nunca respondió los pedidos de reunión realizados por las madres y padres, este viernes llega a su fin.

“Luego de 15 nefastos meses de una injusta y arbitraria intervención, este viernes se termina y las familias podemos recuperar el espacio que nos corresponde en la escuela que es nuestra cooperadora”, destaca a Tiempo Paula Insaurralde, integrante de la cooperadora del Álvarez Thomas. “Esta intervención fue la respuesta política del Gobierno de la Ciudad al juicio que la comunidad le ganó por el uso de la pileta. Estamos felices por recuperar la cooperadora y el tiempo perdido. Fueron 15 meses de no hacer nada bueno por la escuela, 15 meses de no tener ni un libro nuevo, ni material didáctico, ni actividades con las y los chicos; 15 meses de violencia hacia la comunidad educativa, que no se asistió ni se ayudó a ninguna familia que necesitara recursos o acompañamiento para poder mandar a sus hijos a la escuela”, desarrolla Insaurralde.

Desde la cooperadora aseguran que uno de los objetivos principales del gobierno porteño fue desorganizar a la comunidad educativa del Álvarez Thomas y desarticular la «coope», que es considerada un ejemplo por el resto de las escuelas que intentan organizarse en torno a su forma de trabajo. “Durante estos 15 meses las familias cuidamos minuciosamente con muchas dificultades e impedimentos nuestro comedor, uno de los pocos autogestionados que hay en las escuelas porteñas. Claramente la intención del gobierno era meter a sus proveedores y negocios amigos dentro del establecimiento”, remata Paula.

Si bien para las familias de la escuela la intervención fue interminable, cabe destacar que este tipo de vericuetos suelen extenderse mucho más en el tiempo. Si duró sólo 15 meses fue por el reclamo constante de las y los integrantes de la cooperadora que contaban con todo el apoyo de las familias de la escuela. La reunión asamblearia se realizará este viernes 17 de diciembre a las 8:45 en la escuela ubicada en la calle Terrada 3983 y contará con la presencia de la comunidad para acompañar la elección de las madres y padres que retomarán, nuevamente, la conducción de la cooperadora escolar.

“Volvemos con mucha expectativa luego de soportar esta intervención fraudulenta, violenta y sin argumentos. No pudieron demostrar nada de lo que dijeron ni han presentado un informe. Una vez que retomemos el control vamos a ver con qué nos vamos a encontrar después de la gestión que realizó el gobierno porteño”, explica a Tiempo Yamila Mathon, integrante de la cooperadora. “Toda esta situación no ha hecho otra cosa que fortalecernos, cuando la intención de Acuña era partir a esta comunidad. Ahora es momento de seguir con nuestro comedor autogestionado, con recuperar los fondos que siguen en el Banco Ciudad que lo conseguimos con el aporte de las familias, queremos construir finalmente el gimnasio y por supuesto hacer uso de nuestra pileta”, agrega Mathon.

Historia y organización de las familias

La organización de la cooperadora del Álvarez Thomas provoca la admiración de quienes conforman movimientos sociales u organizaciones no gubernamentales. La asociación cooperadora posee una pileta, que construyó con fondos propios a principios de los ’70; autogestiona un comedor para casi un millar de alumnos y alumnas de nivel inicial y primaria; y dicta actividades extracurriculares: taller de radio, de fotografía profesional, taekwondo, teatro, básquet, fútbol, etc. Cuenta con un fondo común de inversión de 24,5 millones de pesos, dinero que usa como garantía para sus trabajadores y trabajadoras, y que iba a ser destinado a la construcción de un gimnasio propio. Durante la pandemia, entregó decenas de computadoras a estudiantes de su comunidad, donadas por terceros.

Desfinanciamiento de las cooperadoras en pandemia

El Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) es un aporte económico que el gobierno porteño transfiere a las cooperadoras escolares de las escuelas públicas de gestión estatal.

En mayo de este año, la cartera que conduce Acuña, publicó la resolución 2021-114-GCABA-SSGEFYAR, que era un refuerzo económico extra, bajo el título: “Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia Sanitaria”. De acuerdo a lo informado, la Ciudad iba a invertir alrededor de 120 millones de pesos distribuidos a cada cooperadora En la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 840 escuelas públicas que cuentan con una cooperadora escolar, y, de acuerdo a lo comunicado por el ejecutivo porteño, el reparto de dinero fue con montos que iban de 200 a 330 pesos por cada estudiante y por única vez en el año. Más preciso: para una escuela con mil estudiantes que recibió 330 pesos por cada alumno por única vez, el Gobierno porteño invirtió apenas $1,83 por día por cada estudiante para la adquisición de insumos contra el Covid.